¿Cómo se puede prohibir la compra especulativa de vivienda? Las claves de la propuesta de los Comuns y los planes del Govern

Una familia, una casa. Con este lema por bandera, los Comuns han abierto el debate en el Parlament sobre si es posible prohibir la compra especulativa de vivienda con una proposición de ley que reivindican como esencial para hacer frente a corto plazo al problema creciente de los ciudadanos para pagarse un techo. Se trata de una de las condiciones que han puesto al alcalde Jaume Collboni para aprobarle los presupuestos en Barcelona y una exigencia que impulsan por la vía de urgencia que jugará también un papel determinante en la negociación de las cuentas de Salvador Illa.

De momento, el Govern no va más allá de comprometerse a “explorar al máximo el marco legislativo” sin descartar nada, pero tampoco sin asegurar su apoyo a una medida que sabe que inquietará al mercado inmobiliario. En estos momentos, el 60% de las compras de viviendas que se hacen en Espanya se hacen sin hipoteca, es decir, pagando al contado, porque quienes las adquieren no son familias, son inversores que obtienen una rentabilidad que supera el 10%.

Pero, ¿qué camino legislativo plantean los Comuns para impedir la adquisición de pisos para hacer negocio? Y, más allá de la viabilidad jurídica, ¿hay una mayoría política dispuesta a aprobar la medida? A continuación, se exponen las claves de una propuesta que, junto a la financiación singular, marcará el compás del segundo año de mandato del Govern del PSC.

Fueron los Comuns los que, habiendo puesto el ojo en las limitaciones a la compra de vivienda para frenar la especulación que se aplica en Ámsterdam, solicitaron un informe jurídico al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona para saber si sería exportable a Catalunya. Ese estudio concluye que sí que es viable “con carácter excepcional, territorial y temporal” para no “desdibujar el contenido esencial del derecho a la propiedad”, recogido en el artículo 33 de la Constitución, e indica los caminos legislativos a escala estatal y autonómica.

Siguiendo esa senda, lo que proponen los Comuns es modificar la ley de urbanismo catalana para que los ayuntamientos de municipios declarados como zonas tensionadas puedan adaptar sus planes especiales para poner coto a las compras especulativas y priorizar que la prioridad de adquisición sea para uso residencial. La ley de urbanismo, recuerdan, “obliga” a los consistorios a garantizar un desarrollo urbanístico “sostenible” que fomente la “cohesión social”. Si eso no sucede, consideran que son las administraciones las que deben intervenir el mercado para que así sea. No se trata, aseguran, de prohibir el derecho a la propiedad, sino de limitarlo con carácter temporal ante una situación excepcional, dos conceptos esenciales para garantizar la constitucionalidad de la medida.

La filosofía es que cada persona pueda comprar una sola vivienda para residir en ella, pero la proposición de los Comuns plantea excepciones. Se permitiría la compra de un piso para un familiar directo -hijos, padres, hermanos o nietos-. También se avala la compra de edificios enteros si es para destinar todas las viviendas a alquiler permanente al precio del último contrato vigente y, en el caso de que ya haya vecinos, sería obligatorio alargar los contratos 5 o 7 años más. La adquisición de segundas residencias estaría también autorizada siempre y cuando estén ubicadas en otro municipio distinto al de la residencia habitual. Tras la compra de una vivienda, habría un plazo de 12 meses para convertirla en residencia habitual.

Hay un riesgo a la hora de reformar una ley que, a la práctica, deja en manos del gobierno de cada municipio decidir si incluye mecanismos de limitaciones de compra en su plan urbanístico. La declaración de zona tensionada la autoriza el Estado a propuesta de la Generalitat, pero es el alcalde de turno quien podría impulsar o no el veto a la compra especulativa. Los Comuns admiten que la “voluntad política es importante” para que la medida prospere, pero consciente de que hay formaciones reacias a esta regulación, incluyen en su proposición de ley un mecanismo para que comunidades, agrupaciones y asociaciones de vecinos puedan impulsar la iniciativa para llevarla al pleno municipal. Eso sí, la propuesta quedaría igualmente a merced de la mayoría política del consistorio, que es quien debe aprobarla.

Fue el president Salvador Illa quien, hace dos semanas, reveló públicamente en el Parlament que el Govern “estudia” la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda después de que su plan para construir 200.000 viviendas hasta 2030 fuera tumbado por la mayoría . Este martes, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicado que ha recibido el encargo “específico” de evaluar la viabilidad jurídica de la medida y que su compromiso es “explorar al máximo el marco normativo”. Ha anticipado que habrá más iniciativas del Govern para intervenir el mercado y que espera trabajarlas de forma “conjunta” con ERC, Comuns y CUP, los tres partidos con quienes ha acordado también la regulación de los alquileres de temporada.

Sin embargo, ha añadido que también hay que tener en cuenta la viabilidad política en el caso, especialmente, de que sea necesario aprobar la medida a escala estatal vía Congreso de los Diputados. Con la ruptura oficializada por Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, no habría una mayoría en Madrid para aprobar una medida de este tipo para toda España.

Según los Comuns, se puede limitar la compra especulativa de pisos en Catalunya sin necesidad de que se modifique ninguna ley a escala estatal. Sin embargo, la formación está dispuesta a llevar también esta medida al Congreso para que se extienda a todas las comunidades autónomas. Sumar está trabajando en una propuesta de decreto ley que incluiría la modificación de la ley del suelo para vetar la adquisición de pisos que no sean para residir en ellos en las zonas declaradas como tensionadas. No obstante, los Comuns admiten que eso comportará una negociación, en primer lugar, con el PSOE en el seno del Gobierno, además de la aritmética posterior necesaria en las Cortes para que sea una realidad.

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