La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia ha aprobado este viernes el reparto extraordinario de 13 millones de euros destinados a la atención de los menores migrantes no acompañados. La medida – que beneficiará a las regiones más afectadas por los flujos migratorios – ayudará a aliviar la situación de hacinamiento que atraviesan las Islas. Desde la declaración de la contingencia migratoria el 29 de agosto, el Archipiélago ha recibido a un total de 140 menores sin compañía de un adulto. Pese a que el procedimiento exprés previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que cualquier menor que llegue a un territorio tensionado —como Canarias, Ceuta o Melilla— debe ser reubicado en un plazo máximo de 15 días, por esta vía solo se han realizado 16 traslados.
Los 13 millones de euros llegarán a Baleares (1,2), Ceuta (4,1), Melilla (1,7) y las Islas, siendo Canarias la comunidad más beneficiada con un total de 5 millones de euros. Un escenario que ha levantado ampollas en el Ejecutivo balear. La consejera, Sandra Fernández, consideró que la partida de 1,2 millones aprobada para su comunidad es “del todo insuficiente” y no permite hacer frente a las dificultades que ya enfrenta para hacerse cargo de lo chicos.
El choque se ha extendido a otras comunidades autónomas. Aunque el Gobierno decidió retirar este punto del orden del día, su plan para la reforma de los centros tutelados de menores —que pretende establecer criterios comunes, reducir las ratios y priorizar el modelo de casas de acogida— no ha logrado el consenso regional. Euskadi, pese a la buena sintonía con Canarias, ha manifestado su oposición al decreto que prepara el Gobierno central. Por su parte, Galicia ha presentado una batería de alegaciones que van desde la denuncia de una “invasión competencial” hasta la advertencia de que la norma podría afectar a “la sostenibilidad del sistema de protección”.
La situación para el Archipiélago también dista de ser alentadora. Los medios, según la consejera de Bienestar Social Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, “siguen siendo insuficiente“. Desde la aprobación del real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, únicamente se han producido 24 traslados adicionales, que se suman a los 16 realizados bajo la vía exprés.
La “lentitud”
Una lentitud que Delgado atribuyó a la falta de medios personales en las Subdelegaciones del Gobierno, responsables de tramitar los expedientes de los menores. “Lo que pedimos al Estado es que incremente sus recursos humanos” para garantizar los traslados y la coordinación con las comunidades receptoras, subrayó la consejera, quien además reconoció que persisten reticencias por parte de algunas regiones a acoger a menores, pero recordó que “existe una ley que debe cumplirse y no admite discusión“.
En relación con este asunto, varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, han presentado recursos judiciales contra las resoluciones de traslados dentro del sistema estatal de derivación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado que esta judicialización por parte del Partido Popular ha sido una “constante” desde el inicio del modelo, y ha acusado a la formación de mantener un “bloqueo sistemático”. Rego calificó además la actitud del PP como una “posición nítidamente racista”, al considerar que “utiliza a los menores migrantes como instrumento de confrontación política”.
Otras comunidades
Asimismo, el real decreto contempla una financiación global de 100 millones de euros, cuyo reparto, según Delgado, ha sido desbloqueado. Se espera que en aproximadamente un mes (30 o 40 días) las comunidades autónomas comiencen a recibir los fondos. “Sin esa financiación no se pueden abrir las nuevas plazas que se necesitan”, recalcó. La consejera expresó también su deseo de que el apoyo económico se amplíe en los próximos años, insistiendo en que “es fundamental garantizar una fuente de financiación estable”.
En otros términos, Castilla-La Mancha trasladó al Gobierno la necesidad de trabajar en un plan de acción junto a la Fiscalía para garantizar que todos los jóvenes derivados son realmente menores de edad.
