Más de 200 indocumentados con antecedentes criminales fueron detenidos durante una redada de agentes de inmigración en varios estados llevada a cabo entre el 4 y 13 de marzo.
“Agentes federales de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a 220 no ciudadanos (indocumentados) removibles durante un operativo a nivel nacional”, dijo la agencia en un comunicado.
El reporte señala que los agentes “identificaron a los no ciudadanos como condenados por delitos como violencia doméstica, abuso sexual, explotación sexual, robo, posesión o uso ilegal de un arma de fuego, distribución o tráfico de drogas o conducción bajo la influencia del alcohol”, todas ellas faltas que convirtieron en deportables e inadmisibles a los detenidos.
ICE dijo que los arrestados durante la redada nacional habían cumplido penas de cárcel “y puestos en libertad condicional bajo supervisión” tras el cumplimiento de sus penas.
“Nuestros agentes continúan enfocándose en una aplicación de inmigración inteligente y efectiva que protege a la nación a través del arresto y la remoción de aquellos que socavan la seguridad de nuestras comunidades y la integridad de la ley federal de inmigración”, dijo Corey A. Price, director ejecutivo asociado de la unidad de investigaciones de ICE.
“Nuestros equipos sopesan varios factores durante la focalización y la detención para garantizar que estamos aplicando las leyes de inmigración de Estados Unidos de manera humana, efectiva y con la máxima profesionalidad”, agregó.
Los antecedentes de los detenidos
Entre los detenidos durante la redada nacional se incluye a:
- Un hombre de 64 años de origen mexicano capturado en Chicago. El sujeto había sido condenado en marzo de 2022 por el Tribunal de Circuito del Condado de Cook por un delito grave de abuso sexual criminal agravado con una víctima menor de 13 años.
- Un ciudadano mexicano de 37 años en Los Ángeles, California. Fue condenado en diciembre de 2011 por el Tribunal Superior de California por un delito grave de intento de asesinato;
- Otro mexicano de 65 años en Los Ángeles. En septiembre de 1981 había sido condenado por un Tribunal Superior de California por delito grave de asesinato en segundo grado, delito grave de agresión con un arma mortal y uso de arma de fuego en la comisión de un delito;
- Otro ciudadano de 49 años, oriundo de México, detenido en Los Ángeles, California. El sujeto había sido condenado en agosto de 2012 por el Tribunal Superior de California en Los Ángeles por agresión grave, delito grave de lesiones corporales a su cónyuge, delito grave de cópula oral mediante el uso de la fuerza, lesiones y delito grave de violación del cónyuge por fuerza y miedo.
- Un ciudadano de origen nicaragüense de 33 años arrestado en Miami, Florida, que en enero de 2009 había sido condenado por el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida por delito grave de robo a mano armada, delito grave de posesión de arma de fuego por un delincuente convicto en segundo grado y delito grave de hurto mayor en tercer grado.
La lista también incluye a extranjeros originarios de Cuba, Trinidad y Tobago y El Salvador.
Las prioridades de deportación de Biden
En enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden asumió el control de la Casa Blanca, estableció nuevas prioridades de deportación basadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Las reglas fueron actualizadas en septiembre de ese año por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas quien dijo en esa ocasión que el ser indocumentado no condena al inmigrante a ser deportado del país.
Por medio de un memorando interno enviado a los jefes de seguridad y fronteras de las distintas agencias bajo su mando, Mayorkas señaló que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado “no debería ser el único fundamento” de la decisión de detenerlo y expulsarlo de Estados Unidos.
“Establecemos prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil para lograr nuestros objetivos de la manera más efectiva con los recursos que tenemos”, se lee en el documento.
“Daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, precisó.
A partir de entonces, las prioridades de deportación del gobierno están enfocadas en:
- Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas; él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
- Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: representa una amenaza para la seguridad pública y; él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.
Cabe señalar que entre las prioridades de deportación se encuentran todos aquellos extranjeros que ingresaron indocumentados al país después del 1 de noviembre de 2020.
Las redadas continuarán
El informe de la última redada de ICE señala que los agentes federales seguirán enfocados en arrestar a no ciudadanos que han cometido delitos y otras personas que han violado las leyes de inmigración.
“Los oficiales de ICE, informados por su experiencia y capacitación, utilizan su discreción inherente como agentes del orden público para concentrar los recursos de aplicación en las personas que amenazan la patria. El esfuerzo incluye a los no ciudadanos con una orden final de deportación”, agrega. Y advierte que “los casos susceptibles de enjuiciamiento penal federal pueden presentarse ante la oficina del fiscal federal correspondiente”.
ICE dijo además que durante el año fiscal 2022 arrestó a 46,396 no ciudadanos con antecedentes penales. “Este grupo tenía 198,498 cargos y condenas asociados, incluidos 21,531 delitos de agresión; 8,164 delitos sexuales y de agresión sexual; 5,554 delitos con armas; 1,501 delitos relacionados con homicidios; y 1,114 delitos de secuestro”.
La agencia agregó que seguirá ubicando y deportando a extranjeros que “socavan la seguridad de las comunidades” y revisando “las poblaciones detenidas y no detenidas de la agencia”.
Qué hacer en caso de una redada
Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que aquellas personas que no están detenidas, pero han cometido delitos o crímenes que los convierten en inadmisibles y/o deportables, busquen consejo legal de inmediato.
“Estamos viendo un aumento de detenciones de personas con antecedentes por delitos. Los agentes están yendo a sus casas o a sus lugares de trabajo”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Y también un incremento de detenciones en las cárceles cuando los inmigrantes están a punto de ser liberados”.
“Es algo nuevo con esta Administración. Les estamos diciendo a las personas que no firmen sus deportaciones y que tienen el derecho de hablar ante un juez para defender sus derechos de permanencia. Y si bien es el trabajo de los agentes el que usted forme la deportación, no olvide que usted tiene el derecho de no firmar ese documento”, precisó.
Gálvez reiteró además que “si no está detenido, hable con un abogado criminalista para intentar rebajar la severidad de la falta cometida y no tener consecuencias migratorias”.
Los abogados aconsejan, además:
- Tiene derecho a guardar silencio y pedir un abogado, explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
- También tiene derecho, en caso de que llegue la policía a su casa, a que le muestren una orden de allanamiento firmada por un juez competente.
- La ACLU recordó que todas las personas que viven en Estados Unidos están protegidas por las leyes y la Constitución, incluso los inmigrantes indocumentados.
- Si tiene orden de deportación y/o está en el blanco del gobierno, busque consejo legal y desarrolle una estrategia argumentando, por ejemplo, “alguna deficiencia durante el proceso y que todavía se pueda someter una moción de reapertura para que un juez revise el caso”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero hay que estar listos para enfrentar esta batalla y no perder sus derechos de permanencia”, previene.
- Pero antes de elaborar la estrategia, “revise si es elegible para solicitar el beneficio de la reapertura”, reitera Gálvez.
Los abogados consultados por Univision Noticias también recomendaron tener listo un Plan B.
En qué consiste el Plan B
Si tiene una orden de deportación o antecedentes y teme ser arrestado por ICE en una redada, tenga en cuenta lo siguiente:
- Hable con su abogado para que revise el expediente y determine si califica para alguna opción de reapertura de su caso.
- Seleccione a una persona de confianza, familiar o amigo, a quien usted llamará en caso de ser arrestado.
Cuando seleccione a la persona a la que llamará por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan:
- Déjale una carta-poder para que tome decisiones en su ausencia sobre sus hijos y bienes.
- Si tiene hijos en edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento.
- Trate de que la persona que le ayude no se encuentre indocumentado. Y si no tiene documentos de estadía legal, que no tenga contactos con servicio de inmigración.
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