El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas, el informe documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico. Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situación excepcional.
La organización también verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
La otra cara del régimen de excepción
En el marco de la aplicación de una medida de naturaleza extraordinaria y temporal, Amnistía Internacional ha verificado cómo las autoridades salvadoreñas, durante 21 meses consecutivos, han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. Las medidas del régimen de excepción han dado pie a la ejecución de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, el cometimiento de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detención; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado – algunas resultantes de tortura u otros malos tratos.
El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En este contexto, Amnistía Internacional ha identificado tres características alarmantes: 1) la masividad con la que se están produciendo las violaciones de derechos humanos; 2) el alto grado de coordinación estatal en el diseño e implementación de esta medida; y 3) una respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos.
Por otro lado, los casos documentados dan cuenta de personas detenidas arbitrariamente, proyectos de vida truncados por acusaciones falsas, la promoción de un clima de venganza y desconfianza entre las personas de una misma comunidad, y un sector de la población – la más vulnerable – que vive bajo temor de ser víctima de las arbitrariedades y abusos infligidas por las autoridades.
De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
A la luz de estos hechos, la organización alerta sobre una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo individuos de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechadas por la criminalidad.
“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza,” dijo Ana Piquer.
El informe hace hincapié sobre el peligro que representa las reformas legales de carácter permanente que se han aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso.
Los principales cambios introducidos incluyen: el ocultamiento de la identidad de los jueces; la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para – por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga –; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales. Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.
Según declaraciones públicas de funcionarios estatales, más de 7,000 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a estructuras pandilleriles y procesadas bajo estas reformas, han sido “liberadas” mediante medidas alternativas a la detención provisional. Muchas de ellas permanecieron encarceladas por más de un año, y han sido reconocidas públicamente como parte de un margen de error. En este sentido, Amnistía Internacional advierte que, aunque la Asamblea Legislativa decida no prolongar el régimen de excepción, el riesgo de la profundización de la crisis de derechos humanos y la situación de indefensión de las personas persistirá si no se revierten las reformas que socavan las garantías al debido proceso.
Finalmente, a partir de análisis de las declaraciones públicas que han brindado las más altas autoridades estatales, informes de sociedad civil, así como de los testimonios y la documentación recabada, el reporte concluye que, respecto a la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones de los centros de detención, el Estado salvadoreño ha adoptado una política de tortura sistemática hacia todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción con la sospecha de ser miembros de pandillas. Entre las consecuencias más graves de la aplicación de esta política destacan las muertes bajo custodia del Estado, algunas con evidentes signos de violencia, y muchas otras como resultado de las condiciones inhumanas de reclusión o la negación de atención en salud y la privación de medicamentos.
Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Hasta octubre de 2023, movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad – lo que coloca a El Salvador como el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial – una situación de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.
El espacio cívico bajo ataque
La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.
Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están: 1) un discurso mediático gubernamental, orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia; 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica; 3) el ocultamiento y manipulación de información pública; 4) el uso de tipologías penales vagas que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas; 5) la exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y 6) la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios, y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
Los principales blancos de estas tácticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho. Los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario.
Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformación y de un discurso institucional que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera crítica y a la disidencia. Además, está aumentando la adopción de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser víctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protección.
Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales. La organización recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situación y respetar el principio de no discriminación. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.
También se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Amnistía Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonomía, asegurar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y cesar cualquier forma de restricción, estigmatización o criminalización de voces críticas y disidentes.
Además, la organización llama a la comunidad internacional a mantener una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.
