Que todo el mundo dependa del Estado, que solo pueda hablar el Estado, que el Estado lo controle todo… ese parece ser el objetivo de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Este 16 de enero, el Ministerio del Interior publicó en el diario oficial La Gaceta la ilegalización (técnicamente, la “cancelación de personalidad jurídica”), de 16 ONGs, de las que 10 son instituciones católicas y evangélicas. La firma la puso la ministra de Interior María Amelia Coronel Kinloch.
De este grupo, 9 organizaciones fueron disueltas por orden del gobierno y sus bienes (como es común en la tradición comunista) serán expropiados, es decir, se los quedará el Estado, mientras que las otras 7, según el texto, solicitaron la cancelación “de forma voluntaria”.
En el primer grupo están la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, la Asociación Misioneros de la Compañía de María (Misioneros Monfortianos), la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración y la Asociación Misiones Trasmundiales de Nicaragua.
El Ministerio de Interior asegura que estas instituciones son culpables de no haber informado de sus estados financieros.
En el segundo grupo, del cual no se precisa el destino de sus bienes, están la Asociación Fraternidad de Vida Evangélica de Misioneros de la Cruz, la Asociación Ministerio Matrimonios sobre la Roca (MMSR), la Asociación Iglesia el Tabernáculo de David (AIETDD) y la Asociación Iglesia Pentecostal El Redentor.
Según publica L’Osservatore Romano y Vatican News en español, más de 3.500 ONG han sido canceladas por la dictadura de Nicaragua desde 2018, cuando comenzaron las protestas contra el régimen por la reforma de la seguridad social.
