Un reciente dictamen judicial emitido por una jueza federal del Centro de California recordó tanto al gobierno de Joe Biden como a los detractores de su política migratoria en la frontera, que los niños inmigrantes no acompañados hallados y/o detenidos en la frontera se encuentran protegidos por un acuerdo judicial de 1997.
Convertida en una de las principales defensoras de los derechos de los niños migrantes en las últimas dos décadas (bajo las administraciones de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden), la jueza Dolly Gee falló la semana pasada que los menores indocumentados no acompañados detenidos por la Patrulla Fronteriza y que son trasladados a las instalaciones de esa agencia federal para ser procesados, están sujetos a las reglas que dicta el Acuerdo Judicial Flores de 1997.
El citado acuerdo dicta la manera en que deben ser procesados los menores, el tiempo de permanencia en esas instalaciones y los derechos que tienen mientras están bajo la protección del gobierno, entre ellas que sus futuros en Estados Unidos deben ser resueltos por un juez de inmigración.
El reglamento del Acuerdo, ratificado en varias ocasiones por Gee tras demandas contra políticas implementadas por los gobiernos de Obama y Trump y ahora Biden, también regula los tiempos de privación de libertad de los niños y exige que sean tratados de manera segura, humana y en un entorno adecuado a sus edades.
La batalla de la jueza Gee
La jueza Gee ha librado una larga batalla legal en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997. Por ejemplo, el 24 de julio y el 21 de agosto de 2015, durante el gobierno de Obama, Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.
A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000 inmigrantes menores no acompañados.
El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto permaneció en centros de detención habilitados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busca de asilo.
Los Menores No Acompañados fueron entregados bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Tres años más tarde, en 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.
La jueza Gee denegó el pedido y describió la solicitud como “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de sin documentos en busca de asilo.
Sessions pidió a Gee alterar el acuerdo de 1997 después de que Trump diera marcha atrás a su política de separaciones forzadas que causó indignación cuando niños pequeños, algunos de meses, eran arrebatados de los brazos de sus padres tras levantarles a estos cargos criminales por ingreso ilegal al país, siendo que la presencia indocumentada es una falta de carácter civil.
Sessions fue despedido por Trump en noviembre de 2018 por desacuerdos, entre otros motivos, por el manejo de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera con México.
El gobierno de Trump apeló los fallos emitidos anteriormente por la jueza Gee ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, los que fueron desestimados.
De qué se trata el Acuerdo Flores de 1997
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia (DOJ), bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.
Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.
La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.
El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo los procedimientos de deportación.
El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (Federal Register) de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hubieran cometido delito alguno.
Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.
El Acuerdo Flores
En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.
Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.
Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 46,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar ilegalmente al país.
La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos.
La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.
El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997.
Abrumado por la explosión de arrestos en la frontera y sin estrategias claras para contener la oleada en busca de asilo, Obama comenzó a detener a menores no acompañados y unidades familiares colocándolos en procesos acelerados de deportación.
Se crearon centros temporales en distintos puntos del país para procesar los casos de deportación, pero el número de detenciones fue tal que colapsó las cortes de inmigración. También se abarrotaron los centros de detención, se sobrepasó la cantidad diaria de camas disponibles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y, al igual que la Patrulla Fronteriza, ambas agencias se vieron forzados a liberar indocumentados en proceso de expulsión por falta de espacios.
Obama forzó la detención de algunos menores y familias como estrategia para desmoralizar a los futuros migrantes, y con ello tratar de controlar la crisis.
La falta de planificación y de conocimiento de las causas que generaron el éxodo migratorio trajo consigo más problemas de los que el gobierno federal podía atender en ese momento. E incluso descubrió, tarde, que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en el país.
La crisis del 2014 parecía entonces un problema que recién comenzaba y no se veía una luz al final del túnel. Diez años más tarde el problema persiste y la jueza Gee continúa defendiendo la legalidad y vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997.
