El Gobierno británico ha culminado este jueves la implementación de su último paquete de medidas para reducir la llegada de inmigrantes al Reino Unido por la vía legal. La última de ellas ha sido el aumento de los ingresos mínimos necesarios para la obtención de visados familiares, que obliga a demostrar unos ingresos mínimos de 29.000 libras anuales (33.000 euros) –frente a las 18.600 libras requeridas hasta ahora– a los ciudadanos británicos o residentes legales que quieran traer a sus cónyuges extranjeros. Una cantidad que el Ejecutivo prevé ampliar hasta las 38.700 libras a principios de 2025 y que ha puesto en riesgo la reunificación de miles de familias en territorio británico.
La decisión del Ejecutivo, anunciada a principios de diciembre, ha despertado las críticas de miembros de la oposición y de organizaciones sociales, quienes consideran que la nueva política es poco flexible y vulnera los derechos de las personas afectadas. El Observatorio de la Migración, una entidad vinculada a la Universidad de Oxford, señala que la mitad de los trabajadores británicos ganan menos de 29.000 libras anuales y que siete de cada diez tienen ingresos inferiores a las 38.700 libras, un porcentaje que se acentúa en el caso de las mujeres y que añade nuevas limitaciones a la reunificación familiar.
El director de campañas de la organización Reunite Families UK, Matteo Besana, asegura que los requisitos económicos en la concesión de visados por esta vía están teniendo un impacto negativo en la salud mental de las familias afectadas, especialmente las que tienen hijos. “Los niños se han visto especialmente afectados por esta situación, e incluso han tenido pensamientos suicidas debido a la separación de sus padres”, explica Besana, citando una encuesta elaborada por la misma organización. Según el estudio, un 65% de los progenitores aseguran que las limitaciones a la reunificación familiar han afectado a la salud mental de sus hijos, que tienen que resignarse a ver a su padre o su madre en contadas ocasiones y a hablar con ellos a través de videollamadas la mayor parte del tiempo.
Reducir la inmigración
Los nuevos requisitos para la concesión de visados familiares se integran en el plan del Ejecutivo de Rishi Sunak para reducir la cifra de inmigración neta registrada en el país en los últimos años. Una cifra que alcanzó las 745.000 personas en 2022 y que ha añadido más presión al primer ministro, muy criticado por el ala dura de su partido por no haber cumplido por ahora con una de las principales promesas del Brexit. El Gobierno confía en que esta medida ayude a reducir la llegada de inmigrantes, a pesar de que los visados familiares sólo representaron cerca de un 5% del total de permisos aprobados el año pasado.
“El Gobierno estima que, con las nuevas normas, se van a expedir entre 10.000 y 30.000 visados familiares menos, lo cual es un número muy pequeño sobre el total. No entendemos por qué quieren imponer un sistema tan difícil a las familias cuando saben, a través de sus propios análisis, que el número de personas que dejarán de venir [por esta vía] es mínimo“, señala Besana. El Observatorio de la Migración destaca que el porcentaje de visados familiares concedidos sobre el total es “notablemente inferior” al de décadas anteriores y descarta que esta política pueda tener “un gran impacto en la migración neta del Reino Unido”.
La Cámara de los Lores ha planteado al Gobierno la posibilidad de flexibilizar la nueva normativa con varias medidas, entre ellas la de permitir que los solicitantes puedan incluir ofertas de trabajo para demostrar potenciales ingresos o que puedan contar con el apoyo económico de un tercero para cumplir con el mínimo exigido. Unas opciones que por ahora descarta el Ministerio del Interior, que sólo tiene en cuenta los ingresos y los ahorros de la persona residente en el país y excluye los activos que pueda tener su pareja o cónyuge extranjero.
Impacto en la economía
El Gobierno ha señalado que su política migratoria pretende lograr una economía de “altos salarios, alta productividad y alta cualificación” y ha implementado otras medidas para tratar de lograrlo. Entre ellas, el aumento en un 50% del mínimo de ingresos requerido para obtener un visado de trabajo –38.700 libras anuales desde principios de abril– y el fin de la posibilidad de que estudiantes y cuidadores puedan traer a familiares dependientes.
La decisión del Ejecutivo ha causado revuelo entre los representantes de sectores faltos de mano de obra, que ven con escepticismo su política migratoria y alertan del impacto que tendrá en la economía. “La reciente decisión del Gobierno de aumentar el umbral salarial mínimo para los trabajadores cualificados significa que prácticamente todas las empresas de hostelería tendrán dificultades para contratar talentos internacionales”, explica Kate Nicholls, directora general de UK Hospitality, una de las principales patronales de la hostelería del país. El sector, altamente dependiente de trabajadores extranjeros en las grandes ciudades, señala que existen más de 100.000 vacantes por cubrir y que un 44% de los negocios tienen dificultades para conseguir personal.
