(CNN) — El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, evitó la amenaza de una extradición inmediata a Estados Unidos después de que el Tribunal Superior de Londres pidiera a Estados Unidos más garantías.
Las autoridades estadounidenses dicen que Assange, de 52 años, puso vidas en riesgo al publicar documentos militares secretos y durante años han estado buscando su extradición por cargos de espionaje.
En una audiencia de dos días el mes pasado, Assange pidió permiso para apelar la aprobación de su extradición por parte del Reino Unido en 2022, argumentando que el caso en su contra tenía motivaciones políticas y que no enfrentaría un juicio justo.
En un fallo del martes, un panel de dos jueces dijo que Assange, un ciudadano australiano, no sería extraditado de inmediato y dio a Estados Unidos tres semanas para dar una serie de garantías sobre los derechos de Assange bajo la Primera Enmienda y que no recibiría la pena de muerte.
Si Estados Unidos no los entrega, a Assange se le permitiría apelar su extradición en una audiencia en mayo. El fallo ofrece potencialmente a Assange un extraordinario salvavidas en una saga de años que lo vio saltar a la fama mundial por revelar lo que describió anteriormente a CNN como “evidencia convincente de crímenes de guerra” cometidos por la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas del gobierno iraquí.
El caso Assange y el asunto de la libertad de prensa
Assange ha luchado contra la extradición durante los últimos cinco años desde la prisión de Belmarsh en Londres, y durante siete años antes estuvo refugiado como refugiado político en la embajada de Ecuador en la capital del Reino Unido.
Su caso ha provocado la condena de los defensores de la libertad de expresión que dicen que si se permite su extradición tendrá un efecto paralizador sobre la libertad de prensa.
El tribunal dijo el martes que Assange tenía “perspectivas reales de éxito” en tres de los nueve motivos de apelación: que su extradición es incompatible con la libertad de expresión; que, de ser extraditado, Assange podría verse perjudicado en el juicio debido a su nacionalidad; y que, de ser extraditado, no disfrutaría de la protección adecuada de la pena de muerte.
Pero el tribunal se negó a concederle autorización para apelar alegando que la acusación tiene motivaciones políticas. “El juez concluyó, basándose en las pruebas, que el señor Assange no había demostrado que la solicitud se hiciera con el fin de procesarlo a causa de sus opiniones políticas”, dijo.
Dijo que el juez había tenido en cuenta las pruebas de que la CIA había planeado secuestrar a Assange en la embajada de Ecuador, pero el juez “concluyó que esto no estaba relacionado con el proceso de extradición”.
Nick Vamos, jefe de delitos comerciales del bufete de abogados Peters & Peters y exjefe de extradición de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, le dijo a CNN por qué algunos de los argumentos de Assange fueron desestimados.
“Assange no estaba siendo procesado por periodismo o por exponer graves crímenes de Estado, sino por piratear y luego publicar los nombres de fuentes que estaban en grave peligro”, dijo.
“En resumen, los periodistas no tienen inmunidad procesal por conducta criminal simplemente porque esa conducta es también una actividad periodística”.
Vamos agregó que pensaba que Estados Unidos tendría “pocas dificultades para brindar estas garantías” al tribunal, allanando el camino para la extradición de Asssange.
Dijo que brindar garantías de que Assange no enfrentaría la pena de muerte es “sencillo”, mientras que la garantía de la Primera Enmienda es esencialmente una cuestión de tácticas en el juicio.
Stella Assange, la esposa de Assange, dijo a los periodistas fuera del tribunal después del fallo que su marido es un “prisionero político”.
“Los cargos en su contra son para castigarlo por publicar la verdad, por publicar pruebas de los crímenes de guerra cometidos por el país que intenta extraditarlo”, dijo.
Pidió a la administración Biden que “abandone este vergonzoso caso que nunca debería haberse presentado”.
De qué lo acusa EE.UU.
Assange está siendo perseguido por las autoridades estadounidenses por publicar registros militares confidenciales proporcionados por la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning en 2010 y 2011.
En 2019, los fiscales de Virginia acusaron a Assange de 18 delitos, incluido un cargo de conspiración para intentar piratear una computadora en relación con la publicación en 2010 de material militar clasificado obtenido a través de Manning y 17 cargos adicionales en virtud de la Ley de Espionaje.
La fiscalía alega que Assange incitó a Manning a obtener miles de páginas de cables diplomáticos estadounidenses sin filtrar que potencialmente ponían en peligro fuentes confidenciales, informes de actividades importantes relacionadas con la guerra de Iraq e información relacionada con los detenidos en la Bahía de Guantánamo.
Cada uno de esos cargos conlleva una sentencia potencial de 10 años, lo que significa que, de ser declarado culpable, Assange podría ser sentenciado a hasta 175 años de prisión.
Assange no estuvo presente en la crucial audiencia de último momento en febrero porque estaba demasiado “enfermo” para asistir, según uno de sus abogados.
