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Amigos del poder. O’Reilly: el negocio inmobiliario destruyendo el medio ambiente

Autor: Andrea Lopez Mara N. Rios

Jorge O’Reilly Lanusse se desempeñó como asesor de Sergio Massa mientras fue Jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego este lo propuso como candidato a la embajada argentina en el Vaticano, lugar que luego ocupó Juan Pablo Cafiero.

Ferviente militante católico, con vínculos con el Opus Dei y defensor de los “valores tradicionales”, al punto de haber creado junto a matrimonios amigos, una organización que se dedica a dar respuesta a lo que llaman el declinamiento ético y cultural del país.

Nació en la exclusiva zona de La Horqueta, San Isidro, el 16 de febrero de 1969. Durante su juventud jugó al rugby en la primera del CASI, cursó sus estudios en el Colegio Cardenal Newman, y se recibió de abogado en la Universidad Católica.

Eidico: el negocio inmobiliario que promete la casa propia sobre humedales y cementerios

OReilly fundó “Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común” (Eidico) en 1994, durante el menemismo, para construir uno de los primeros barrios privados del partido del Delta, a quien le puso el nombre Santa María de Tigre.

En veinte años se expandió de tal forma que además de los negocios en la zona norte del conurbano, construyó 34 mil unidades en once provincias del país, en Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos.

En sus construcciones podrían vivir 170 mil personas, lo que equivale a la cantidad de habitantes de ciudades como Berazategui, San Miguel o González Catán. Pero sólo hay 20 mil personas distribuidas en 5800 lujosas viviendas, “lo que equivale a una ciudad como Rawson”, comparan los mismos desarrolladores en el blog que crearon por el vigésimo aniversario de la empresa.

O’Reilly es descendiente de Alejandro Agustín Lanusse, el último de los dictadores de la autoproclamada “Revolución argentina”. Está casado con Marcela Beccar Varela, pariente del abogado Cosme Beccar Varela, un incansable defensor de la dictadura. En Eidico hay una decena de Lanusses trabajando.

En su página web la empresa se presenta como desarrolladores “de una manera cooperativa negocios inmobiliarios” que “hacen posible tu sueño de la casa propia” simulando una ONG de economía solidaria.

Nacida en pleno auge neoliberal, impulsó la especulación inmobiliaria con construcciones de lujo. Hoy cosecha ganancias multimillonarias y lleva desarrollados más de 72 emprendimientos.

Sus construcciones ocupan más de 16 mil hectáreas, lo que equivale al 80 % de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, o tres veces la de Mendoza.

Construyó el country el barrio privado El Encuentro sobre los humedales de Tigre. Un paredón lo separa del barrio Las Tunas, donde el agua cada vez que llueve se acumula, ya que los countries encerraron al barrio y el agua no tenía por dónde salir.

El country El Encuentro, fue construido por Eidico en 2003, sobre uno de los humedales de Benavídez. Pero no fue el único, la empresa también edificó los barrios Santa María de Tigre y Altamira en la localidad de Rincón de Milberg, y en Los Troncos del Talar levantó Santa Bárbara y Barbarita alrededor de Nordelta.

Santa Bárbara cómo cuentan los habitantes de Punta Querandí está levantado sobre una porción de las tierras fiscales que la ex Entel transfirió en forma irregular a Telecom, Telefónica y Startel en 1990. Las 241 hectáreas valen 160 millones de dólares, según la Oficina Anticorrupción. El Ministerio de Economía hace trece años está en juicio para recuperar esos terrenos en General Pacheco. En la causa penal, la justicia absolvió el mes pasado a María Julia Alsogaray por esta operación, pero reconoció la ilegalidad de la operación y condenó al ex gerente de Entel, Ricardo Fox, a tres años de prisión en suspenso por “peculado”.

No conforme con especular sobre humedales o territorio fiscal, O’Reilly planificó, edificó y lucró sobre un cementerio milenario. Cómo denuncia la comunidad, el sitio arqueológico Garín -que lleva el nombre del arroyo de la zona-, se había identificado antes de que se construyera el barrio privado y se estima que tenía mil años de antigüedad cuando fue arrasado por la construcción del country de Eidico.

Chubut, el negocio inmobiliario detrás de los incendios forestales

Los incendios en Chubut en febrero de 2015, destruyeron más de 34 mil hectáreas.
El fuego comenzó el 15 de febrero de ese año, supuestamente originado por un rayo en una zona de difícil acceso , versión que luego fue desmentida. A raíz de la catástrofe, el entonces gobernador de Chubut, Martín Buzzi, admitió que los incendios fueron provocados intencionalmente y denunció que hubo anomalías en la entrega de tierras con bosques nativos, a lo que calificó de “curro verde”.

En ese sentido, prometió impedir el desarrollo inmobiliario en zonas de bosque pero finalmente anunció medidas para controlar y habilitar la venta de terrenos en zonas protegidas.

Lo que fue rechazado masivamente por la población responsabilizándolo políticamente de la catástrofe y señalando a algunos empresarios, entre ellos O`Reilly de iniciar el fuego para ganar terreno para la construcción.

La compañía del ultra católico amigo de Massa había generado polémica anteriormente por sus negocios en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, en donde quiso construir violando la Ley de Bosques y por emprendimientos privados en el Gran Buenos Aires que mencionamos anteriormente.

Pero lo que más lo involucra es que varias de las hectáreas quemadas en el Sur argentino son hoy de su propiedad. Con la misma impunidad que le dieron los distintos gobiernos se maneja en distintas zonas del país, para conseguir terrenos a bajo costo y acrecentar sus ganancias fruto de la especulación inmobiliaria.

Basta de lucrar con nuestros recursos

Lo que sucedió en Chubut en el año 2015 se replicó sistemáticamente todos los años en distintos puntos del país. Mientras el Estado continúe garantizando las ganancias capitalistas, ya sea para el negocio inmobiliario o para la siembra, los dueños de las tierras seguirán apropiándose ilegalmente y de las maneras más brutales de mayores cantidades de territorios.

Semanas atrás Rosario fue víctima de la quema inescrupulosa y criminal de pastizales con estos objetivos, inundando la ciudad de humo durante varios días. Ellos siguen ganando a costa de la salud de toda la población, pero la impunidad que les dan los gobiernos local y nacional no se las da el pueblo trabajador, que salió a las calles a exigir la ley de humedales.

En la provincia de Córdoba prendieron fuego más de 7.000 hectáreas, el poder judicial imputó a 5 personas, todo indica que será un circo que dejará impune a los verdaderos responsables, como sucedió en el Delta, provincia de Buenos Aires, donde el propio Cabandie dijo que habían filmaciones que mostraba a los dueños de los campos esparciendo combustible en las zonas de pastizales, y que las iba a “presentar a la Justicia” los acusados se excusan diciendo que era para hacer un contrafuego. Incomprobable. El resultado: de nuevo la impunidad.

Jujuy con más de 8.000 hectáreas prendidas fuego, es una clara muestra de eso. Desde Yuto, Bananal, Caimancito, Libertador, Brigadistas de incendio, Bomberos Voluntarios, Socorristas, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas, trabajadores rurales, dan cuenta de cómo se hizo frente a los focos de incendio, las condiciones precarias de vida, de trabajo, la responsabilidad del Gobierno en falta de políticas de prevención, como también la incidencia del monocultivo y los desmontes en el calentamiento global.

Ley de humedales ya

En la sesión especial de la Cámara Baja del 3 de septiembre, se votó comenzar a tratar en comisiones, el 22 de ese mes los distintos proyectos para una Ley de Humedales.

Fue en un plenario de las comisiones de Medioambiente, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto que comenzó poco después de las 10 de la mañana.

Nicolás del Caño del PTS-Frente de Izquierda exigió que se avance de manera urgente sobre el proyecto elaborado en común por más de 200 organizaciones. Y aunque respalda junto a todas las bancadas DEL fitu el proyecto común presentó uno propio del bloque.

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El diputado cuestionó también a las dos coaliciones mayoritarias y las responsabilizó por cajonear esta ley. La Ley de Humedades perdió estado parlamentario tres veces en ocho años (2013, 2016 y 2021). En marzo de este año se volvió a presentar el proyecto consensuado en 2020 entre las organizaciones ambientales y diputados y diputadas.

El año pasado tuvimos dictamen de una sola comisión y perdió estado parlamentario. Ahora escuchamos diputados y diputadas que dicen que nunca la trabaron, que hipocresía,” dijo Del Caño. Es que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos fueron centrales en trabar su debate y tratamiento. Una de las “maniobras parlamentarias” más utilizada por ambos interbloques es girarla a muchas comisiones de diputados, incluyendo por ejemplo a la de Agricultura donde impone todo su peso el lobby del agro negocio. Otro de los sectores empresariales que viene haciendo lobby en contra de la ley de humedales es el inmobiliario.

Del Caño advirtió “no confiamos en lo que están diciendo. Sectores de estos bloques son parte del lobby del agronegocio y grandes inmobiliarias y son los que la vienen cajoneando”.

De hecho, ese plenario no dio dictamen, sino que volvió a patear la decisión una semana más, la excusa del oficialismo: conseguir los votos necesarios, cuando ya existe un proyecto consensuado entre más de 500 organizaciones, sin embargo suspendieron la reunión beneficiando al agro negocio, la especulación inmobiliaria, y la megaminería a costa del medio ambiente y la salud de toda la población.

Hay que copar las calles y organizarnos para imponer que se sancione de una vez la ley de humedales.

Meses atrás el Frente de Izquierda hizo un pedido de informe sobre las medidas adoptadas por el ministerio que dirige Cabandié ante las denuncias de las quemas, sobre los gastos realizados para combatir el fuego o si hubo subejecución del presupuesto así como también si cuentan con información sobre empresas o propietarios de tierra que hayan dañado el medio ambiente.

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