Se cumple el primer año de la aprobación de la ley de Bienestar Animal. A pesar de ello, en estos seis meses que lleva en vigor, apenas se ha podido aplicar porque sigue pendiente de desarrollo normativo. Por el camino, ha habido elecciones generales y la destitución del anterior secretario de Derechos de los Animales, el polémico Sergio García Torres, para dar paso a la era de José Ramón Becerra.
Con motivo de este aniversario, el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, ha comentado en Libertad Digital los aspectos que más le preocupan de la ley animalista, entre ellos, la falta de veterinarios municipales.
¿Se está cumpliendo la ley de Bienestar Animal?
Desde que entró en vigor, ha habido un cambio de Gobierno, ha cambiado también la Dirección General de Derechos de los Animales que elaboró la propia ley y todavía está pendiente el desarrollo reglamentario. Por lo tanto, ahora mismo está en un periodo de impasse.
¿Cuándo sabremos cómo queda el tema del curso y el seguro obligatorio para dueños de perros?
La dirección general tenía la intención de aprobar en los próximos meses dos reales decretos y tres órdenes, aunque finalmente parece que lo van a incluir todo en un real decreto. Todavía no conocemos los términos de ese reglamento, pero estamos en contacto con Derechos de los Animales y la semana pasada firmamos un convenio de colaboración. En este sentido, siempre hemos tendido la mano a este ministerio y esperamos que todo vaya de manera acertada.
¿El Gobierno les hace ahora más caso que antes?
Nosotros siempre insistimos desde el primer momento en que esta ley es muy necesaria, pero tiene que estar lógica y claramente basada en la ciencia. Aunque existen muchas maneras de entender el bienestar animal, nosotros insistimos mucho en que los veterinarios son los que saben de todo esto a nivel profesional y por eso quisimos que nos tuvieran en cuenta. Es verdad que al principio no nos escucharon, pero luego, no sé si dándose cuenta o no, hubo un quiebro y empezamos a tener contacto con el anterior director general (Sergio García Torres) y también con el nuevo (José Ramón Becerra).
¿Qué aspectos de la ley están tratando con la Dirección General de cara a su desarrollo reglamentario?
Uno de los que hemos expuesto y que todavía está pendiente de regulación es la eutanasia de las mascotas. El facultativo veterinario es quien tiene competencias y conocimientos para determinar si una eutanasia está justificada o no. Dejar a un animal sin tratar porque su enfermedad sea recuperable, tal y como dice la ley, es muy duro si nadie se hace cargo del coste económico (nota: la ley de Bienestar Animal prohíbe la eutanasia de mascotas tratables por motivos económicos). En esa circunstancia, el veterinario podría negarse a practicar una eutanasia porque sería ilegal pero tampoco se puede condenar a un animal a no tratarle una patología grave recuperable con la que perderá toda la calidad de vida. Estas cosas hay que aclararlas muy bien para que el profesional al menos trabaje siendo consciente de lo que puede y no puede hacer.
Otro de los temas que más preocupa a los ayuntamientos la obligación de contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de los animales extraviados y abandonados disponible las veinticuatro horas del día. ¿Se está cumpliendo?
Tenemos que tener en cuenta que en España hay más de 8.000 municipios y hay menos de 300 veterinarios municipales. ¿Qué van a hacer los municipios? ¿Van a contratar un veterinario? Pues, en base a esta ley, lo tenemos que exigir y se lo hemos dicho a la Federación de Municipios. Y habrá que poner una solución porque no se puede condenar a un ayuntamiento de 300 habitantes a que tenga los servicios de un veterinario las 24 horas porque no lo van poder asumir.
La ley da la opción a los ayuntamientos de suscribir convenios de colaboración. ¿Es suficiente?
Si el problema que nos encontramos en este país es que tenemos 8.000 municipios y también tenemos 17 comunidades autónomas. Once son de un color y el resto de otro. Ya veremos qué tipo de colaboración va a haber entre unos y otros. Lo que no queremos es que al final lo paguen los animales o los más desfavorecidos. Eso no lo debemos consentir y denunciaremos todas las irregularidades que se produzcan, pero lo que hay que tratar es de que no se produzcan.
Al final es un problema de dinero…
Hacer una ley como esta es complicado y sobre todo cuando no está dotada absolutamente de ningún tipo de presupuesto. Es un tema complejo que hay que dejar definido perfectamente porque estamos hablando de la salud de estos animales, que al final, no nos olvidemos, es el cimiento de la salud humana. Y, ahora que hemos salido de una pandemia, deberíamos tenerlo en cuenta. Pero claro, nos encontramos que, aquí en España, la sanidad de los animales de compañía está grabada con un 21% de IVA. Yo no sé si es que parece un artículo de lujo, pero cuando vacunamos a un perro de la rabia es para que las personas no enfermen. Nos parece un agravio comparativo y no es una buena política de prevención.
Teniendo en cuenta que la ley salió adelante con todas estas lagunas e imprecisiones, ¿cree usted que el Gobierno se precipitó?
Clarísimamente. Hubo que sacar la ley a empujones después de una legislatura de cuatro años y salió en el último momento para justificar el presupuesto de una secretaría que no existía. Se hizo esa ley, que queda muy bien, pero que puede tener unas consecuencias que ya advertimos y lo seguimos diciendo. La ley actual puede ser de imposible cumplimiento. Y si se quiere exigir tal y como está, tardará muchísimos años en establecerse. Lo ideal es empezar bien, con una información didáctica a la población y no ser viscerales. Porque los animalistas dicen que aman a los animales, pero los veterinarios somos los que vivimos de los animales. Habrá que preguntar a los veterinarios y hacerles caso alguna vez.
