El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, transmite su preocupación por la actual crisis de seguridad por la que atraviesa el país y cuya gestación la vivió muy de cerca cuando lideró el mayor gremio empresarial, entre 2020 y 2022. Sumergido en sus negocios, Sutil sigue también de cerca la actual coyuntura política y económica y dice que las medidas de largo plazo que se tomen a raíz del actual problema de la delincuencia y el crimen organizado deben ser fruto de un acuerdo que vaya más allá de los gobiernos de turno.
“La falta de acuerdos del pasado reflejan la crisis actual en materia de delincuencia y migración y que impiden avanzar en pactos económicos y políticos”, afirma el empresario en entrevista con Pulso.
¿Cuál es su evaluación sobre la actual crisis de seguridad por la que atraviesa el país?
–Es una situación gravísima y es múltiple. No sólo es lo delincuencial y el narcotráfico, sino que también hay inseguridad en una serie de materias, incluyendo la certeza jurídica, la capacidad de emprender, la capacidad de protegerse en el barrio o población… Hoy se está avanzando en mejores políticas públicas en materia de seguridad y se han aprobado muchos proyectos que han sido claves, pero todavía quedan por aprobar varios más.
Esto es fruto también de un rezago de las actuales autoridades, y estoy hablando de ministros que hoy están ejerciendo cargos, incluido el Presidente de la República, los que durante dos legislaturas negaron los severos problemas de seguridad y migración que el país estaba siendo objeto. Negaron todo avance en materia de seguridad. Más que una crítica, es un hecho real. Esto ha tenido como consecuencia que hoy tengamos problemas en materia de libertinaje de la migración ilegal y problemas de seguridad, con delitos que no conocíamos.
Si tomáramos decisiones más duras y enérgicas, y con legislación de buena calidad, se resolverían las cosas y la capacidad de disuasión sería mayor. En los países desarrollados, por ejemplo, la policía tiene capacidad de acción y de reducir con mucha fuerza la delincuencia y quienes se desbordan, aún más en materia de narcotráfico y terrorismo, pero acá todavía estamos discutiendo el uso de la fuerza.
¿Le está traspasando responsabilidad a las actuales autoridades en esta crisis de seguridad? ¿Qué medidas no se tomaron a tiempo?
-Ahí distingo con toda nitidez las dos almas de este gobierno. El Socialismo Democrático tiene credenciales suficientes para acreditar y defender los principios democráticos, pero otra cosa es el Frente Amplio a la izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Cuando se analizan las antiguas declaraciones de Camila Vallejo, Giorgio Jackson y del propio Presidente (Gabriel Boric) en casos como el del excabo Sebastián Zamora (caso Pío Nono), uno se da cuenta cómo ellos fueron avivando esta polarización.
Lo mismo ocurrió cuando un carabinero se defendió en Panguipulli del ataque de una persona que iba con dos machetes en las manos. Eso se manifestó también en el proceso ocurrido el 18 de octubre.
Le asigno a esto mucha responsabilidad porque algunos de ellos no permitieron ningún avance en materia de seguridad desde la época del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y del Presidente Piñera. Siendo algunos de ellos, en parte, responsables históricos del problema, hoy hay que mirar hacia adelante y hay que ocuparse de la enfermedad que Chile tiene.
Como decía también esto no es sólo un problema de seguridad o solo de delincuencia. La delincuencia nos está mostrando cuán mal estamos. Hay problemas de seguridad en nuestro futuro de desarrollo, porque tenemos problemas de confianza. Lo primero que tenemos que hacer es construir muchísima confianza y llegar a grandes acuerdos que resuelvan los problemas en términos pragmáticos y no ideológicos. Hay acciones que tienen que ejercerse con todo el espíritu y la fuerza de la ley y sin ningún complejo.
En lo económico hay confianzas y acuerdos que lograr también…
-Como empresarios, tampoco vemos muchas certezas; todo el tema de la permisología es un drama, no me da ninguna seguridad. En materia de permisos para obras, en cualquier municipio de Chile te puedes topar con una sorpresa de incerteza jurídica. Para hacer una presentación de una Declaración de Impacto Ambiental puedes caer en manos de personas extremas que te la nieguen. Lo sufrí en La Araucanía.
Se quiere tener certeza respecto a la situación futura del país, pero no la hay porque estamos en una discusión ideológica en materia de educación, de salud, en materia tributaria… Los países serios son los que tienen certezas y toman decisiones pragmáticas. Chile está tan enfermo que necesita de un gran y amplio acuerdo, más allá de llegar a un acuerdo parcial, para resolver el problema de las bandas criminales.
¿La crisis de delincuencia es el reflejo de la falta de acuerdos, entonces?
-La falta de acuerdos del pasado reflejan la crisis actual en materia de delincuencia y migración y que impiden avanzar en pactos económicos y políticos. Tenemos un desafío grandísimo en este país, que es volver a construir las confianzas y lograr acuerdos. Eso se logró hacer durante el retorno a la democracia, durante los 30 años, que hubo mucha gente que lo despreció.
La delincuencia común, el delito común, más el ingreso y el avance del narcotráfico, es como la irradiación de un dolor. Es básicamente algo que está mostrando que estamos sumamente mal y se refleja lamentablemente en actos violentísimos.
¿Qué tan compleja es la crisis de delincuencia para el mundo empresarial, además de la evidente alza de costos que significa destinar más recursos a seguridad? Hay un impacto evidente también en el crecimiento de la economía y la recuperación de la inversión…
-Es gravísimo, porque las empresas deben desarrollarse donde haya mejores condiciones que lo habiliten. Lo que está pasando hoy es que el mundo empresarial se tiene que estar vistiendo de su propia seguridad. Estamos gastando más de un punto del PIB en seguridad, es decir, más de US$ 3.000 millones. Cuando se hagan nuevas cifras, éstas nos van a revelar una cosa impresionante. Si tú quieres tener una operación en una industria y no tienes seguridad, simplemente estás en un riesgo. Eso mismo pasa en una compañía minera, en todo el tema de sabotajes productivos industriales, etcétera.
Si a eso le sumas que un ciudadano tiene inseguridad, por ejemplo, en cómo se va a educar sus hijos, porque no somos capaces de dar una buena gestión en educación… no somos capaces de dar una buena gestión en salud. Eso también genera una inseguridad social. Lo que debiéramos hacer es resolver los problemas en forma pragmática y correcta, y no ideológica.
El Presidente Boric dio a conocer una serie de medidas, entre las que se cuenta la construcción de una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana. ¿Qué le parecen las medidas anunciadas por el gobierno hasta ahora?
-Son todas medidas que pueden colaborar en parte con la solución de los problemas. Hoy tenemos algo más de 50 mil reclusos en Chile y de ellos algo más de 8.000 son extranjeros. Por qué no pensar en que los extranjeros puedan cumplir sus penas fuera del país, si hay un acuerdo. Los tratados internacionales lo permiten. A todos los chilenos nos cuesta casi $800 mil mensuales mantener un reo y es preferible darle un bono o beneficios de unos meses y que puedan cumplir su pena afuera de Chile, y así no tenemos que nosotros, como sociedad, hacernos cargo de ello. Puede ser un ahorro para Chile en el largo plazo y también se puede liberar capacidad carcelaria.
Las medidas que se tomen tienen que ser consensuadas y que sean más allá de un gobierno de turno. Los gobiernos en este país duran cuatro años, y es casi lo mismo que una golondrina, van y vuelven. Lo que hay que pensar es en formas que permitan políticas de Estado a largo plazo.
En el PS insisten en el apoyo militar para la crisis y el estado de sitio. ¿Está de acuerdo?
-En algunos casos, por supuesto que sí. El Estado tiene todo el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos del país, donde haya problemas. La izquierda de una vez por todas debe sacarse de la ecuación esto de que el Estado no puede actuar, de que las fuerzas de orden y seguridad no pueden actuar… si en todas partes del mundo civilizado lo hacen.
También tenemos que entender de que hay un sector de la sociedad, pequeño, que quizás no quiere avanzar porque a ellos les conviene el caos y la crisis. Mira las declaraciones respecto a lo que ocurrió en Villa Francia. ¿Cuáles fueron las declaraciones iniciales del Partido Comunista? Eso no genera seguridad, genera más confusión, inseguridad…
¿Cuál es la misión que hoy tiene la dirigencia empresarial frente a esta crisis de seguridad?
–La dirigencia empresarial tiene dos grandes responsabilidades. Tiene que alzar su voz y hacer ver esto, y tiene que colaborar y promover buenas políticas públicas para fortalecer la institucionalidad del país y así poder atacar todos estos flagelos. Si hoy todavía estamos parados en Chile es porque todavía tenemos una institucionalidad que lo permite. Eso es fundamental fortalecer.
Además, ese camino lo ha marcado la sociedad en su conjunto. El rechazo a la propuesta de Constitución del 4 de septiembre de 2022 fue un rechazo a un extremismo desbordado. Y el segundo rechazo a la última propuesta de Constitución en 2023… eso va mostrando que la sociedad chilena en su conjunto lo que quiere es un camino razonable de concordancia y pragmático que nos permita transitar hacia el futuro.
