Por Paola Ramos y Kay Guerrero — NBC News
Seis semanas después de que una joven salvadoreña solicitante de asilo cruzara a Estados Unidos desde México, se dio cuenta de que estaba embarazada a consecuencia de una violación.
La mujer -que, al igual que las demás entrevistadas para esta nota, no se identifica por motivos de seguridad- dijo que fue agredida sexualmente por el cártel mexicano que la mantenía secuestrada en la peligrosa ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Una vez en Texas y sin poder abortar, se encontró atrapada entre el sistema de inmigración estadounidense y la prohibición del aborto en el estado.
No es la única. Forma parte del alarmante número de inmigrantes que entran en Estados Unidos con embarazos no deseados. También es víctima de un inquietante patrón de violencia que está surgiendo en el lado mexicano de la frontera, donde los cárteles secuestran sistemáticamente y cobran rescates a los migrantes que se dirigen al norte. Los que no pueden pagar con dinero lo hacen con sus cuerpos.
Sin saber inglés y abrumada por el complejo escenario jurídico en torno a los derechos reproductivos, la migrante recurrió a foros en línea para encontrar información sobre cómo acceder a píldoras abortivas. Así supo que necesitaba una dosis de mifepristona y misoprostol, el régimen aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la interrupción médica del embarazo, y prohibido en 14 estados republicanos, entre ellos Texas, desde que la Corte Suprema anuló en 2022 Roe contra Wade.
Temerosa de lo que pudiera ocurrirle en Texas, viajó a un estado cercano para someterse a un aborto farmacológico autogestionado. “Me sentía avergonzada de mí misma. Era como si mi cabeza me dijera que todo el mundo lo sabía, pero en realidad, nadie sabía nada”, contó la mujer.
“Esto es lo que te pasa por no pagar el rescate”
“Más de 20 personas empezaron a violarme. Me dijeron: ‘Esto es lo que te pasa por no pagar rescate y para que recuerdes que el territorio mexicano se respeta’”, relató a NBC News una mujer solicitante de asilo procedente de Guatemala.
De octubre a diciembre de 2023, Médicos Sin Fronteras, una de las pocas organizaciones sobre el terreno, registró un aumento del 70% de las consultas por violencia sexual en las ciudades fronterizas mexicanas de Reynosa y Matamoros en comparación con los tres meses anteriores. En los dos primeros de 2024, ya ha registrado casi 70 casos de violencia sexual contra migrantes en la misma zona.
La solicitante de asilo guatemalteca es una de ellas. La mujer dijo que el año pasado se vio obligada a abandonar Guatemala con su marido y sus dos hijas pequeñas tras recibir amenazas de muerte de la misma banda que mató a casi la mitad de su familia. Su viaje hacia el norte se encontró con una violencia inimaginable después de que el cártel del Golfo, uno de los grupos de delincuencia organizada más mortíferos de México, interceptara el autobús en el que ella y su familia viajaban de la ciudad mexicana de Monterrey a Reynosa. El autobús iba lleno de migrantes que se dirigían a la frontera.
“Un camión blanco se detuvo delante de nosotros y unos hombres vestidos de negro subieron al autobús y empezaron a decir: ‘Somos del [cártel] del Golfo’. Mi marido me miró y me dijo: ‘Nos van a matar”, relató.
El cártel del Golfo se fundó en Tamaulipas en la década de 1980. La organización cuenta con distintas facciones armadas que controlan las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, y es una de las organizaciones de traficantes dominantes que se dedican al contrabando marítimo hacia el sur de Texas.
En los últimos años, el aumento de la inmigración irregular ha ofrecido al cártel del Golfo otra lucrativa oportunidad: Está secuestrando a inmigrantes para pedir rescate y utilizando la violencia sexual como una forma más de extorsión.
“Me desnudaron delante de mi marido y empezaron a pegarme porque les dije que no tenía dinero. “‘Entonces nos pagarás con tu cuerpo”, le dijo el cártel, relató la mujer. NBC News no pudo corroborar su testimonio, pero otros tres migrantes entrevistados para este artículo describieron experiencias casi idénticas.
A lo largo de los años, los grupos de delincuencia organizada han aprovechado los largos periodos de espera a los que se ven sometidos los migrantes en el lado mexicano de la frontera, los cuales son el resultado de políticas como el Título 42 del expresidente Donald Trump, la ley de la era de la pandemia que permitió al Gobierno rechazar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, en la frontera, así como el programa Quédate en México y, más recientemente, el proceso con el app CBP One del presidente, Joe Biden. Estas políticas han obligado a los migrantes a esperar en algunas de las ciudades más peligrosas de México a sus citas con inmigración, lo que puede llevar meses.
Jennifer Harbury, activista y abogada que lleva más de 40 años defendiendo los derechos humanos en Latinoamérica y Centroamérica, denunció las recientes políticas.
“Son madres con niños pequeños, jóvenes que se han negado a convertirse en narcotraficantes, ancianos que han sido expulsados de sus hogares”, explicó. “Han pasado por un infierno en la Tierra, y están muriendo porque nosotros [Estados Unidos] seguimos haciéndoles retroceder. Estamos matando refugiados”, agregó.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteriza (CBP, en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios. Según la agencia, el “uso de la aplicación CBP One para programar citas en los puertos de entrada terrestres ha aumentado la capacidad de la CBP para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, al tiempo que elimina a los contrabandistas sin escrúpulos que ponen en peligro y se benefician de los migrantes vulnerables”.
Algunos migrantes no están de acuerdo. “Ahora mismo, mucha gente sube a los autobuses y pregunta [a los pasajeros] si van a sus citas”, indicó una joven mexicana que decidió emigrar a Estados Unidos debido a la escalada de violencia de las facciones de los cárteles que operan en su región.
Ella ha visto cómo los cárteles se aprovechan sistemáticamente de la situación: “Algunas personas dicen que sí y las bajan del autobús, les registran las maletas y las despojan de todo su dinero. También los golpean para que los captores puedan enviar un video a sus familiares y demostrar que están realmente secuestrados. Con estas citas, todo se descontrola”.
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El deseo de ayudar superó al miedo
La política del aborto en Estados Unidos está afectando a migrantes que han sido víctimas de agresiones sexuales en su camino hacia la frontera, como la salvadoreña solicitante de asilo que se enfrentó a la prohibición del aborto en Texas.
Semanas después de someterse a su propio aborto farmacológico autogestionado, se encontró con una oportunidad inesperada en Texas: Encontró cinco dosis de misoprostol, una de las píldoras abortivas que utilizó en su día. Sabía que podían sancionarla por distribuir las pastillas, pero decidió saltarse la ley del estado y ayudar a otras mujeres que pasaran por situaciones similares.
“Tengo dos opciones: Perjudico mi historial o ayudo. Dije: ‘Prefiero ayudar, y que pase lo que tenga que pasar’”. Dio su última dosis a una migrante recién llegada a Texas que también se enteró de que estaba embarazada después de entrar en EE.UU. “Me dijo: ‘Acabo de llegar y estoy embarazada. Necesito las pastillas’. Le dije: ‘Muy bien, voy a dejárselas’”.
Al hacerlo, la migrante salvadoreña no sólo infringió la ley del estado, sino que también arriesgó su propio estatus migratorio en un estado que está intentando imponer sanciones a los migrantes.
Sin embargo, el deseo de ayudar pudo más que el miedo. La llevó a echar una mano a un grupo de personas atrapadas en la peligrosa superposición de las políticas de inmigración y aborto de Estados Unidos, una zona gris que los migrantes pueden no comprender cuando se dirigen al norte, hacia el llamado sueño americano.
