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Recientemente, la administración Trump ha implementado una serie de cambios drásticos en las políticas migratorias de Estados Unidos, generando una ola de incertidumbre y litigios; la situación afecta a miles de personas de diversas nacionalidades, con consecuencias que se extienden mucho más allá de los titulares
El foco se centra en la decisión de la Corte Suprema que permite al gobierno levantar las protecciones de deportación a cerca de 350,000 venezolanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta decisión, tomada el pasado lunes, ha generado una reacción en cadena, con múltiples casos judiciales en curso que cuestionan la legalidad y el impacto de estas acciones.
Uno de los casos más relevantes, Noem contra Doe, impugna la revocación de las protecciones para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no solo bajo el TPS, sino también bajo permisos humanitarios o “parole”. Este litigio, iniciado en Massachusetts, cuestiona la capacidad del gobierno para limitar arbitrariamente el poder otorgado por el Congreso para responder a crisis migratorias y humanitarias. “Esta demanda cuestiona las medidas que ha adoptado el gobierno de Donald Trump para limitar radicalmente lo que hasta ahora había sido un amplio poder otorgado por el Congreso…”, se lee en la demanda inicial.
Otro caso, Trump contra CASA, presentado el 7 de mayo, se enfoca en la terminación de las protecciones temporales para ciudadanos de Afganistán y Camerún. La demanda argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional no puede ignorar el proceso legal establecido por el Congreso para finalizar el TPS. Adicionalmente, se alega que la iniciativa está motivada por “animadversión racial”.
La situación para los haitianos también es crítica. En el caso Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Trump, se destacan las terribles condiciones en Haití que justificaron inicialmente la concesión del TPS: violencia de bandas, asesinatos, brotes de enfermedades, hambre y falta de vivienda. Los abogados argumentan que la decisión sobre los venezolanos no aplica necesariamente a este caso.
Finalmente, Pacito contra Trump impugna la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados, afectando a personas de Afganistán y varios países de Centro y Sudamérica. Un juez federal bloqueó inicialmente la suspensión, pero un tribunal de apelaciones modificó la decisión.
Estos casos, con sus complejidades legales y sus implicaciones humanitarias, muestran la magnitud del desafío que representa la política migratoria actual de Estados Unidos, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
