Por Philip Marcelo – The Associated Press
Una compañía que ofrece servicios a inmigrantes bajo detención federal deberá pagar más de 811 millones de dólares en multas y compensaciones tras una demanda que alegó que utilizó tácticas engañosas y abusivas.
Nexus Services deberá pagar cerca de 231 millones de dólares en compensaciones, y multas por 13.8 millones a Nueva York, 7.1 millones a Virginia, y 3.4 millones a Massachusetts, según un dictamen presentado ante una corte federal del Distrito Occidental de Virginia en Harrisonburg. La empresa, con sede en Virginia, su filial Libre by Nexus, y tres de sus ejecutivos también deberán pagar cada uno más de 111 millones de dólares en sanciones civiles.
“Esta decisión es una victoria para miles de familias inmigrantes que perdieron los ahorros de toda su vida y fueron el objetivo de las prácticas predadoras de Libre”, dijo en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Libre explotó a inmigrantes vulnerables y a sus familias para llenarse los bolsillos, y eso es ilegal e inconcebible”, agregó.
James se unió a los fiscales generales de Virginia y Massachusetts, así como a la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor, en una demanda de 2021 que acusó a la empresa de violar las leyes estatales y federales de protección al consumidor.
Denunciaron que la compañía prometió asegurar la liberación de los inmigrantes bajo fianza mientras se procesaban sus reclamos de inmigración, pero ocultó y tergiversó la verdadera naturaleza y los costos de sus servicios. Añadieron que la compañía cobró miles de dólares en honorarios por encima del valor nominal de los bonos y obligó a los inmigrantes a usar dolorosos monitores en los tobillos.
La jueza de distrito Elizabeth Dillon señaló en su decisión que la compañía no es un agente de fianzas autorizado ni una compañía de fianzas certificada por el Tesoro, sino un “proveedor de servicios que actúa como intermediario entre los inmigrantes detenidos, sus fiadores y sus agentes de fianzas”.
La compañía indicó en un comunicado que tiene la intención de apelar la sentencia, calificándola de “una desviación impactante de la jurisprudencia estadounidense normal”, ya que se decidió “sin pruebas, sin juicio y sin una audiencia de indemnización por daños y perjuicios”.
“Seguimos comprometidos a servir a nuestros clientes: personas que sufren y se sacrifican por una vida mejor y que no merecen ser peones políticos en una legislatura o una corte”, añadió la empresa.
