El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a un evento de presentación del nuevo informe de la Comisión “Hagamos a América Saludable de Nuevo”, en la Sala Este de la Casa Blanca el 22 de mayo de 2025 en Washington, D. C.
Chip Somodevilla/Getty Images
La administración del presidente Donald Trump entregó esta semana a oficiales de deportación datos e información personal de millones de beneficiarios de Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, según reveló hoy Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés).
Un memorando y correos electrónicos obtenidos por AP demuestran que oficiales de Medicaid trataron sin éxito impedir la transferencia de la información citando preocupaciones éticas y legales.
Sin embargo, dos asesores del secretario de Salud federal Robert F. Kennedy Jr. ordenaron que se entregaran los datos al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Los oficiales en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid tuvieron solamente 54 minutos este martes para cumplir con la directriz.
Los datos transferidos incluyen información de personas viviendo en California, Illinois, Washington y Washington D.C., todas jurisdicciones que permiten a personas no ciudadanas de Estados Unidos a recibir programas de Medicaid que pagan por los gastos solo usando dinero de las contribuciones.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, declaró tener preocupación sobre como los oficiales de deportación pudieran utilizar esa información, especialmente cuando autoridades federales realizan redadas de anti inmigración con tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles.
El portavoz de Servicios de Salud y Humanos de Estados Unidos, Andrew Nixon, dijo que la entrega de los datos fue legal. Declinó responder preguntas sobre por queé la información fue compartida y cómo será usada.
Según expertos consultados por AP, además de ayudar a las autoridades a localizar inmigrantes, el gobierno pudiera usar la información para acabar con las esperanzas de los inmigrantes que buscan permisos y visas, residencia permanente o ciudadanía si alguna vez obtuvieron beneficios de Medicaid financiados por el gobierno federal.
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