WASHINGTON —
En Estados Unidos, las leyes migratorias son de carácter federal, no estatal, y su cumplimiento está a cargo de los oficiales federales. Los agentes y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional son responsables de arrestar a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera estadounidense, independientemente de si vienen desde México o Canadá. También son responsables de arrestar y deportar a las personas que se encuentran en el país sin autorización.
A eso se debe que las noticias en Texas sobre la aplicación de las leyes migratorias sean tan inusuales. Los legisladores de ese estado aprobaron un proyecto de ley según el cual el cruce ilegal de la frontera sería un delito estatal que, en teoría, permitiría a las autoridades estatales arrestar a los migrantes. Sin embargo, esto choca con la forma en que, generalmente, funcionan las leyes en Estados Unidos. Se suponía que la ley de Texas entraría en vigor este mes, pero ha habido un importante vaivén en los tribunales al respecto.
Esta es una vista más detallada:
Sin embargo, los estados pueden, y con frecuencia lo hacen, aprobar leyes que invaden las leyes federales. Aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias.
En noviembre, Texas aprobó una ley conocida como S.B. 4 que convertiría en un delito estatal el cruce hacia Texas desde cualquier país por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal. Esto sería considerado como una falta menor la primera vez, y como delito grave de ahí en adelante. La aprobación de esta ley significaría que los oficiales estatales de policía podrían arrestar a cualquier migrante atrapado cruzando ilegalmente. Anteriormente, estaban limitados a arrestar a los migrantes encontrados en tierras de propiedad privada por entrar en ellas sin autorización.
Pero entonces, un tribunal federal de apelaciones emitió una orden que evita que Texas aplique esa ley. Así están las cosas ahora mismo.
Algunas personas son enviadas a centros de detención, que son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Otras son liberadas y pueden esperar en Estados Unidos sus audiencias de deportación y en los tribunales de inmigración. Los tribunales de inmigración son manejados por un tercer organismo supervisado por el Departamento de Justicia.
Mientras tanto, los oficiales de aduanas revisan las identificaciones en los puertos de entrada, y arrestan a cualquier persona sorprendida intentando cruzar personas ilegalmente por la frontera en vehículos.
Los oficiales del ICE también arrestan y deportan a personas que ya están en el interior de Estados Unidos. Generalmente, estos migrantes son detectados porque están acusados de cometer algún otro delito local. Otros agentes arrestan a empleadores sospechosos de maltratar a migrantes.
Si una persona es arrestada por la policía estatal o local, lo es por un delito no relacionado con la inmigración. La persona es entregada a las autoridades migratorias una vez que ha sido juzgada.
En cuanto a los arrestos federales, la respuesta es sí. La Patrulla Fronteriza, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, arresta a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente. Los datos más recientes de la patrulla se refieren a enero y se dividen por sector. En el sector de Del Rio, realizó 16.712 arrestos. En Rio Grande Valley, se realizaron 7.340. El número arrestos se redujo considerablemente respecto de meses anteriores.
Sin embargo, muchas de las disposiciones fueron desechadas.
“El gobierno nacional tiene un importante poder para regular la inmigración”, escribió en la opinión de la mayoría el exjuez Anthony Kennedy. “Es posible que Arizona tenga frustraciones comprensibles con los problemas causados por la inmigración ilegal mientras ese proceso continúa, pero el estado no puede aplicar políticas que socaven a la ley federal”.