BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. —
La mayoría republicana en el Senado de Luisiana aprobó el lunes un proyecto de ley que otorgaría facultades a los departamentos locales y estatales de policía para detener y encarcelar a personas en el estado que hayan ingresado al país de forma ilegal, similar a una iniciativa en Texas.
En medio de una disputa a nivel nacional entre los estados con gobiernos republicanos y el presidente, el demócrata Joe Biden, en torno a cómo y quién debería resguardar la frontera entre Estados Unidos y México, Luisiana se suma a una creciente lista de legislaturas que buscan expandir la autoridad de los estados en materia de seguridad fronteriza.
Los partidarios de la iniciativa, como la autora de la medida, la senadora estatal Valarie Hodges, afirman que Luisiana tiene el “derecho de defender a nuestra nación”. La republicana ha acusado al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades en la aplicación de las leyes de inmigración, un argumento ampliamente utilizado por mandatarios republicanos de todo el país.
Los opositores arguyen que la medida es inconstitucional, no hará nada para que el estado sea más seguro y únicamente avivará el discurso negativo y falso dirigido hacia los migrantes.
A lo largo y ancho del país, las legislaturas republicanas han impulsado medidas estrictas en materia migratoria. La cámara baja de Oklahoma aprobó un proyecto de ley que prohibiría el uso de ingresos estatales para brindar prestaciones a quienes viven de forma ilegal en el país y residan en el estado. Una propuesta en Tennessee, que aguarda a ser promulgada por el gobernador, obligaría a todas las agencias policiales del estado a ponerse en contacto con las autoridades federales de migración en caso de descubrir a personas que estén de forma ilegal en el país. Medidas similares a partes de la ley de Texas están a la espera de recibir la firma del gobernador en Iowa, mientras que en la legislatura estatal de Idaho hay una más pendiente.
Aunque Luisiana no comparte frontera con México, las iniciativas y políticas dirigidas contra los inmigrantes sospechosos de estar ilegalmente en el país han ocupado un lugar central del debate político durante los primeros cuatro meses del nuevo gobierno conservador. Un proyecto de ley prohíbe las políticas de ciudades santuario que permiten que las agencias policiales se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración a menos que lo ordene un tribunal. Otro destinaría fondos para el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Luisiana a la frontera entre México y Estados Unidos en Texas. El nuevo gobernador, el republicano Jeff Landry, también ha girado instrucciones a las agencias estatales para que se recolecten y publiquen datos sobre los inmigrantes en el estado.
“Creo que todos aquí saben que tenemos una crisis en la frontera y que nuestro gobierno federal no está haciendo nada para ayudar a los estados”, dijo la senadora Hodges durante el debate en el pleno del lunes.
La iniciativa de Luisiana tipificaría como delito “el ingreso o reingreso ilegal” a Luisiana. El reingreso ilegal incluye a personas a las que previamente “se les negó la admisión, se les excluyó, deportó o fueron expulsadas de alguna manera de Estados Unidos”. La iniciativa fue aprobada en el Senado en bloques partidistas luego de 10 minutos de debate. La medida ahora se dirige a la Cámara de Representantes.
Al igual que la ley de Texas, la cual está suspendida por orden de un tribunal federal de apelaciones que sopesa si continúa bloqueando su aplicación en lo que se resuelven nuevas apelaciones, la iniciativa de Luisiana ampliaría la facultad de policías locales y estatales. Además, Hodges dijo que “daría inicio al proceso de deportación”. La aplicación de las leyes de inmigración referentes al ingreso ilegal al país y las deportaciones han sido desde hace tiempo de dominio exclusivo de las autoridades federales.
Según la iniciativa de Luisiana, cualquier persona que viole la ley propuesta enfrentaría una pena de hasta un año en prisión y una multa de 4.000 dólares por una primera ofensa, y hasta dos años de cárcel y una multa de 10.000 dólares por una reincidencia. Los testigos necesarios o las víctimas de ciertos delitos —como homicidio, violación, tráfico de personas, secuestro, servidumbre involuntaria y chantaje— serían la excepción.
Además, el proyecto de ley le autorizaría al gobernador Landry a concretar un convenio interestatal con Texas y otros estados dispuestos a participar en las tareas de seguridad fronteriza que encabeza Texas. Los simpatizantes afirman que la disposición ayudará a evitar los cruces fronterizos ilegales al compartir información y “recursos estatales para conformar sistemas de seguridad y barreras físicas para disuadir la actividad ilegal a lo largo de la frontera”.
Quienes se oponen al proyecto de ley de Luisiana aseguran que es un abuso de la autoridad estatal, incrementaría el encasillamiento racial y atascaría los sistemas de tribunales.
“Va a crear un retraso de casos en nuestras cortes, va a drenar los recursos estatales, no va a reducir realmente la delincuencia ni hará que Luisiana sea más segura”, declaró Huey Fischer García, abogado del Southern Poverty Law Center, durante una audiencia sobre la iniciativa el mes pasado.
En caso que la cámara baja de Luisiana apruebe la medida y sea promulgada por el gobernador, quien según Hodges está a favor de la iniciativa, entraría en vigor únicamente si la Corte Suprema ratifica la ley de Texas o si se enmienda la Constitución de Estados Unidos para aumentar la autoridad local en materia de seguridad fronteriza.
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Los periodistas de The Associated Press Hannah Fingerhut, en Des Moines, Iowa; Sean Murphy, en Oklahoma City; Jonathan Mattise, en Nashville, Tennessee; y Rebecca Boone, en Boise, Idaho; contribuyeron a este despacho.
