Un mes después del visto bueno de la Eurocámara, este martes el Consejo de la Unión Europea selló la nueva directiva comunitaria que endurece las sanciones de los delitos ambientales en el conjunto de la UE. Con esta nueva normativa que sustituye a la anterior que data de 2008, los Estados miembros «pueden optar por ampliar su jurisdicción a delitos que hayan sido cometidos fuera de su territorio», apunta el nuevo texto.
No es el único cambio que los países del club comunitario deberán «adoptar en dos años», también tendrán que perseguir nuevas infracciones. El listado pasa de 9 delitos a 20 entre los que se incluyen el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.
La nueva ley también introduce una cláusula de «delito cualificado» que se aplica cuando un delito se comete intencionalmente.
Penas de cárcel
Con este nuevo marco jurídico, Bruselas, además, endurece las saciones en los delitos contra el medioambiente. «Sin perjuicio de que los Estados miembros aumenten las condenas», asegura el texto.
Desde este 2024, las personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión; que se ampliarán a diez si han causado la muerte de alguna persona. El resto podrán ser castigados con hasta cinco años de prisión.
Además, los infractores estarán obligados a restablecer el entorno dañado y enfrentarse a multas. Para las empresas, estas sanciones económicas representarán entre el 3 y el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.
«Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las personas físicas y las empresas puedan ser sancionadas con medidas adicionales, como la obligación para el infractor de restablecer el medio ambiente o compensar el daño, excluirlas del acceso a la financiación pública o retirarles sus permisos o autorizaciones», señala la nueva Directiva.
