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Columna de Tim Steller: la Corte da inmunidad a agentes de la Patrulla cuando violan derechos

Autor: Arizona Daily Star

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El juez Clarence Thomas y la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos se han creído la hipérbole fronteriza, y los residentes del sur de Arizona y del resto de las zonas fronterizas de Estados Unidos podrían pagar el precio.

Thomas redactó la opinión de una mayoría de 6 jueces contra 3 publicada la semana del 6 de junio y concluyó, básicamente, que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos son inmunes a las demandas federales, incluso cuando violan los derechos constitucionales de los estadounidenses sobre su propiedad privada. Esto debilita aún más los derechos constitucionales de los residentes en las zonas fronterizas, donde ya de por sí están degradados. 

El razonamiento de Thomas y esa mayoría será familiar para las personas que han seguido el intento de la Patrulla Fronteriza de transformarse desde el 11 de septiembre de 2001. Esencialmente, sin importar lo que estén haciendo, los agentes de la Patrulla Fronteriza están desempeñando una función de “seguridad nacional”, dictaminó el tribunal. Por lo tanto, deben estar protegidos de las demandas incluso cuando violan los derechos de los estadounidenses.

Tim Steller, columnista de opinión del Arizona Daily Star

Y esto es así, aun cuando un agente como Erik Egbert arroja al suelo a un ciudadano estadounidense como Robert Boule en su propiedad, el incidente que motivó esta demanda. Aunque Egbert prosiguió con ese abuso al denunciar al estadounidense por parte del IRS, el tribunal dictaminó que los agentes son demasiado importantes para nuestra seguridad como para ser amenazados con juicios por su mala conducta.

“Permitir una demanda contra un agente de la Patrulla Fronteriza presenta preocupaciones de seguridad nacional que excluyen el alivio de Bivens”, escribió la mayoría, citando el caso de 1971, Bivens, que establece condiciones limitadas para demandar a los agentes federales que violan los derechos de las personas.

El fallo del 8 de junio continúa: “Preguntamos aquí si un tribunal es competente para autorizar una acción por daños y perjuicios no solo contra el agente Egbert sino también contra los agentes de la Patrulla Fronteriza en general. La respuesta, claramente, es no”.

El fallo amplía la lógica del fallo de la corte de 2020 en el caso Hernández vs Mesa, un caso en el que un agente disparó y mató a un adolescente mexicano que se encontraba en el lado mexicano de la frontera. El tribunal dictaminó que la familia del adolescente en México no podía demandar al agente que le disparó; este fallo dice que incluso los estadounidenses en territorio estadounidense no pueden demandar a los agentes por violar sus derechos constitucionales.

Esa inmunidad frente a demandas se sumará, sin duda, a la impunidad que tienen muchos agentes que se portan mal. La disciplina interna de la agencia es opaca para la ciudadanía, por lo que generalmente no está claro si los agentes alguna vez son reprendidos internamente por abusar de los ciudadanos. En este caso, Egbert no fue disciplinado al interior de la institución.

Y encima, los fiscales son reticentes a presentar casos penales contra los agentes por tiroteos o abuso, porque rara vez obtienen condenas. (Ganan condenas contra agentes acusados ​​de corrupción y, a veces, agresión sexual).

En otras palabras, a las personas que viven en las comunidades donde la Patrulla Fronteriza es omnipresente, les queda poca capacidad para garantizar que los agentes que abusan de su poder enfrenten la justicia.

Inmune a las consecuencias

Así lo reconoció la magistrada Sonia Sotomayor en su voto en desacuerdo.

“Las consecuencias de la categórica afirmación de la Corte van a ser graves”, escribió. “En ausencia de la intervención del Congreso, los agentes de CBP ahora tienen absoluta inmunidad en la responsabilidad en cualquier acción de daños de Bivens, sin importar cuán atroz sea la mala conducta o la lesión resultante”. (Nota del editor: Una acción de Bivens generalmente se refiere a una demanda por daños y perjuicios cuando un oficial federal en funciones es acusado de violar la Constitución estadounidense).

Los jueces de Washington, D.C., sin duda, tienen poca comprensión de la experiencia cotidiana de los residentes o agentes en el sur de Arizona, donde la Patrulla Fronteriza es la agencia policial más grande.

A pesar de la exageración sobre las crisis fronterizas, que ha estado ocurriendo sin cesar desde que comencé a cubrir eventos a lo largo de la línea internacional en 1997, la vida en las zonas fronterizas es en gran medida rutinaria en la mayoría de los lugares casi todos los días. El turno de un agente puede ser exigente o peligroso, pero también puede ser tan aburrido como para ponerlo literalmente a dormir. Cualquiera que se haya acercado a suficientes vehículos de la Patrulla Fronteriza estacionados en el interior puede dar fe de ello.

Ahora, debo señalar que la Patrulla Fronteriza es bien recibida por muchas personas en los lugares donde opera. Eso se debe en parte a que los agentes están presentes para ayudar con emergencias no relacionadas con sus deberes federales en áreas como la ruralidad del Condado Pima, donde los agentes del alguacil pueden estar a una hora de distancia.

Pero eso no significa que deban ser inmunes a las consecuencias de violar los derechos de los residentes.

La Constitución solo se aplica a la ligera

En el caso que dio lugar al fallo en cuestión, Boule, el propietario de un bed-and-breakfast en Blaine, Washington, había informado a los agentes que un hombre turco estaba volando hacia los Estados Unidos, aterrizando en la ciudad de Nueva York, de allí a Seattle y luego subiendo a su hotel.

El propio Boule es sospechoso: aparentemente había jugado en ambos lados de la cerca, cobrando a las personas para que las llevaran a su propiedad en la frontera con Canadá, pero también informando a los agentes sobre quién iba a venir, para que pudieran ser arrestados; ganando dinero como informante de los federales. Además ha sido condenado por tráfico de personas en Canadá.

Cuando llegó el hombre turco, Egbert condujo su vehículo de la Patrulla Fronteriza hacia el hotel y Boule le pidió al agente que se fuera. El agente se negó y, cuando la confrontación se intensificó, Egbert levantó a Boule y lo arrojó contra el vehículo y al suelo.

Luego, el agente revisó los documentos del hombre turco, descubrió que estaba legalmente en el país y se fue. El turco luego entró a Canadá desde la propiedad.

Boule presentó una denuncia contra Egbert ante la Patrulla Fronteriza, pero se determinó que la denuncia no tenía fundamento. Luego, Egbert avisó a las autoridades fiscales estatales y federales, quienes auditaron a Boule.

A decir verdad, el agente no infringió ninguna ley cuando ingresó a la propiedad de Boule a lo largo de la frontera con Canadá. La ley federal permite que los agentes de la Patrulla Fronteriza ingresen a terrenos privados, pero no a residencias privadas, sin una orden judicial si se encuentran dentro de las 25 millas de una frontera internacional. Las reglas federales establecidas desde hace mucho tiempo permiten que los agentes detengan vehículos dentro de las 100 millas de una frontera si tienen una sospecha razonable de que se ha producido una violación de inmigración.

También pueden operar puntos de control en esa zona de 100 millas, pero solo pueden registrar vehículos si tienen causa probable de que se haya cometido un delito.

Estos factores son la base de lo que hace que las tierras fronterizas sean lo que mucha gente llama una “zona libre de Constitución”, o como mínimo un lugar donde la Constitución solo se aplica a la ligera.

Rendición de cuentas necesaria

El Congreso tiene la capacidad de corregir esta injusticia. El problema es que nuestros representantes también están profundamente esclavizados por la maquinaria de publicidad fronteriza. El sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza con sede en Tucsón, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza fue tan poderoso durante la administración Trump que el presidente del sindicato tenía acceso directo al propio presidente.

Ese sindicato trabaja regularmente para proteger a los agentes de la rendición de cuentas y para oponerse a los políticos con los que no está de acuerdo. En este caso, el sindicato presentó un escrito amistoso de la corte argumentando que los agentes de la Patrulla Fronteriza no deberían estar sujetos a demandas, como dictaminó anteriormente en este caso la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, porque podría dañar al país. .

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza deben mantener la confianza en su capacidad para actuar con decisión mientras operan solos, a menudo en partes remotas del país y, a veces, siendo superados en número”, escribieron los abogados de Tucsón, Jim Calle y Amy Krauss.

“La decisión de la corte de apelaciones socavará la misión de la Agencia al hacer que los agentes duden y adivinen sus decisiones diarias sobre si investigar actividades sospechosas cerca de la frontera y cómo hacerlo, paralizando su mandato de mantener la frontera segura”.

No sé ustedes, pero creo que si agentes como Egbert dudan si deberían arrojar a los residentes de las tierras fronterizas al suelo, eso es algo bueno.

Sin embargo, gracias a Thomas y la mayoría de la corte, los agentes que maltratan a los residentes fronterizos pueden sentirse seguros de su inmunidad.

Contacta al columnista Tim Steller en tsteller@tucson.com, al 520-807-7789 o en Twitter: @senyorreporter

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