By DANICA KIRKA
LONDRES (AP) — Los planes de Reino Unido para enviar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda fueron rápidamente condenados por organizaciones humanitarias internacionales luego de que el parlamento aprobó la legislación que permite que los vuelos de deportación comiencen más adelante este año.
Tanto la agencia de Naciones Unidas para los refugiados como el Consejo de Europa pidieron el martes a Reino Unido que reconsidere sus planes debido a la preocupación de que la ley socave la protección de los derechos humanos y el temor de que perjudique la cooperación internacional para atajar la crisis migratoria global.
“La nueva legislación supone un paso más para alejarse de la larga tradición británica de proporcionar refugio a quienes lo necesitan, contraviniendo la Convención sobre los Refugiados”, dijo el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en un comunicado. “Proteger a los refugiados requiere que todos los países — no solo los que están cerca de las zonas de conflicto — cumplan con sus obligaciones”.
La declaración se publicó horas después de que la Cámara de los Lores abandonó sus intentos de enmendar la legislación, allanando el camino para que se convierta en ley. El primer ministro, Rishi Sunak, dijo el lunes que los vuelos de deportación a Ruanda comenzará en unas 10 o 12 semanas.
Michael O’Flaherty, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, criticó la legislación por impedir que los solicitantes de asilo pidan a los tribunales que intervengan cuando se vean amenazados con ser devueltos a los países de los que huyen.
“La adopción de la Ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) por parte del Parlamento británico plantea importantes cuestiones sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y el Estado de Derecho más en general”, apuntó O’Flaherty en un comunicado. “El gobierno de Reino Unido debe abstenerse de expulsar a personas en virtud de la política de Ruanda y revertir la infracción efectiva de la independencia judicial que supone el proyecto de ley”.
Los comentarios coincidieron con los reportes en la prensa francesa de que al menos cinco personas fallecieron el martes cuando un bote cargado con 100 migrantes o más pasó problemas cuando trataba de cruzar el Canal de la Mancha.
El gobierno de Sunak sostiene que sus planes de deportación ayudarán a frenar las llegadas ilegales porque los migrantes no realizarán la peligrosa travesía marítima en balsas hinchables en malas condiciones si saben que corren el riesgo de ser enviados a Ruanda.
Los cruces en pequeños botes son un problema político en Reino Unido, donde se considera que son una evidencia del fracaso del gobierno para controlar la inmigración.
Sunak ha convertido su plan para “frenar los botes” un una promesa clave de campaña mientras su Partido Conservador ocupa una mala posición en las encuestas previas a las elecciones generales que se celebrarán más tarde este año.
El número de personas que llegaron al país en este tipo de embarcaciones se incrementó hasta las 45,774 en 2022 desde las apenas 299 de cuatro años antes, ya que quienes huyen de la guerra, la hambruna y los problemas económicos pagan miles de dólares a bandas criminales para que les ayuden a cruzar el canal.
Las llegadas de estos botes cayeron a 29.437 el año pasado tras las medidas tomadas por el gobierno contra los traficantes de personas y el acuerdo para devolver a los albaneses a su país.
El exprimer ministro Boris Johnson propuso por primera vez el plan hace más de dos años, cuando alcanzó un acuerdo para que la nación del este de África aceptase a varios solicitantes de asilo a cambio cuatro millones de libras (dólares) en ayudas. La puesta en marcha de la iniciativa se vio obstaculizada por varias demandas judiciales y la oposición de activistas promigración, que sostienen que viola las leyes internacionales.
Los deportados podrán solicitar asilo en Ruanda, pero no se les permitirá volver a Reino Unido.
La legislación aprobada en el parlamento en la madrugada del martes responde a la decisión de la Corte Suprema británica que bloqueó los vuelos de deportación debido a que el gobierno no podía garantizar la seguridad de los migrantes enviados a Ruanda.
El gobierno de Ruanda, por su parte, celebró la aprobación del proyecto de ley y apuntó que subraya el trabajo realizado para hacer del país un lugar “seguro” desde el genocidio de hace 30 años.
“Estamos comprometidos con el acuerdo para la migración y el desarrollo económico con Reino Unido y esperamos dar la bienvenida a los reubicados en Ruanda”, dijo la vocera del ejecutivo, Yolande Makolo.
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El periodista de The Associated Press Ignatius Ssuuna en Kigali, Ruanda, contribuyó a este despacho.
