Alarmados por la gravedad de la crisis que golpea el sistema migratorio, incluyendo la baja capacidad de respuesta del gobierno federal para atender la llegada de miles de migrantes que a diario llegan a la frontera sur en busca de asilo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió al Congreso que sin la asignación de recursos el problema, lejos de ser resuelto, empeorará dramáticamente.
“Los instamos a que adopten un enfoque que incluya a todo el aparato del gobierno para financiar las agencias que
comprenden el sistema de inmigración en lugar de centrarse singularmente en una parte aislada, como la gestión de fronteras o la tramitación de visados de trabajo o familiares”, señalaron los directivos de AILA en una carta dirigida a los líderes de ambas cámaras del Congreso, entre ellos el representante Kevin McCarthy (presidente de la Cámara de Representantes); el senador Charles Schumer (líder demócrata del Senado) y los presidentes de los comités de Asignaciones de ambos hemiciclos.
“Los severos atrasos, ahora crónicos, afectan a la mayoría de las agencias, pero especialmente a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), la Corte de Inmigración (EOIR) y el Departamento de Estado (DOS), lo que resulta en
atrasos que afectan a casi todos los tipos de casos o solicitudes e imponen dificultades a empresas, familias, solicitantes de asilo y otros migrantes”, se lee en la misiva.
De acuerdo con la base de datos de USCIS, la agencia federal tiene acumulados más de 9 millones de casos, mientras que la EOIR supera los 2.1 millones de expedientes y en promedio cada caso demorará más de 4 años en ser resueltos, a menos que el Congreso aumente el presupuesto de ambas entidades para la contratación de personal y nuevas instalaciones.
“En particular, cualquier esfuerzo por aliviar la presión en la frontera sur de Estados Unidos será mucho más exitosa si el Congreso asegura fondos adecuados para todas las agencias de inmigración y que puedan manejar los millones de expedientes que están esperando entre 4 y 5 años para que sean resueltos”, advierte AILA, que agrupa a más de 16,000 abogados a lo largo y ancho del país.
Sin dinero el problema seguirá
Una de las principales conclusiones del análisis de AILA enviado a los principales líderes del Congreso, se resume en que “se debe proporcionar a USCIS una financiación adecuada2, porque esa agencia federal “es responsable de la administración de los beneficios de inmigración y tiene un papel crucial en
garantizar un sistema de inmigración justo, humano y eficiente”.
“La acumulación de casos de la agencia y los retrasos en el procesamiento a nivel de crisis han llevado a que las personas pierdan el estatus (y derechos de permanencia en Estados Unidos) o la autorización de trabajo”, resultando en “familias separadas y empresas estadounidenses que no pueden retener o atraer el
talento” necesario para garantizar la producción y el abastecimiento, agregan.
AILA también expuso en la carta que en el año fiscal 2022 USCIS utilizó un presupuesto de $275 millones provistos por el Congreso para reducir la acumulación de expedientes de naturalización, reducir los tiempos de procesamiento para varios tipos de formularios y adjudicarlos, así como el doble del número de visas basadas en el empleo.
“Sin embargo, datos recientes confirman que la agencia tuvo más de 8,600.000 solicitudes y peticiones pendientes a finales de septiembre de 2022 (cuando termino el año fiscal)”, cifra que a finales de diciembre sobrepasó los 2 millones y continúa creciendo.
AILA advierte que, según el plan de gastos provisto por el Congreso para el año fiscal 2022, “sólo pudo abordar
aproximadamente el 13% de la cartera de pedidos neta de la agencia en ese momento” Y que, a pesar de esto, “el Congreso no
asignará fondos suficientes para que USCIS aborde su retraso en el año fiscal actual, a menos que el legislativo asigne un total de $400 millones a USCIS para abordar la reducción de los retrasos, incluidos los casos de asilo, la ciudadanía por naturalización y el procesamiento de permisos de trabajo”.
Otras partidas presupuestarias
Además de los $400 millones destinados a disminuir el atasco, AILA recomienda:
- Una asignación de $80 millones para facilitar los objetivos de presentación/procesamiento electrónico de la agencia;
- $1 millón para proporcionar recursos adecuados para responder a requisitos de información;
- $425,9 millones para financiar suficientemente el programa de procesamiento de asilo anunciado en marzo de 2022;
- Contemplar fondos para abordar la reducción de los pedidos atrasados y proporcionar un procesamiento de asilo eficiente.
“Creemos que la financiación en las cantidades que hemos solicitado es crucial para garantizar que la agencia tenga los recursos adecuados para aumentar la transparencia en
el estado actual de la cartera, garantizar la continuidad del empleo durante una histórica escasez de trabajo y reducir el atraso para cumplir con la misión de la agencia de una dependencia justa y que administra eficientemente los recursos, sin pasar el costo a sus clientes, tales como familias, pequeños
empresas y organizaciones sin fines de lucro”.
Tras analizar las consecuencias generadas por las demoras y el atasco de más de 9 millones de solicitudes, AILA precisa que debido a esta situación “muchas visas autorizadas por el Congreso no fueron asignadas y como resultado se perdieron”. Y que, para abordar este problema relacionado con el presupuesto, “el Congreso debe incluir un lenguaje de autorización para recuperar visas de inmigrantes basadas en el empleo y patrocinadas por familia no utilizadas que datan del año fiscal 1992, así como visas de inmigrantes de diversidad que se perdieron desde el año fiscal 2020 debido a demoras administrativas, o nunca fueron emitidas debido a discriminaciones y también a causa prohibiciones generadas por la pandemia del COVID-19”.
AILA dijo además que la financiación adecuada por parte del Congreso “ayudará a garantizar que más tarjetas verdes (green card) no se pierden en el futuro”.
La crisis en la frontera sur
En cuanto a la crisis migratoria que se vive en la frontera con México, problema que fue advertido por expertos de la Universidad de California en 2013 y recién reconocido por el gobierno de Washington en julio de 2014, AILA dijo que apoya la financiación de los esfuerzos de modernización de la frontera y mejora de la infraestructura “apuntando a la sostenibilidad y mejora a largo plazo”.
La carta indica que medidas presupuestarias que se centran en “oleadas” de emergencia sin abordar también las mejoras de infraestructura necesarias a largo plazo, “perpetúan un ciclo interminable”, y que para hallar solución debe mejorarse todo el sistema migratorio y no solo una parte del problema.
“La realidad es que los patrones migratorios y de desplazamiento en toda la región han cambiado”, precisan. “Además de la financiación a corto plazo, la financiación debe proporcionarse a largo plazo” para responder en el marco del debido proceso a las peticiones de no ciudadanos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de un recurso legal disponible, como el asilo.
“Con ese fin, el Congreso también debe financiar adecuadamente a USCIS y al Departamento de Estado para garantizar la suficiente contratación de agentes de asilo y para abordar los retrasos existentes en materia de asilo y visas”, recomiendan.
Los abogados agregan que el Congreso incluso “debe invertir en una visión a largo plazo acerca de cómo recibimos y procesamos a los no ciudadanos en la frontera mediante el establecimiento de una Oficina de Protección al Migrante, instancia que se encargará de coordinar la capacidad de detección y protección en áreas de alto volumen en la frontera con México”.
Esta nueva oficina, añaden, “podría establecer centros de recepción a corto plazo para gestionar el procesamiento eficiente a través de agencias al mismo tiempo que proporciona orientaciones legales, acceso a asesoramiento y apoyo social de
organizaciones sin fines de lucro con experiencia en atender a esta población”, puntualizan.
Las recomendaciones de AILA al Congreso también incluyen:
- Financiar programas que reduzcan el uso de la detención y se opongan a los aumentos de la capacidad de detención de la oficina de Inmigración y aduanas (ICE);
- Reducir las partidas presupuestarias destinadas a la detención de no ciudadanos. (La detención es costosa, inhumana e insegura, y está plagada de una supervisión ineficaz que ha demostrado ser incapaz de prevenir los abusos de los no ciudadanos);
- Invertir en el Programa Alternativas de Detención (ATD) para que inmigrantes esperen en libertad la resolución de sus casos de en los tribunales de inmigración. (El ATD tiene un costo de $8 por día por cada inmigrante liberado en comparación con el costo de la detención que tiene un costo diario de $157.20 por cama);
- Apoyar programa que otorga asesoría legal a no ciudadanos en procesos de deportación y/o asilo;
- Mejoras en las operaciones y procedimientos judiciales;
- Mejoras en el sistema de Notificaciones de Comparecencia (NTA);
- Mejorar el presupuesto de la Corte de Inmigración (EOIR) para la contratación de más jueces y la creación de nuevos tribunales);
- AILA recomienda específicamente al Congreso proporcionar fondos para un programa piloto de representación legal para personas que no pueden pagar un abogado y programas relacionados como el Programa de Orientación Jurídica.
Buscan que inmigrantes con permisos de trabajo que llevan más de 5 años esperando la green card puedan seguir en EEUU
