Por Sean Murphy y Erik Verduzco – The Associated Press
Durante las nueve horas que Texas tuvo permitido arrestar y deportar a las personas que hubieran ingresado de manera ilegal a Estados Unidos, el jefe policial Thaddeus Cleveland no cambió su táctica hacia los migrantes en su remoto condado fronterizo.
No fue porque se oponga a la idea. Simplemente no hay forma práctica de hacerlo, señaló el jefe del Departamento de Policía del condado Terrell, donde el año pasado fueron detenidas unas 10 personas al día en promedio tras cruzar la frontera desde México.
“No tenemos una camioneta que podamos utilizar para transportar a la gente”, dijo Cleveland, cuyo condado abarca más de 50 millas de la frontera, la mayor parte de la cual es un implacable paisaje desértico rocoso.
La extraordinaria expansión de la ley de inmigración en Texas quedó en suspenso el jueves tras un torbellino de acciones jurídicas que incluyó que la Corte Suprema federal permitiera que entrara en vigor el martes y la regresara a un tribunal de apelaciones para una nueva revisión.
Poco antes de la medianoche, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito volvió a dejar en suspenso la ley conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado (SB4, por sus iniciales en inglés).
La confusión a lo largo de la vasta frontera de Texas durante ese breve periodo dejó ver que muchos jefes policiales no estaban preparados, no podían o no estaban interesados en hacer cumplir la SB4 en primer lugar.
Durante meses, Texas ha hecho llamamientos urgentes a los jueces en el sentido de que el estado no puede permitirse el lujo de esperar a que se adopten medidas fronterizas más estrictas. Pero al dárseles la oportunidad de poner a prueba la medida más reciente del gobernador republicano Greg Abbott para enfrentar al Gobierno del presidente, Joe Biden, en materia de inmigración, no hubo indicios de que algún organismo policial de Texas lo intentara.
La actitud desafiante del Gobierno mexicano, que dijo que no aceptará a ningún migrante que Texas intente devolver a través de la frontera, y la cautela de los agentes policiales generan un ambiente de incertidumbre sobre qué resultados se obtendrían si se implementa a fondo.
La ley permitiría que cualquier agente policial de Texas arreste a las personas sospechosas de haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal. Pero el jefe policial del condado Smith, Larry Smith, presidente de la Asociación de Jefes Policiales de Texas, precisó que la ley tendrá pocos efectos en su jurisdicción del este estatal, que está mucho más cerca de Louisiana y Oklahoma que de México.
“Nuestra oficina no tendrá mucho que ver con el Proyecto de Ley 4 del Senado, a menos que estemos trabajando con uno de nuestros jefes policiales hermanos o jefas policiales hermanas en la frontera”, señaló Smith, “debido a que uno tiene que poder demostrar que llegaron a través de la frontera ilegalmente. Y desafortunadamente no se puede hacer eso tan al interior de Texas sin violar algunos de sus derechos”.
“Si empezamos a ir y hablar con todos y a pedirles sus documentos, ¿dónde paramos?”, comentó Smith.
Una vez detenidos, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas para salir del país o de lo contrario ser procesados por cargos menores de entrada ilegal. La ley establece que deben ser enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. Los migrantes que no se marchen podrían ser detenidos de nuevo por cargos más graves.
En los tribunales, Texas ha alegado que la ley emula la aplicación de la ley de inmigración por parte del Gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha argumentado que es una clara violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera.
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Abbott recordó esta semana a una multitud en un congreso de política conservadora en Austin que, incluso con el SB4 en pausa, Texas todavía podría arrestar a los migrantes que invadan propiedad privada. Esa operación más limitada comenzó en 2021. El jueves, el gobernador precisó que la alambrada que el estado instaló en El Paso estaba siendo renovada después de que un grupo de migrantes rompió una barrera y eludió a varios miembros de la Guardia Nacional de Texas que intentaban contenerlos.
Al igual que muchos jefes policiales y agentes de policía que aseguraron apoyar la nueva ley, Cleveland enfrenta graves problemas logísticos en la forma de implementarla. Su condado tiene menos de 1,000 residentes, su cárcel cuenta con capacidad para sólo siete personas, y el puerto de ingreso más cercano está a más de dos horas y media en automóvil.
“Seguiremos haciendo lo que hacemos: entregar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a las personas que detengamos y luego esperar a que los tribunales diluciden lo que van a hacer”, informó Cleveland.
Las llamadas típicas a la oficina de Cleveland sobre migrantes que habrían entrado ilegalmente al país involucran a personas que han atravesado kilómetros de desierto con suministros limitados y esperanzadas de encontrar trabajo.
Al responder el jueves a la llamada de un propietario de tierras, Cleveland se encontró con un migrante mexicano de 32 años que intentaba llegar a Florida para cosechar fresas. Platicó con él en español, le preguntó si necesitaba comida o agua y lo llevó a un cuarto de detención de su oficina para que esperara a la Patrulla Fronteriza.
“La gran mayoría de los que atrapamos, extranjeros indocumentados, no son diferentes a ti o a mí”, explicó Cleveland. “Disfruto conversar con ellos en español, saber de dónde son, a dónde van, cosas de ese tipo”.
Los legisladores republicanos escribieron la ley para que se pueda implementar en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha dicho que prevé que sea implementada principalmente cerca de la frontera con México.
Unos 100 jefes policiales visitaron el miércoles el Capitolio estatal en Austin para mostrar apoyo a Abbott por la nueva ley, pero sus respuestas fueron dispares sobre cómo la harían cumplir realmente.
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Aun así, el temor entre los residentes era palpable en una reunión ordinaria llevada a cabo el miércoles en un centro comunitario de un vecindario del suroeste de Houston en el que viven muchas familias latinas e inmigrantes. El jefe de policía, Tony Finner, recibió numerosas preguntas sobre la ley y qué garantías podía ofrecer a las personas que ahora podrían no querer denunciar delitos por miedo a ser arrestadas por su estatus migratorio.
Una mujer le aseguró a Finner en español que ella considera que la nueva ley está fracturando la relación entre la comunidad y la policía, está creando una imagen de los agentes como el enemigo, cuando en realidad son los que protegen a la población.
Ruben Perez, jefe de la oficina de delitos especiales de la fiscalía del condado Harris, trató de tranquilizar a los residentes, diciendo que la ley aún no entra en vigor y que la Constitución de Estados Unidos protege a todo el mundo.
“No nos importa si están aquí de manera legal o ilegal, o si llegaron aquí legal o ilegalmente. Los vamos a proteger”, manifestó, ante lo cual se desató un aplauso. “Ese es el mensaje que quiero dejar”.
