La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión crucial que impacta la aplicación de una polémica ley en Texas. Se trata de la ley conocida como SB (Senate Bill 4), la cual otorgaría a la policía poderes amplios para arrestar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de intensos debates y disputas legales que han llevado el caso hasta la más alta instancia judicial del país.
La reciente decisión de la Corte Suprema, expresada a través de un documento de una página firmado por el juez Samuel Alito, extiende el bloqueo temporal de la ley de Texas. Esto implica que, por el momento, las autoridades en Texas no pueden aplicar esta legislación que había generado controversia desde su propuesta inicial.
Este bloqueo se ha extendido en dos ocasiones por parte del juez Alito. La razón fundamental detrás de esta medida es la disputa legal sobre la autoridad en materia de inmigración, ya que el Departamento de Justicia ha argumentado que la ley de Texas interferiría con los poderes federales en esta área.
La ley de Texas ha sido comparada con una legislación similar de Arizona hace más de una década, la cual fue parcialmente derogada por la Corte Suprema en su momento. Sin embargo, el bloqueo de la SB4 ocurre en el contexto de la carrera presidencial de 2024, donde la inmigración ha emergido como un tema central.
¿Qué argumentos presentan los defensores y críticos de la ley de Texas sobre inmigración?
Los defensores de la ley en Texas, liderados por el procurador general Ken Paxton, sostienen que esta medida busca abordar la crisis en la frontera sur y proteger los intereses de los ciudadanos del estado. Argumentan que la ley está en consonancia con la legislación federal y es necesaria ante el aumento de cruces ilegales en la región.
Sin embargo, los críticos, incluida la administración del presidente Joe Biden, han manifestado preocupaciones significativas. Argumentan que la ley de Texas viola la autoridad federal en materia de inmigración, podría conducir a violaciones de derechos civiles y a un perfilamiento racial injusto, además de afectar las relaciones internacionales de Estados Unidos.
El desarrollo legal de este caso ha sido complejo. A pesar de que un juez federal en Texas inicialmente derogó la ley, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito la mantuvo en pausa, lo que llevó al gobierno federal a apelar ante la Corte Suprema. Este proceso ha generado incertidumbre sobre el futuro de la ley y sobre cómo se resolverá esta disputa legal de alcance nacional.
Varios gobernadores republicanos, incluido el gobernador de Texas Greg Abbott, respaldan los esfuerzos del estado en materia migratoria. Critican la falta de acción del gobierno federal y abogan por una mayor intervención estatal en la aplicación de las leyes de inmigración.