Cómo Trump usa agencias federales para asediar a los inmigrantes indocumentados | CNN

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CNN Español  — 

Los planes de deportación masiva del presidente Donald Trump se han extendido a varias agencias clave del Gobierno federal que se han convertido en los brazos ejecutores de medidas cada vez más agresivas que complican la vida de miles de inmigrantes indocumentados e incluso de aquellos que obtuvieron un estatus legal temporal bajo el mandato de Joe Biden.

De la mano del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ahora tienen acceso a los datos de contribuyentes indocumentados que pagan sus impuestos de buena fe.

Más de 6.000 inmigrantes que posiblemente se encuentran temporalmente en Estados Unidos bajo los programas de la era Biden y están vivos fueron catalogados como muertos por la Seguridad Social. Esto invalida sus números de Seguro Social y les quita la posibilidad de trabajar y acceder a bancos u otros servicios básicos que los requieren.

Ambas medidas reflejan la amplia utilización de las palancas del Gobierno para implementar la ofensiva de Trump contra la inmigración centrada en generar miedo y en incentivar a los inmigrantes a salir voluntariamente del país.

Stephen Miller, principal asesor de la Casa Blanca considerado el arquitecto de esta estrategia contra la inmigración, está en permanente conversación con el Departamento de Seguridad Nacional, el llamado “zar de la frontera” Tom Homan y funcionarios de otras agencias federales clave para encontrar la mejor manera de ejercer las drásticas promesas del presidente.

Mientras Miller está en el frente de la aplicación de esas políticas, altos funcionarios han expresado frustración por el ritmo actual en las deportaciones que no supera hasta ahora la cantidad de las que tuvieron lugar durante el mandato de Joe Biden, según un análisis de CNN.

Aquí, un vistazo a cómo las agencias federales están participando en el control de la inmigración.

Poner a disposición de los agentes de ICE la información fiscal de miles de inmigrantes indocumentados que pagaban impuestos con la confianza de que sus datos eran confidenciales ha supuesto un cambio de política importante para la agencia tributaria que enfrentó presiones por parte del Gobierno de Trump para ceder a firmar el acuerdo.

La medida, tras un acuerdo oficializado en abril, ha generado una confusión generalizada entre la comunidad inmigrante debido a lo graves que pueden ser las consecuencias para quienes se enfrentan a la deportación. El abogado Neil Weinrib dijo a CNN que ha recibido una “avalancha” de correos electrónicos preocupantes, nada parecido a lo que ha visto en décadas de practicar derecho de inmigración. “Nuestros clientes están asustados”, dijo.

Weinrib mostró a CNN fragmentos de correos electrónicos desesperados que recibió de clientes. Un mensaje de un ciudadano indio decía: “¿Qué es esta noticia con el IRS?… ¿El jefe del IRS compartirá toda la información con el Departamento de Seguridad Nacional?… Si mi esposa es detenida con mi hijo, ¿qué debería hacer?”.

El acuerdo, firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, establece que ICE se presentará ante el IRS con los nombres y direcciones de los contribuyentes que, según cree, han violado las leyes federales de inmigración. El IRS luego contrastaría esa información con los datos existentes de los contribuyentes y confirmaría su exactitud, según informó CNN previamente.

Sin embargo, partes del “memorando de entendimiento” de 15 páginas están censuradas por lo que es difícil determinar con exactitud qué datos proporcionará el IRS.

El Gobierno de Trump ha tomado medidas para clasificar como muertos a más de 6.000 inmigrantes vivos, cancelando sus números de Seguro Social y anulando su posibilidad de trabajar o recibir beneficios con el fin de obligarlos a abandonar el país, según dos personas familiarizadas con la situación.

Esta medida dificultará considerablemente que los afectados accedan a bancos u otros servicios básicos donde se requieren números de Seguro Social. Esto forma parte de una iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes a quienes se les permitió entrar y permanecer temporalmente en el país gracias a los programas implementados por su predecesor, Joe Biden.

No quedó claro de inmediato cómo se seleccionó a los más de 6.000 inmigrantes. Sin embargo, la Casa Blanca de Trump ha puesto en la mira a personas que se encuentran temporalmente en el país bajo los programas de la era Biden, incluyendo a más de 900.000 inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One de esa administración.

A partir del 25 de mayo algunos inmigrantes ya no podrán acceder a los préstamos hipotecarios que otorgaba la Administración Federal de Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés) a través de un número de Seguro Social válido y un estatus de elegibilidad laboral.

El secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Scott Turner, anunció en un comunicado que el programa no estará disponible para los “residentes no permanentes”. Esto dejaría fuera a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) así como a quienes estén en espera de asilo o de estatus de refugiado, según el HUD.

“Las hipotecas respaldadas por el HUD deben beneficiar a los estadounidenses que cumplen las normas y trabajan duro, no a los que entran ilegalmente en nuestro país”, escribió Turner en su cuenta de X.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió una directiva en enero para otorgar a las agencias de aplicación de la ley del Departamento de Justicia la autoridad para investigar y arrestar a inmigrantes indocumentados en EE.UU.

Las agencias incluyen al FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y la Oficina Federal de Prisiones.

Además, la Guardia Nacional en Texas tiene la potestad desde febrero de arrestar migrantes, una función que era exclusiva de los agentes de inmigración, y se ha dado permiso a ICE de arrestar personas en o cerca de escuelas e iglesias, antes considerados “lugares sensibles”.

La ofensiva de Trump contra la inmigración gira en torno a la promesa de una “deportación masiva” que implica el arresto y expulsión de personas del país.

A principios de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó un viaje de trabajo a Centroamérica para consolidar el apoyo de varios países de la región a la política migratoria del Gobierno de Trump.

Tras esa gira, llegó a un acuerdo sin precedentes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para albergar a criminales violentos de Estados Unidos y recibir deportados de cualquier nacionalidad. Este trato ha sido polémico y está actualmente en medio de una batalla legal en la Corte Suprema de EE.UU.

El Departamento de Justicia también ha tomado un papel central en la ofensiva contra la inmigración. Ha despedido personas en puntos clave de liderazgo que supervisan los tribunales de inmigración del país y ha amenazado con procesar a funcionarios estatales y locales que se resistan a los planes del Gobierno de Trump.

El caso más reciente es el Erez Reuveni, un abogado de inmigración que fue despedido por el Departamento de Justicia, a quien el Gobierno de Trump ha acusado de sabotear su caso legal sobre la deportación errónea de Kilmar Armando Ábrego García, el hombre salvadoreño que fue enviado de vuelta por un error administrativo a una prisión en El Salvador.

Con información de Marshall Cohen, Jeff Zeleny, Alayna Treene, Kevin Liptak, Rene Marsh, Catherine E. Shoichet, Priscilla Alvarez y Holmes Lybrand, de CNN, y Associated Press