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Persiste la falta de productos en las góndolas de Puerto Rico

Autor: Efrain Montalban Rios

A pesar de que hubo una mejoría, al finalizar el 2023, el nivel de productos no disponibles en las góndolas de supermercados y comercios en Puerto Rico se mantuvo por encima de años previos a la pandemia del Covid-19, según datos divulgados este viernes por Francisco Cabrero Ojeda, presidente de Professional Market Research (PMR).

El año pasado el indicador culminó con un 16.3% de productos faltantes en las góndolas del país y aunque la cifra supone una reducción al compararse con el 2022, cuando casi se ubicó en 20%, tal deficiencia de productos está muy por encima de los niveles de productos faltantes en Estados Unidos, según Cabrero Ojeda.

En Estados Unidos, el año pasado, el nivel de productos faltantes -lo que en la jerga técnica se conoce como “out of stock”- se ubicó en un 8.3%. Mientras, el pasado mes el nivel de faltantes en góndola fue de 15.54%, según los datos de PMR.

“Puerto Rico, precisamente, es un mercado de alta densidad poblacional, con unos retos logísticos que todos conocemos y un impuesto al inventario, así que esas tres combinaciones hacen de este mercado un área perfecta para el out of stock”, adjudicó Cabrero Ojeda.

De acuerdo con datos recopilados por la firma Aquino, De Córdova, LLC, los productos más afectados por el out of stock en Puerto Rico son lácteos y no alimentarios, siendo los licores los menos afectados.

La falta de productos se agudizó luego de la pandemia, cuando aumentó en un 250% a nivel nacional. Menos productos supone menos ventas, y en dólares y centavos, tal deficiencia significó un impacto de sobre $2,000 millones para la economía estadounidense, expuso Cabrero Ojeda.

El presidente de PRM subrayó que, en Puerto Rico, el out of stock de 16.3% representa una oportunidad de $495 millones.

La falta de productos en las góndolas ha contribuido a que los consumidores cambien sus hábitos de compra y busquen otras marcas o abandonen las tiendas.

La mayoría de los consumidores pagan con el PAN

Según datos de la encuesta “Retrato de la Industria de Alimentos en Puerto Rico 2023″, el principal método de pago en los supermercados, ocupando el 33% de las transacciones, fue realizado por beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Esos datos revelan que, al menos, una de cada tres familias en la isla hacen compra subsidiada por fondos federales, mientras que, en Estados Unidos, solo una de cada 10 familias es dependiente del programa federal, confirmó en su presentación, Eduardo González Green, contador público autorizado (CPA).

Eduardo González Green, contador público autorizado (CPA) y socio de la firma Aquino, De Córdova, LLC.
Eduardo González Green, contador público autorizado (CPA) y socio de la firma Aquino, De Córdova, LLC. (Suministrada)

“En mis clientes, cuando comparo tiendas con bajo por ciento (de clientes) del PAN con otra tienda con gran por ciento del PAN, esta tienda con mayor por ciento, el gross profit –ganancia bruta- es menor, porque son susceptibles al precio. Cuando hubo las ayudas económicas, […] entonces, las tiendas que tenían mayor porcentaje del PAN tenían un gross profit mejor”, explicó González Green.

A ese método de pago le siguió el de débito con un 28% y las transacciones en efectivo con 17%, figurando como el tercer método de pago más utilizado el pasado año.

El estudio también reveló que el gasto promedio por consumidor fue de $35.34, cifra a la que se le añaden unos $6 por incremento de inflación, indicó el CPA.

El 89.7% de los supermercados encuestados indicó que los precios continúan aumentando, según el estudio.

Efecto del impuesto al inventario

De acuerdo con Cabrero Ojeda, uno de los principales elementos que más afecta el proceso de logística y de compra de productos es el impuesto al inventario, puesto que muchas empresas optan por no comprar en exceso para que no se les cobre demás por concepto de esa tasa.

“El tú tener un impuesto lo que hace es que limita la capacidad de una compañía de comprar bienes para poderlos revender y muchas veces se limitan en esa compra para que no se les vaya a quedar y no les vaya a costar. Entonces, hay una limitación de compra de productos y esa limitación causa out of stock, explicó Cabrero Ojeda.

De eliminarse el impuesto al inventario, el nivel de faltantes en góndolas disminuiría entre 3% y 4% en los supermercados, proyecto Cabrero Ojeda. Empero, el ejecutivo reconoció que no resolvería todo el problema, dado que Puerto Rico es una isla que importa gran parte de lo que se consume.

Por su parte, González Green detalló que Puerto Rico cuenta con un promedio de 20 días de inventario, similar a Estados Unidos.

Sin embargo, para el CPA, contar con solo 20 días de inventario de alimentos resulta en “una emergencia nacional” ante la posibilidad de que se produzca una emergencia, por lo que exhortó a que se identifiquen las alternativas para aumentar el inventario como la eliminación el impuesto.

“Si aumentas cuatro días –de los 20 de inventario- es un 20% que estás aumentando. Nosotros nunca hemos tenido en un supermercado niveles de 26 y 27 días porque son productos perecederos, o sea, que típicamente no esperamos mucho, pero aumentando cuatro días me parece fenomenal”, dijo González Green a El Nuevo Día.

Esta semana, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, insistió en que el gobierno y la Legislatura deben identificar las alternativas necesarias para eliminar el impuesto al inventario, por su impacto al desarrollo económico y por seguridad.

Reformar el impuesto sobre el inventario es fundamental para garantizar los suministros a Puerto Rico, prepararse para las emergencias y ayudar a las familias de Puerto Rico a comprar los productos que necesitan”, indicó Mujica.

La Cámara baja aprobó el Proyecto de la Cámara 1798, con el que se pretende establecer un pago fijo por el inventario por un periodo de cinco años para identificar cómo sustituir lo que costaría a los municipios su eliminación. La medida se encuentra bajo la consideración del Senado, según el trámite legislativo.

Los municipios reciben $237 millones anualmente por concepto del impuesto al inventario, según datos de la JSF.

Una de las alternativas que sugirió el CPA a El Nuevo Día es que consoliden los servicios administrativos de los municipios, de modo que se genere el ahorro necesario para eliminar el impuesto al inventario.

John Peguero colaboró en esta historia.

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