Desde que Isabel Díaz Ayuso denunció el “caos” por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la llegada de migrantes procedentes de Canarias a la Comunidad de Madrid han pasado dos meses y medio, tres desde que se acogió en la región a los primeros. Desde entonces han seguido llegando migrantes de Senegal, Malí, Mauritania, Gambia, Guinea-Conakri… Pero igual que han llegado, muchos se han marchado. Los dos campamentos que el Gobierno levantó de urgencia para dar respuesta a la ola de personas que llegaron a las costas canarias el pasado otoño han ido incrementando el número de plazas hasta “estabilizarse”, dicen en la Delegación del Gobierno de Madrid. Entre ambas, suman ahora más de 2.700 camas, ocupadas al 90% según los datos del Ministerio de Migraciones que encabeza Elma Saiz.
Aquí reciben talleres de normas cívicas, de los trámites a los que se pueden enfrentar, de cuáles son las normas municipales que deben conocer para evitar problemas de convivencia, en definitiva, se les explica “cuál es el mundo que se van a encontrar fuera del campamento”, explican desde Accem, la ONG encargada de gestionar el funcionamiento interno del campamento que se levantó en Alcalá de Henares. El del cuartel Artega de Carabanchel, en la capital, lo lleva Cruz Roja. Se les enseña todo esto, junto con el idioma, porque el objetivo es que salgan de allí, que la estancia en estos campamentos sea temporal mientras encuentran una red familiar o de conocidos a la que engancharse y seguir su vida.
En Alcalá, en concreto, la estancia media es de “unos 50 días aproximadamente”. Es decir, menos de dos meses. Esto significa que gran parte de los que llegaron en diciembre ya no están. Los que siguen, explican desde Accem, son “posibles menores” o han manifestado su voluntad de solicitar asilo, y la tramitación para esto último está colapsada según denuncian fuentes del sector.
En este municipio madrileño, a 26 de marzo, se ha atendido en estos tres meses a 2.822 personas. La mitad, 1.491 ya han dejado el centro, según la información que facilita el Ministerio, y otros han ocupado su sitio en un campamento que comenzó teniendo 1.200 plazas y ahora tiene 1.360 disponibles, aunque en el departamento de Saiz apuntan que su capacidad estaba “fijada de antemano” y se fueron abriendo “por fases” hasta tener todas las plazas operativas.
Alcalá pide un plan de seguridad
Este es uno de los puntos que tres meses después sigue generando críticas por parte del gobierno municipal. Los datos llegan “a posteriori”, lamenta la alcaldesa Judith Piquet, que continúa quejándose de falta de información por parte del Gobierno señalando como escaso la correspondencia semanal con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En la segunda quincena de marzo el pleno municipal aprobó una moción con los votos de PP y Vox en la que solicitaban al Gobierno la elaboración de un plan de seguridad para estos migrantes. “Cuando convoco la junta local de seguridad, se nos critica por convocarla, por decir que unimos inmigración con seguridad, pero yo solo pido un plan de seguridad y otro de convivencia”, deplora Piquet.
Tras las denuncias de la alcaldesa de incidentes en vía pública supuestamente provocados por las personas alojadas en este campamento, Ayuso convocó allí un consejo de Gobierno en un claro gesto de apoyo político. Fue entonces cuando alertó de “reyertas graves”, brotes de sarna y denuncias de agresiones sexuales supuestamente cometidas por inmigrantes del campamento. La alcaldesa reconoce que no se han vuelto a detectar incidentes fuera pero insiste en que sí se producen dentro -algo que refutan desde Accem- y por eso considera que es “una barbaridad” no tener un plan como el que pide. “Ellos (el Gobierno) tapan, minimizan, pero no significa que no se esté produciendo, me niego a que rechacen un plan porque cuando vuelva a haber algún incidente afectará a un ciudadano” de Alcalá, señala: “Me niego”.
Su queja, sin embargo, va más allá. El Gobierno no tiene una fecha de cierre prevista para estos centros y esto es algo que pone nervioso al equipo municipal. “Dicen que hay un problema migratorio, pero lo derivan a los municipios. Si dicen que no es temporal, están creando un CIE encubierto. Además, se están haciendo obras para climatizar (el campamento), por lo que preveo que se demorará bastante” el cierre, denuncia con enfado.
“Situación de emergencia” migratoria
El Ministerio entiende que se deben mantener mientras haya una situación de “emergencia de acogida”. El delegado del Gobierno en Madrid rechaza las críticas y asegura que los municipios tienen “toda la información disponible”. Martín ya denunció en una entrevista en este periódico que el discurso de la alcaldesa y de Ayuso que relaciona seguridad e inmigración es el germen de los delitos de odio asociados al racismo que han crecido en Madrid. Y dispara señalando que las dos dirigentes madrileñas tienen “una actitud lamentable“, sugiriendo que tratan de distinta manera a los migrantes que llegaron de Ucrania de los que llegan del continente africano.
“Habrá migrantes allí mientras sea necesaria una respuesta solidaria que requiera de un centro de esas características”, “Madrid y Alcalá están dando ejemplo de acogida a pesar de la actitud de la presidenta regional y de la alcaldesa de Alcalá”, zanja.
La capital pedirá una reunión
Lo cierto es que la postura del Ayuntamiento de Madrid respecto al campamento de Carabanchel es algo distinta. El alcalde José Luis Martínez Almeida criticó también en su día el descontrol y la falta de coordinación, pero los mensajes que salen de su equipo tres meses después, aun siendo críticos, evitan el choque directo. Para empezar no denuncian conflictos o incidentes vinculados a este centro. Mientras Piquet denuncia que los servicios sociales y organizaciones como Cáritas o Cruz Roja “dicen que ya no tienen plazas para ofrecer” y los migrantes acuden “a las parroquias” en busca de ayuda, en la capital confirman que su red municipal no se ve afectada ni superada por necesidades extraordinarias de los migrantes que se encuentran en el campamento de Carabanchel.
De aquí han salido ya 2.155 desde su apertura a finales de año, ahora hay 1.115 migrantes (de un total de 1.460 plazas habilitadas -al principio eran 1.220) y 89 personas en pensiones. Pero siguen pensando que lo que sucede dentro “es opaco” y les falta información. Lo que sí tienen en la capital, dicen, es un problema paralelo por el “colapso migratorio” producido por la falta de tramitación de las solicitudes de asilo. De momento, en abril, pedirán previsiblemente otra reunión con el Ministerio de Migraciones para que fluya la información.
