La Policía Nacional en el marco de un operativo policial ha llevado a cabo en la provincia de Alicante la detención de 11 personas por delitos de favorecimiento a la Inmigración Ilegal, Falsedad Documental, Fraude a la Seguridad Social y Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral, tenencia ilícita de armas y pertenencia a Grupo Criminal.
La investigación llevada a cabo por agentes de Policía Nacional ha permitido desarticular a un grupo criminal encabezado por una ciudadana de la República Dominicana que tras usurpar la identidad de una bebé de dos meses fallecida, consiguió de forma fraudulenta el permiso de residencia y la nacionalidad española, creando todo un entramado delincuencial que llevaba operando desde hacía 10 años en España.
La investigación policial se inició varios meses atrás tras recibir información sobre una mujer que podría estar residiendo en España con una identidad usurpada, valiéndose de la misma para regentar empresas, comprar propiedades y traer de la República Dominicana a familiares y amigos a los que, tras conseguirles la residencia de forma fraudulenta, los utilizaba como testaferros, para que constaran como titulares de sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias.
Tras diversas vigilancias, seguimientos y labores de investigación consistentes en contactar con diferentes organismos, así como recabar y estudiar toda la información tanto en República Dominicana como en España, los agentes confirmaron que, efectivamente, una mujer con identidad usurpada se encontraba al frente de lo que sería un entramado delincuencial, formado por varias personas de su confianza, dedicado a la creación de empresas pantalla, que utilizaban para dar altas ficticias en la Seguridad Social, previo pago, a otras personas para obtener diferentes tipos de beneficios tanto en prestaciones por desempleo y/o administrativas como para obtener o renovar permisos de residencia en España o la nacionalidad, en el caso de extranjeros, o reagrupar a sus familiares.
Al frente de estas empresas, se encontraban testaferros (familiares y amigos) para complicar la detección de las personas que realmente administraban las mismas siendo la principal investigada y su pareja sentimental.
Así mismo, el dinero generado por los pagos de las personas que figuraban de alta falsamente, se utilizaba para la compra de viviendas, que tras ponerlas a nombre de terceras personas, eran reformadas por personas extranjeras en situación irregular, las cuales eran engañadas y explotadas laboralmente hasta la finalización de las reformas. Dichas viviendas las adquirían para utilizarlas de alquiler vacacional, habiéndose detectados por parte de los investigadores hasta 16 propiedades.
En el operativo se realizaron dos registros uno en el domicilio de los principales investigados sito en la localidad de Crevillente y otro en la localidad de Elda donde se encontraba una de las empresas ficticias, en ellos se intervinieron diversas armas blancas y de fuego simuladas, numerosos documentos falsos y multitud de documentación de empresas y de envíos de dinero a la República Dominicana, donde se encontraban algunos integrantes del citado entramado delincuencial.
La Investigación culminó el pasado mes de marzo, con la detención de los seis integrantes el Grupo Criminal asentados en España, residentes de los municipios de Elche, Elda y Crevillente y de otras cinco personas más que se beneficiaron de forma fraudulenta de cantidades de hasta 28.000 euros en prestaciones o regularizaron su situación administrativa en España con documentos falsos.
En total fueron 11 las personas detenidas, de nacionalidades española y dominicana, de entre 48 y 61 años de edad, los cuales fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.
La investigación policial continúa abierta, no descartándose la detención de más personas integrantes de la Organización Criminal.
Desde hace unos años, se viene detectando la constitución de las denominadas “empresas ficticias”. Se trata de sociedades sin una actividad real, que son utilizadas para dar de alta en el Sistema de la Seguridad Social como trabajadores de las mismas a un variable número de personas, sin que realicen trabajo o prestaciones de servicios para las empleadoras, con la finalidad de que los falaces trabajadores obtengan de forma fraudulenta prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público Estatal (SEPE) u otro tipo de beneficios que la filiación a la Seguridad Social lleva inherentes, como bajas por incapacidad temporal, prestación por maternidad, subsidios a mayores, etc.
En otras ocasiones, el propósito buscado es, bien la obtención o renovación por parte de ciudadanos extracomunitarios del permiso de residencia y trabajo, bien la reagrupación de familiares, causando asimismo alta en el Organismo de Cobertura Social, cuyo período es de igual modo computable para la obtención del derecho a prestación o subsidio y además, es habitual que se utilice el alta fraudulenta y/o el contrato laboral ficticio así como las nóminas falsas, para acreditar medios de vida a la hora de obtener asistencia sanitaria gratuita, alquilar viviendas, pedir préstamos, realizar compras con pago aplazado, etc.
