(CNN) — 59 asambleístas respaldaron este jueves con sus firmas la solicitud de juicio político en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por una supuesta participación en el delito de concusión dentro de una presunta “estructura de corrupción” dentro del Gobierno, que la Fiscalía General investiga desde enero.
El pedido de juicio político que promueve el movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES) recibió el apoyo de representantes de otras bancadas políticas como el Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID) y Pachacutik (PK), fue entregado a la Secretaría de la Asamblea. Posteriormente el Consejo de Administración Legislativa (CAL) convocó para este viernes a una sesión para revisar si la solicitud cumple con los requisitos y formalidades que exige la ley y determinar si puede continuar el trámite. Se requieren al menos 46 firmas para la presentación de un pedido formal y el inicio de un proceso por la vía regular.
“El presidente de la República tiene responsabilidad política por el cometimiento del delito de concusión en los términos propios de un juicio político”, precisa el documento firmado por los asambleístas.
Los legisladores piden la censura y destitución de Lasso por presuntamente obtener beneficios propios y de terceros en el “Caso Encuentro” relacionado a una trama de corrupción que la Fiscalía indaga en al menos cuatro empresas estatales. La investigación incluye presuntos vínculos entre funcionarios, exfuncionarios y personas particulares en la concesión de cargos y contratos con empresas de forma irregular.
El presidente Guillermo Lasso ha negado en varias ocasiones las acusaciones, ha enfatizado que en su Gobierno no existe un entramado de corrupción y ha insistido en que hay instituciones del Estado preocupadas por “tumbar al Gobierno”.
Luego de que los asambleístas oficializaron el pedido de juicio político este jueves, el Gobierno de Lasso reaccionó a través de un comunicado en el que rechaza “de forma categórica” su solicitud. Según el Poder Ejecutivo, el pedido no es un acto de fiscalización, sino un intento de desestabilización.
“Dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma”, puntualiza la solicitud.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará este viernes en la noche si el pedido cumple los requisitos y si es así, enviará la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad y determinará si procede o no el juicio.
Si la Corte emite un dictamen en contra, la intención de los legisladores queda archivada. Pero si admite el enjuiciamiento, el presidente de la Asamblea debe ponerlo nuevamente en consideración del CAL que a su vez enviará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para su trámite. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o no el juicio político.
Si la comisión sugiere el juicio político el informe pasa al plenario para el enjuiciamiento político del presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser interpelado.
Si los legisladores deciden votar por su censura y destitución, necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
