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Alcalde ordena apagar cámaras en farolas de San Diego hasta que se establezca una ordenanza

Autor: San Diego Union-Tribune en Espanol

Las polémicas cámaras Smart Streetlight o farolas inteligentes de San Diego se apagarán, lo que provocará el aplauso de los activistas de la justicia social, pero eliminará el acceso de la policía a una herramienta que, según dicen, ayuda a resolver los crímenes violentos.

El alcalde Kevin Faulconer ordenó el miércoles que las más de 3000 cámaras instaladas en las farolas de San Diego se apaguen hasta que la ciudad elabore una ordenanza que rija la tecnología de vigilancia.

El portavoz de la alcaldía Gustavo Portela dijo que Faulconer hizo el llamado “después de una clara retroalimentación” de los miembros del consejo y líderes de la comunidad, quienes presionaron para conseguir una ordenanza de vigilancia antes de que el Consejo de la Ciudad considere el uso de dicha tecnología.

El sorpresivo anuncio se produjo días después de que la ciudad presentara un plan para entregar la gestión de las cámaras y el acceso exclusivo a la policía, un plan que provocó el rechazo inmediato de los rincones de la comunidad por su falta de vigilancia pública. La ciudad frenó ese plan horas antes de que se anunciara la decisión de Faulconer, lo que también fue una sorpresa.

Desconectar las cámaras es el último giro en la corta pero retorcida historia de los 30 millones de dólares de Smart Streetlights de San Diego. El proyecto se presentó inicialmente al público en 2016 como un plan para mejorar las luces LED para ahorrar dinero y energía.

Pero las farolas inteligentes eran más que luces. Incluían cámaras montadas en las farolas y sensores tecnológicamente avanzados con la capacidad de convertir las imágenes de vídeo de los coches y las personas en datos valiosos que la ciudad podría utilizar.

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Los datos fueron recopilados, pero los usos que la ciudad pensaba que podría seguir nunca se materializaron. Sin embargo, aunque no formaba parte del plan inicial, la policía comenzó más tarde a revisar las imágenes en bruto de las cámaras para ayudar a resolver los delitos graves o violentos.

Luego el año pasado, la gente se dio cuenta de que había cámaras en las farolas. La controversia estalló. Los activistas plantearon el temor a una posible vigilancia y a abusos de los derechos civiles, y a un exceso de policía en las comunidades de color, y querían que las cámaras se apagaran hasta que la ciudad estableciera métodos de transparencia, supervisión y responsabilidad.

El miércoles, Geneviéve Jones-Wright, miembro de una coalición de grupos preocupados por las cámaras, dijo que la decisión de apagarlas por ahora significa que la comunidad ganó lo que buscaba.

“Nunca subestimes el poder de los miembros de la comunidad que se unen en nombre de la democracia”, escribió en un correo electrónico. “Hay trabajo por hacer y seguimos vigilando. No nos bajaremos de nuestros puestos”.

La ciudad ha estado trabajando para elaborar ordenanzas de vigilancia durante varios meses. No está claro cuando podría estar lista.

La decisión de dejar de usar las cámaras también viene cuando San Diego y Ubicquia, la compañía que posee la tecnología detrás de los sensores especiales, tratan de negociar un nuevo contrato.

La ciudad no ha recogido datos de movilidad o del medio ambiente de los faroles inteligentes durante meses. Ubicquia apagó los sensores cuando el contrato terminó en junio.

Pero Ubicquia accedió a mantener las cámaras rodando para que la policía pudiera acceder a las imágenes si fuera necesario.

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La semana pasada, la ciudad lanzó un plan: Los costos de recolección de datos superaban los beneficios, así que tal vez los sensores deberían permanecer apagados, y el manejo de las cámaras podría ser entregado al Departamento de Policía de la ciudad (SDPD).

Las cámaras fueron útiles para la policía, que accedió a las imágenes en bruto al menos 400 veces en los últimos dos años. Las cámaras cambiaron el juego, y dijeron que las imágenes ayudaron a identificar al sospechoso de disparar a tres empleados, matando a uno, el año pasado en un Church’s Chicken en Otay Mesa.

Un oficial de policía dijo la semana pasada que las cámaras son un activo tan importante, que el departamento estaba dispuesto a absorber los 7 millones de dólares que costaría manejarlas durante los próximos cuatro años.

Pero cuando el plan se hizo público, las actividades lo calificaron de insensible, sobre todo porque llega cuando las protestas contra la parcialidad de la policía y la injusticia racial causan estragos en la región y en el país.

El miércoles, el jefe del Departamento de Sostenibilidad, que dirige Smart Streetlights, estaba programado para ir frente al Comité de Seguridad Pública y Vecindarios Habitables de la ciudad y lanzar el plan de traspaso. En su lugar, el director del departamento Cody Hooven pidió al comité que sacara el tema de su agenda. Dijo que la ciudad “evaluaría más a fondo nuestras opciones”.

Poco después de que el tema fuera retirado de la agenda, pero antes del anuncio de Faulconer, el miembro del consejo que dirige el Comité de Seguridad Pública y Vecindarios Habitables elogió la decisión de Hooven de esperar.

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En una declaración escrita, la concejala Mónica Montgomery Steppe dijo que el tema “no es si la tecnología de vigilancia puede ser utilizada como una herramienta de seguridad pública. La cuestión es la transparencia dentro del SDPD”.

“Cada decisión que tomemos, en este momento, creará confianza con la comunidad o la destruirá”, dijo, diciendo que es “imperativo” tener una supervisión en su lugar. “No se debe tomar ninguna decisión hasta que ese marco esté en su lugar”.

La policía remitió el comentario sobre la decisión de apagar las cámaras a la oficina del alcalde.

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