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La peor semana de la gestión económica del presidente boliviano Luis Arce

Autor: El Pais America

Los políticos bolivianos suelen pasar el carnaval en los grandes festivales que se organizan por estas fechas, pero este año los voceros del Gobierno tuvieron que trabajar. Tenían la misión de aquietar la alarma general de la población por la situación económica, después de una semana llena de problemas y malas noticias. La peor de la gestión de tres años del presidente Luis Arce.

La campanada la dio la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que rebajó la deuda boliviana en bonos soberanos de “B-” a “CCC”, es decir, la pasó, dentro de la escala “sin grado de inversión”, de una seguridad “variable” a una “vulnerable”. La empresa hizo saber que “es raro” que los bonos emitidos por un país obtengan una calificación tan baja. Y justificó su decisión, que el Gobierno boliviano considera injusta, por la falta de reservas de divisas internacionales que sufre el país.

El nivel real de las reservas es desconocido, pues el Banco Central de Bolivia (BCB) no mantiene actualizada la información desde que, hace exactamente un año, se produjera una “demanda inusitada” de dólares y los bancos comenzaran a racionar la moneda estadounidense. En ese momento cambiaron las expectativas del público, que comenzó a acumular dólares y a venderlos a un precio mayor que el oficial de 6,96 bolivianos por unidad.

De acuerdo a un estudio privado, el BCB efectivamente cuenta con alrededor de 340 millones de dólares, descontando el oro que posee pero no está autorizado a vender. Esta cifra no alcanza ni para cubrir un mes de las importaciones de bienes del extranjero.

El país no tiene de dónde obtener las divisas que necesita. En 2023, sus importaciones fueron más altas que sus exportaciones en 585 millones de dólares, sobre todo a causa de la debacle de su industria de hidrocarburos y a la necesidad que esta le ha creado de importar carburantes cada año por más de 3.000 millones de dólares.

En este contexto, no queda más que echar mano de los dólares que están en manos de la población, que se calcula ascienden a 10.000 millones. Así que, de manera inevitable, el precio del dólar en el mercado paralelo ha ido subiendo. Actualmente se encuentra por encima de los 8 bolivianos, lo que representa una devaluación de facto del 15%. Todavía más alto es el precio para los importadores, que necesitan grandes sumas para realizar sus operaciones. Como los bancos están prohibidos de vendérselas a un tipo de cambio mayor que el oficial, les cobran “comisiones” que están entre el 15 y el 25% del monto demandado.

La escasez de dólares y los nuevos precios del billete verde han comenzado a afectar la capacidad de compra de los importadores. En un comunicado que causó temor, la Cámara Farmacéutica Boliviana advirtió que la carestía de dólares “puede afectar en un corto tiempo el normal abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el país, ya que se está encareciendo la producción e importación y corremos el riesgo de que los proveedores suspendan sus provisiones por falta de pagos”. Otros sectores empresariales también han expresado su preocupación por el futuro de sus negocios. El problema más serio, sin embargo, lo debe solventar el Gobierno, que está obligado a sostener un mercado de carburantes completamente nacionalizado y de precios fijos y subsidiados. Las fallas en el aprovisionamiento de gasolina y diésel que genera la falta de divisas son constantes y, periódicamente, causan pánicos de los consumidores, que forman interminables filas antes las estaciones de servicio.

A pesar de todo, la inflación sigue siendo muy baja, de 3% anual, una cifra a la que se aferra el aparato comunicacional del Gobierno. El sistema financiero también se halla a salvo, porque la inmensa mayoría de sus operaciones se realizan con la moneda nacional.

Bolivia está relativamente poco endeudada, así que en teoría podría recurrir a créditos para compensar su actual déficit de financiamiento, pero la tarea no resulta fácil. El riesgo país, establecido en calificaciones como la de Fitch, hace prohibitivo el costo de los nuevos bonos que podría emitir. De todas formas, el Gobierno está estudiando la manera de hacerlo. En cuanto a los créditos de otros países y de los organismos multinacionales, más de 800 millones de dólares ya comprometidos están detenidos en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no tiene la mayoría necesaria para aprobarlos. La oposición los está bloqueando para lograr que se resuelvan diversos problemas políticos. Por otra parte, es impensable que el izquierdista Luis Arce pida ayuda al Fondo Monetario Internacional.

A fin de remediar en algo la situación, las autoridades financieras están aprovechando que los mineros nacionales producen unas 50 toneladas de oro al año para comprarles el metal e incorporarlo a las reservas. Esperan adquirir oro por unos 500 millones de dólares en 2024. El informe de Fitch encuentra que la información que existe sobre esta estrategia es insuficiente. Internamente, se duda de que el BCB sea capaz de monetizar demasiado oro, ya que, para ello, este debe ser certificado mediante un procedimiento engorroso. Varios economistas creen que, a este paso, el dólar costará 10 bolivianos a fines de 2024, una devaluación del 30%.

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