El Parlamento Europeo ha dado este miércoles, tras un tenso debate y años de negociaciones, su visto bueno final a las nuevas reglas que deberán regir en el futuro la política migratoria y de asilo de la UE. Un conjunto de normas que no satisface plenamente a nadie, desde la extrema derecha que dice que no es lo suficientemente duro, a una izquierda y hasta parte del centro político que consideran que va demasiado lejos y restringirá más aún los derechos de los migrantes. Pero Bruselas confía en que permitirá regular de forma más coherente uno de los desafíos externos de Europa que seguirá aumentando con la multiplicación de conflictos políticos y crisis naturales que dan origen a los grandes flujos migratorios.
El acuerdo, un compendio de normas que restringen las posibilidades de entrada en la UE, establecen los derechos de los que puedan optar al asilo y fijan por primera vez cuotas de acogida que debe aceptar cada Estado miembro, entre otros aspectos, fue aprobado en una tensa votación en el pleno interrumpida tras el primer voto por un grupo de activistas que, desde la grada, llamaron a “votar no” por un “pacto que mata”. Tras ser evacuados de la sala, entre los aplausos de una parte del hemiciclo y el silencio de la mayor parte de los eurodiputados, concluyó rápidamente una votación a ratos justa pero suficiente para dotar a la UE con nuevas normas migratorias.
“Hemos logrado un marco legislativo robusto igual para todos los Estados miembros y que antepone la humanidad, que asegura las fronteras exteriores europeas, da claridad en las reglas aplicables y logra el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad con respeto a los derechos fundamentales”, ha celebrado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. “Los que necesitan protección serán protegidos, pero los que no la necesitan tendrán que volver a sus países de origen”, ha acotado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Durante las dos horas largas de debate que precedieron al voto del total de diez reglamentos y medidas que componen el Pacto de Migración y Asilo, quedó claro que el texto está lejos de ser perfecto. Así lo reconocieron incluso los eurodiputados que defendieron su aprobación y los comisarios europeos presentes, el vicepresidente para la Protección del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la jefa de las negociaciones del pacto como responsable de Interior, Ylva Johansson. Pero la alternativa, alertaron, era un statu quo que ha quedado demostrado que no funciona y que ni beneficia a los europeos ni a los migrantes.
Además, la posibilidad de mejorar un acuerdo que ha tardado casi una década en cerrarse es prácticamente imposible, alegaron, sobre todo en una Europa cada vez más derechizada tanto a nivel de gobiernos como en la propia Eurocámara, donde las proyecciones de voto en las elecciones europeas de junio predicen un refuerzo significativo de la extrema derecha.
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“Si lo rechazamos ahora, puede que el nuevo Parlamento quede más a la derecha. ¿Van a dejar a este nuevo Parlamento la política migratoria? Yo, desde luego, no”, dijo la liberal holandesa Sophie in ’t Veld, una de las negociadoras de los textos. “No hay una mejor alternativa a este pacto; si no se aprueba, quedaremos en una carrera a la baja donde desaparecerá el derecho al asilo en Europa”, advirtió. “He escuchado críticas legítimas y las respeto. Pero la alternativa a no votar es peor”, coincidió el socialista Juan Fernando López Aguilar.
La votación fue, sobre todo en algunos de los textos clave, más ajustada de lo habitual. Es el caso del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, que establece el principio de solidaridad “obligatoria, pero flexible” de los Estados, bajo el principio de que todos deben contribuir a la gestión de la migración. Las pautas establecen un reparto de 30.000 solicitantes de asilo (en 2023 llegaron de forma irregular hasta la UE más de 286.000 personas, según la OIM) para reubicar entre todos los Estados miembros, repartidos por criterios de población y PIB. Quienes lo rechacen, deberán pagar una cuota de 20.000 euros por persona. Esta normativa clave ha sido aprobada con 322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones. Entre los votos negativos se cuentan los de toda la extrema derecha y la mayor parte de la izquierda y los verdes, así como algunos socialistas, entre ellos franceses, y conservadores, sobre todo polacos. De hecho, el primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, ya ha declarado que su país no aceptará el mecanismo de reubicación de migrantes pese al voto de este miércoles en Bruselas.
Esa pauta se ha repetido en otros reglamentos importantes: votos en contra de extrema derecha e izquierda y mayoritariamente a favor de los partidos tradicionalmente proeuropeos: Socialistas y Demócratas (S&D), Partido Popular Europeo (PPE) y los liberales de Renew. No obstante, sobre todo en el caso de socialistas y populares, aunque la mayor parte de sus miembros han respetado el llamamiento de sus formaciones a apoyar el pacto migratorio, ha habido movimientos contrarios, marcados tanto por convicción de que no es un texto bueno como, también, por cálculos nacionales con miras a procedimientos electorales propios con la vista fijada en las europeas de junio. Es el caso de los populares polacos, pero también, entre otros, de algunos socialistas franceses o italianos, reticentes a apoyar unas normas que han apoyado los Gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y de Giorgia Meloni en Italia.
“Los que están contra el pacto están tanto a la izquierda como en la extrema derecha. Eso demuestra que estamos en el medio, donde debemos estar, porque la única manera de tener un compromiso sólido es contar con los socialdemócratas, los populares y liberales y algunos otros, y tener también la mayoría de los Estados miembros apoyándolo”, ha valorado la comisaria Johansson tras el voto, que ha calificado de histórico, al igual que la mayoría de los responsables europeos.
No lo ven así organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que ha denunciado que el pacto migratorio es “una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE” que “tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas que buscan seguridad y protección en Europa” porque “avala los rechazos en frontera, obstaculiza el acceso al asilo y criminaliza injustamente a las personas migrantes y refugiadas”. Frente a estas acusaciones, Johansson se ha declarado tranquila con las garantías del texto: “Tengo el apoyo total de ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados) y eso es una prueba de que estamos protegiendo los derechos de demandantes de asilo mejor que hasta ahora”, ha dicho a este diario tras la votación. “No es la solución a todos los desafíos, pero hemos dado una respuesta legislativa a una demanda europea”, ha defendido Metsola en rueda de prensa.
El pacto migratorio todavía debe recibir el visto bueno final también de los Estados, algo que la presidencia de turno belga del Consejo de la UE prevé hacer a finales de mes. Una acción teóricamente protocolaria, puesto que ya había acuerdo, pero que, en vista de la complejidad de este asunto, sobre todo tan cerca de las elecciones europeas de junio, y de los precedentes de renegociación de último minuto sucedidos en los últimos meses, no permite aún dar el voto por garantizado.
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