La Corte Suprema escuchó este miércoles los argumentos a favor y en contra sobre los aranceles del presidente Donald Trump, quien ha justificado sus acciones contra más de 100 países bajo poderes de emergencia, la pregunta si ese poder legal del presidente para “regular” las importaciones incluye aumento de tarifas de importación.
También hay cuestionamientos sobre si el uso de estos poderes de emergencia son una forma de darle la vuelta al Congreso y qué tan peligroso sería para la democracia estadounidense –en cuanto a balance de poderes– permitir que cualquier presidente en turno tome decisiones similares.
El juez Brett Kavanaugh, designado por Trump, expuso que está tratando de determinar si el Congreso otorgaba a los presidentes la facultad de imponer este tipo de aranceles cuando aprobó una ley en 1977 que les confería el poder de “regular las importaciones”.
El debate en el Máximo Tribunal inició el 17 de junio pasado con el caso Learning Resources versus Trump, el cual ha recibido respaldo incluso de economistas de renombre –varios de ellos ganadores del Nobel–, quienes rechazan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) también otorga autoridad arancelaria al presidente para abordar los déficits comerciales.
En la audiencia, el juez Samuel Alito preguntó al abogado que representaba a las pequeñas empresas por qué la IEEPA debía ser específica en aranceles, dejando ver su consideración que tienen un “alcance abierto”, es decir, que Trump podría aplicarla bajo su criterio.
El abogado Neal Katyal discrepó, al señalar que otras leyes de emergencia incluyen limitaciones extremadamente severas a la autoridad del presidente.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, hizo referencia al papel de los aranceles en la política exterior, al indicar que las pequeñas empresas que impugnan los aranceles no pueden ignorar el hecho de que estos afectan directamente las facultades del presidente en materia de asuntos exteriores. Indicó que la pretensión del presidente Trump se asemeja al tipo de poder extraordinario que debe ser otorgado claramente al presidente por el Congreso.
La jueza Elena Kagan cuestionó por qué los presidentes usarían leyes que permiten específicamente la imposición de aranceles en circunstancias particulares y dejó entrever una acción que “sobrepasa los límites” de tales normas. Además abordó la recaudación y el impacto de un “gravamen” extra a productos extranjeros.
“Fundamentalmente, lo que le falta aquí es cualquier referencia a la recaudación de ingresos”, dijo la jueza Kagan.
La jueza Sonia Sotomayor señaló que la regulación se aplica tanto a las importaciones como a las exportaciones, pero que el presidente no puede imponer impuestos a las exportaciones.
“¿Podría estar de acuerdo en que no podrían imponer aranceles a las exportaciones?”, preguntó Sotomayor. “¿Por qué les permitimos hacerlo con respecto a las importaciones?”.
El procurador general, John Sauer, quien defiende a la administración Trump, dijo que no estaba seguro de qué otras leyes utilizan para regular y gravar, pero afirmó que la IEEPA evocaba una facultad histórica para imponer aranceles.
La división de poderes en juego
En un documento ‘amicus curiae’ o amigos de la corte, el Brennan Center for Justice respalda el caso contra el presidente Trump, al rechazar la interpretación que hace sobre esta IEEPA, principalmente en referencia a los poderes que alega el mandatario republicano.
“La Constitución le otorga al Congreso —no al presidente— el poder de ‘imponer y cobrar derechos’ arancelarios y regular el comercio internacional”, indica Elizabeth Goitein, directora sénior de Libertad y Seguridad Nacional en el Brennan. “Con el transcurso del tiempo, el Congreso ha delegado parte de esos poderes al ejecutivo mediante distintas leyes que lo autorizan expresamente a imponer aranceles bajo determinadas condiciones, a menudo dentro de ciertos plazos de tiempo o con ciertas restricciones sobre el monto de los aranceles”.
La experta explica –en un texto publicado en el Brennan— que el presidente Trump intenta evadir las leyes “y sus limitaciones elaboradas”, debido a que tomó la decisión de aranceles bajo “una emergencia nacional”.
“Encima, la administración alega que los tribunales no pueden revisar la decisión de si existe una emergencia o de si se ha cumplido la condición para invocar la ley IEEPA, es decir, la existencia de una ‘amenaza inusual y extraordinaria’. Es evidente por qué la administración está exigiendo esta deferencia absoluta por parte de la justicia”, acota Goitein. “Si la Corte Suprema confirma la utilización de la ley IEEPA de Trump para imponer aranceles, esa decisión podría cementar un profundo precedente en torno al uso de emergencias nacionales para gobernar”.
