La Corte Suprema de Estados Unidos revisará el 24 de abril el caso Idaho vs Estados Unidos, que determinará si los proveedores médicos pueden continuar practicando abortos a mujeres embarazadas que experimentan condiciones médicas extremas, en virtud de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA, por sus siglas en inglés).
La Corte Suprema acordó escuchar una impugnación presentada por el gobierno de Biden contra la prohibición casi total de los abortos en Idaho, que según la Administración, entra en conflicto con un estatuto federal que permite algunas excepciones.
La ley federal de décadas de antigüedad llamada Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, conocida por médicos y responsables de políticas de salud como EMTALA, se ha convertido ahora en la batalla más reciente en el debate sobre el derecho al aborto.
La decisión de los jueces de la Corte Suprema de dictaminar sobre el caso evita que el proceso judicial continúe en el tribunal de apelaciones, para resolver de manera expedita la demanda.
Es el segundo caso importante relacionado con el derecho al aborto que la Corte Suprema considerará este año en medio de las consecuencias de la revocación de Roe vs Wade en 2022.
El primer caso importante ante la Corte Suprema este año que está relacionado con el derecho al aborto es el que discute el acceso a la mifepristona, un fármaco abortivo de uso frecuente en los abortos por medicamentos.
Por qué la ley de aborto de Idaho llega a la Corte Suprema
La Ley de Defensa de la Vida de Idaho prohíbe casi totalmente el aborto, pero hay una excepción para evitar la muerte de la madre.
La ley impone sanciones a los médicos que practican abortos prohibidos, a menos que “el médico determine de buena fe y basándose en los hechos conocidos por el médico en ese momento, que el aborto era necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada”.
Los médicos que violen la ley de Idaho podrían enfrentar sanciones penales y arriesgarse a la suspensión de sus licencias.
Atención del aborto bajo EMTALA
El tribunal está preparado para determinar si las estrechas excepciones para la atención del aborto en virtud de la prohibición casi total del aborto en Idaho, que conlleva fuertes sanciones penales y civiles para los proveedores de servicios médicos, entran en conflicto con los requisitos más amplios exigidos para los proveedores de servicios médicos en virtud de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia. Ley (EMTALA).
EMTALA exige que los hospitales brinden atención estabilizadora a los pacientes de la sala de emergencias independientemente de su capacidad de pago. Fue promulgada para garantizar que los pobres y los que no tienen seguro reciban atención médica de emergencia en hospitales que reciben reembolso de Medicare.
Por lo tanto, cuando un aborto es necesario para estabilizar la salud de una mujer embarazada que experimenta una condición médica de emergencia, un médico debe realizar un aborto bajo EMTALA con el consentimiento expreso de la paciente.
El conflicto irreconciliable con la ley que prohíbe el aborto en Idaho, presenta una opción insostenible para los profesionales médicos: violar la ley de Idaho bajo riesgo de proceso penal y pérdida de su licencia profesional o violar EMTALA y enfrentar sanciones federales y civiles.
Es por ello que el Departamento de Justicia presentó originalmente este caso contra el estado de Idaho.
La ley de Idaho hizo una excepción para los abortos “necesarios para prevenir la muerte de la mujer embarazada”, pero no para abordar amenazas a la salud de la mujer.
El Departamento de Justicia impugnó la ley que prohíbe el aborto de Idaho bajo EMTALA, que requiere que los hospitales que reciben fondos de Medicare y tienen salas de emergencia brinden el tratamiento necesario para estabilizar a los pacientes.
Esa ley federal entraba en conflicto con la prohibición del aborto de Idaho y la desplazaba, según la demanda del Departamento de Justicia, porque la prohibición estatal prohibía a los médicos realizar abortos cuando era necesario para estabilizar a las pacientes, lo que está autorizado por la ley federal.
“Incluso en situaciones extremas que podrían calificar para la defensa afirmativa limitada ‘necesaria para prevenir la muerte de la mujer embarazada’ de la ley de Idaho”, decía la demanda, “algunos proveedores podrían negar la atención basándose en un temor bien fundado a un proceso penal”.
La legislatura estatal de Idaho, que aprobó la prohibición casi total del aborto, preguntó formalmente al tribunal si podía convertirse en parte oficial en el caso debido a su “amplia experiencia” con la Sección 18-622, que define qué es un aborto criminal en Idaho.
Alliance Defending Freedom (ADF), una organización legal de extrema derecha, representa al estado de Idaho y su legislatura en el caso Idaho vs Estados Unidos.
En particular, ADF también es el equipo legal que litiga con Alianza para la Medicina Hipocrática contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), en otro caso relacionado con el aborto que busca eliminar el acceso al aborto con medicamentos.
En el caso Idaho vs Estados Unidos, la Corte Suprema se enfrenta a cuestiones legales derivadas del caos generalizado y la confusión que frecuentemente padecen los médicos en relación con el cuidado de salud de mujeres embarazadas.
Además, tendrá que tener en cuenta la promesa que hizo en Dobbs de dejar el acceso al aborto a los estados, porque el resultado de Idaho vs Estados Unidos también se extenderá a otros estados que se enfrentan a “preguntas casi idénticas”, incluido Texas, que está inmerso en su propia lucha con el gobierno federal sobre si las prohibiciones estatales del aborto o las protecciones federales para la atención de emergencia tienen prioridad.
*Con información del Center for American Progress que ha dedicado una serie de artículos y análisis al caso Idaho vs. Estados Unidos y a los riesgos de criminalizar el cuidado de salud de embarazadas
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