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Acerca de la ley, no de la política del miedo

Autor: El Diario

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

jueves, 15 octubre 2020 | 06:00

San Diego— Si se trata de nominaciones judiciales, éste es un curso actualizado.

Civismo 101 dice que el presidente, sin importar a cuál partido pertenezca, puede escoger a los jueces federales, incluyendo a los de la Suprema Corte.

Política 101 dice que el partido que no obtenga la presidencia y por lo tanto no pueda escoger, pueden quejarse por la selección.

Y la Constitución 101 les da a los senadores el poder de advertir y consentir, pero no anteponerse a la selección del presidente e instalar a su propio elegido.

Todo esto está en juego en las audiencias de confirmación de la nominada a la Suprema Corte Amy Coney Barrett, a quien los demócratas se están preparando para atacar tanto profesional como personalmente.

El partido de John F. Kennedy, un demócrata de Massachusetts que se convirtió en el único presidente católico del país después superar un prejuicioso ataque contra su fe durante su campaña de 1960, parece que se asustó de su Plan A y de una prueba religiosa que puede fallar cualquiera que tome en serio la religión.

Barrett fue sujeta a esa prueba cuando fue confirmada a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en el 2017.

El Plan B sugiere que si Barrett logra llegar a la Suprema Corte, va a formar parte de una mayoría conservadora y va a renovar la política pública para perseguir una agenda radical de derecha.

¿Quieren seguir manteniendo el Decreto de Atención Asequible? Los demócratas dicen que para lograr eso, Barrett debe ser derrotada.

Mientras que el Plan A ataca la fe de Barrett y es específico contra ella, el Plan B podría aplicar a cualquier nominado conservador que apoye el presidente Donald Trump.

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El tratar de pronosticar cuál juez federal que sea designado de por vida va a poder hacer eso,  es un ejercicio inútil.  De hecho, la única razón por la que el Decreto de Atención Médica Asequible sigue vigente se debe al presidente magistrado John Roberts quien votó para ratificar la ley de atención médica en un caso hace unos años, ante el disgusto de los conservadores que están en contra del Obamacare.

Así que, esta nueva línea de ataque de los demócratas no sólo es inapropiado, sino que también es ilógico.

En su declaración inicial, Barrett trató de tranquilizar a sus críticos. “Las cortes tienen la responsabilidad vital de reforzar el imperio de la ley, que es crucial para una sociedad libre”, dijo. “Sin embargo, las cortes no están diseñadas para solucionar cada problema ni para corregir todo lo erróneo que hay en nuestra vida pública.  Las decisiones políticas y los juicios de valor del gobierno deben ser hechos por los políticos electos y deben ser responsables ante la gente”.

Desde cierta perspectiva, recordemos un par de dramas anteriores sobre unas nominaciones judiciales que se llevaron a cabo para ocupar puestos en cortes federales de menor jerarquía.

Esos espectáculos son usualmente acerca del temor, de perder el poder, de ver que las cortes sean demasiado extremas, de anular un precedente legal.

Desde mi opinión como periodista latino, la minoría más grande de Estados Unidos conoce el miedo. Tenemos que combatir el temor que ha sido impulsado por personas como Trump, quien quiere que uno crea que los mexicanos son violadores, criminales y narcotraficantes.  Los latinos tenemos que dejar a un lado el miedo y buscar un trabajo, cambiar nuestros vecindarios, acudir a la escuela, a los hospitales, erosionar la identidad nacional y ahogar el idioma inglés.

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Como latinos, el conocernos es temernos. Así que, que en los últimos 20 años los latinos hemos atestiguado ataques motivados por el miedo contra nominados latinos altamente calificados para las cortes federales por los senadores del partido opositor, ataques de ambos lados.

Los nominados fueron el abogado méxicoamericano Enrique Moreno, quien fue nominado por el presidente Bill Clinton en 1999 para ocupar un puesto en el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, y un abogado hondureñoamericano de nombre Miguel Estrada, a quien nominó el presidente George W. Bush en el 2001 a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito Columbia.

Moreno y Estrada pertenecían a diferentes partidos. Sin embargo, ambos se graduaron de la Escuela de Derecho de la Universidad Harvard, y era personas muy respetadas en la comunidad legal. Ambos recibieron un abuso injusto de los senadores del partido opositor quienes erróneamente pensaron que ellos eran el presidente.  Al final, ambas nominaciones fueron retiradas.

Esto es lo que pasa con los jueces federales, incluyendo a los de la Suprema Corte.  Los senadores escuchan al nominado, votan y corren el riesgo. Así es como preservamos la independencia del poder Judicial e impedimos que se convierta en otro brazo político del Gobierno.

¿Quieren elegir jueces federales? Entonces, ganen las elecciones presidenciales. El vencedor tiene todos los derechos, los vencidos deben guardar silencio.

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