La brutal represión de la administración de Biden contra los inmigrantes indocumentados ha resultado en decenas de miles de solicitantes de asilo que languidecen en áreas de retención al aire libre en la región fronteriza entre el sur de California y México, mientras esperan ser arrestados y llevados a centros de detención.
Los lugares de retención, que son esencialmente campamentos al aire libre, no poseen sistemas de alcantarillado, agua corriente ni suministros básicos de ninguna clase. Los centros de detención de inmigrantes están por sí mismos al límite de su capacidad, ya que las solicitudes de asilo, cuando no son negadas inmediatamente, a menudo tardan una eternidad en procesarse, si es que lo hacen.
Según un artículo reciente en el New York Times , las recientes fuertes lluvias han llevado a los solicitantes de asilo a buscar refugio en contenedores de basura y baños portátiles desbordados. Los voluntarios que visitan a los migrantes han registrado profundos cortes, fracturas, fiebres, diarrea, vómitos y convulsiones. Una voluntaria médica llamó a la situación “apocalíptica”.
Las fracturas y laceraciones son a menudo el resultado de intentos de escalar los muros fronterizos y pasar por alambre de concertina. El 2 de marzo se registró un evento masivo de víctimas en el muro fronterizo en la frontera entre EE.UU. y México en San Diego, California, cuando 10 personas cayeron desde la cima del muro de 30 pies de altura. Además, las largas travesías a través de los desiertos a ambos lados de la frontera a menudo resultan en deshidratación severa y enfermedades asociadas.
“Desde un punto de vista de salud pública, hay enfermedades contagiosas y exposiciones al aire libre que tumbarían a cualquiera, y mucho menos a esta población médicamente vulnerable”, dijo la Dra. Theresa Cheng, una médica de urgencias radicada en San Francisco que presta servicios en la zona fronteriza, al Times .
Los jóvenes migrantes e incluso los bebés son particularmente susceptibles a las enfermedades y la desnutrición, con voluntarios que informan sobre migrantes que comen hojas después de tratar de sobrevivir durante cinco días o más sin comida. Se informó también que las madres han dejado de producir leche materna para sus bebés debido al trauma, sin que los oficiales de la patrulla fronteriza proporcionaran fórmula como sustituto.
El viernes pasado, un juez del Tribunal de Distrito Federal de California cuestionó la afirmación de la administración de Biden de que no tiene responsabilidad en la vivienda y alimentación de los niños migrantes en dos de los campamentos en la valla fronteriza de San Diego y en otra región montañosa remota al este de la ciudad.
El desafío legal presentado ante el tribunal por grupos de derechos de los inmigrantes sostiene que, dado que los niños están bajo la custodia del gobierno, deben tener acceso a baños, comida, agua potable y atención médica de emergencia según lo estipulado en una decisión de 1997 conocida como acuerdo de Flores. El acuerdo también especifica que los niños migrantes deben ser entregados en un plazo de 72 horas al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que a su vez libera a los menores a familias en los Estados Unidos mientras un juez considera el asilo.
El argumento de los abogados de la administración y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. es que los migrantes no están oficialmente bajo custodia de EE.UU. mientras están fuera de un centro de detención oficial y, por lo tanto, no tienen derecho a recibir alimentos y atención médica. “Los menores en estas áreas, cerca de la frontera entre California y México, no han sido arrestados o aprehendidos por la C.B.P. y no están bajo la custodia de la C.B.P”.
Cuando la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Dolly Gee, desafió las afirmaciones de custodia del Departamento de Justicia (DOJ) preguntando si los migrantes eran “libres de irse” de la zona, la abogada del DOJ, Fizza Batool, respondió: “Siempre y cuando no procedan más hacia el interior de Estados Unidos”.
Gee no emitió un fallo después de la audiencia de media hora del viernes.
En sus argumentos, el DOJ de Biden está efectivamente reclamando que los migrantes no tienen ningún derecho legal al asilo en absoluto, un acto que claramente contraviene el derecho internacional. Según su lógica, los migrantes no tienen otros derechos más que el “derecho” de regresar a sus países de origen donde enfrentan violencia continua, represión y pobreza insostenible. Como tal, no hay nada accidental en la falta de alimentos, agua, refugio y atención médica en los campamentos.
Condiciones tan horribles, por lo terribles que son, son solo un anticipo de lo que la élite gobernante de EE.UU. de ambos partidos está planeando activamente.
La campaña presidencial de 2024 de Donald Trump se apoya en gran medida en la culpabilización y victimización de los inmigrantes. Reviviendo las tradiciones del fascismo de principios del siglo XX, Trump, en un mitin de marzo para el candidato al Senado por Ohio Bernie Moreno, dijo que los migrantes eran “animales”.
“No sé si puedes llamarlos ‘personas’, en algunos casos”, dijo Trump. “En mi opinión, no son personas”.
El expresidente también ha afirmado que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de América y ha prometido realizar deportaciones masivas de inmigrantes al asumir la presidencia. El asesor de Trump y redactor de discursos Stephen Miller prometió recientemente que la administración comenzaría a deportar al menos a 10 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente residen en los Estados Unidos al reclutar a soldados de la Guardia Nacional de estados con gobernadores republicanos.
Miller también prometió que una administración entrante de Trump deportaría a los inmigrantes en el país ilegalmente si se sospecha que participan en un discurso político inaceptable, como apoyar la causa del pueblo palestino.
Por su parte, la administración de Biden está avanzando al unísono con la antigua, y prometida futura, persecución de inmigrantes de la administración Trump. El mes pasado, Biden hizo un llamado directamente a Trump, a pesar de que éste último ya no ocupa un cargo político, para que se “uniera a mí” en la aprobación de un proyecto de ley que el actual presidente describe como la “ley de seguridad fronteriza más dura, eficiente y efectiva que este país ha visto”.
El proyecto de ley eliminaría esencialmente el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo en los EE.UU. y expandiría enormemente la construcción de instalaciones de detención de inmigrantes que, con la denegación del asilo, servirían efectivamente como campos de concentración de inmigrantes. También otorgaría al presidente una autoridad sin precedentes para cerrar los puertos de entrada.
El proyecto de ley tampoco proporciona un camino hacia la ciudadanía para los niños ni la oportunidad de obtener tarjetas de residencia.
De hecho, la administración de Biden, incluso sin el proyecto de ley, está llevando a cabo represiones masivas contra los inmigrantes junto con deportaciones masivas. Siguiendo los pasos de Trump y su predecesor Obama, quien obtuvo el apodo de “deportador en jefe”, la administración de Biden deportó a 142.000 inmigrantes en el año fiscal 2023, el doble que el año anterior.
La Corte Suprema también está a punto de escuchar una apelación de la administración de Biden que argumenta que tiene el poder de separar a las familias de estatus migratorio mixto.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 01 de abril de 2024)
