El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, reclama a la ministra Mónica García la transferencia de la competencia de homologación o equivalencia de títulos universitarios extranjeros de medicina y enfermería, y de sus especialidades, a los títulos, niveles o grados universitarios españoles. Así lo ha pedido en una carta en la que reconoce que esta medida está encaminada a paliar el endémico déficit de profesionales sanitarios a nivel nacional.
Ante la escasez de médicos, las comunidades exploran distintas fórmulas para cubrir las vacantes, sobre todo en Atención Primaria en el mundo rural. Y una de las iniciativas para hacer frente a esta situación pasa por contratar a facultativos extracomunitarios con el título homologado pero sin especialización vía mir para suplir huecos en centros de salud.
Actualmente, en Aragón trabajan como médicos de Atención Primaria, sobre todo en Atención Continuada, 66 facultativos extracomunitarios que tienen la titulación de medicina homologada pero no tienen reconocida la especialidad aún. De ellos, 28 están contratados desde el anterior Gobierno y otros 38 han sido contratados con el actual Ejecutivo autonómico.
Aragón pide asumir las competencias en esta materia porque ante el problema de falta de médicos se está buscando profesionales extracomunitarios, “pero el proceso de homologación es largo“.
El consejero destaca que “es pública y notoria” la “urgencia” en resolver el grave problema que comparten las comunidades respecto de la falta de profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud. En este sentido, recalca la situación de la Atención Primaria, donde al déficit de médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria se suma el de otras especialidades e incluso personal de profesionales de enfermería.
Para Bancalero, el sistema formativo nacional “no está siendo capaz de proveer especialistas al ritmo suficiente para abordar el relevo de la abundante generación de médicos de familia” que llegan a la jubilación, “lo que condiciona, dificulta y pone en riesgo la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos”.
Este problema común se “agrava” en comunidades, como Aragón, que están obligadas a mantener una gran estructura y a ofrecer recursos asistenciales en atención primaria que faciliten el acceso a la asistencia sanitaria a una población que reside en un “territorio extenso, con gran dispersión geográfica, con marcados índices de envejecimiento y con una alta carga de cronicidad“.
