Como diputada del Congreso, suelo recibir muchos emails al día: algunos urgentes, otros simple spam y otros, la verdad, me remueven por dentro y me recuerdan lo que ha sido mi realidad como mujer migrante, de familia refugiada y, sobre todo, me recuerdan el peso y la responsabilidad que tengo con las comunidades que represento en el Congreso, aunque muchas de esas personas no me haya votado por la imposibilidad de participar políticamente. Las personas migrantes en situación regular en nuestro país, no tienen derecho a votar a sus representantes políticos en las elecciones autonómicas y estatales.
Algunos de estos emails que llegan cada semana a mi buzón son de personas altamente cualificadas que residen en nuestro país y que ven su futuro truncado por el eterno proceso de homologación.
Cuando terminé la carrera de Ingeniera Informática solía decir que tenía un privilegio doble: por un lado, haber estudiado una carrera con mucho futuro; por otro, el enorme privilegio de tener un título expedido por una universidad española dentro del plan Bolonia. Puede que, a cualquiera que me esté leyendo, esto le parezca una alegría menor, pero del mismo modo que el color de un pasaporte garantiza todos los derechos para unos y limita los derechos de otros, un título expedido en Europa construye una élite social con las puertas abiertas a un mercado laboral que, a su vez, trunca la esperanza de muchos otros.
Soy de las más jóvenes de siete hermanos y, junto con mi hermano mellizo, somos los únicos de mi familia que hemos estudiado en España, ya que el resto realizó sus estudios en Argelia. En este caso, me voy a centrar en mi hermano menor. Desde muy joven, adquirió la nacionalidad española, siendo la envidia del resto de hermanos, cancelados administrativamente por un conflicto político que ha dejado en la marginalidad a miles de saharauis en un campo de refugiados en Tindouf.
Aunque él tuviera la “suerte” de ser español, nunca pudo homologar sus estudios en España. La burocracia, la falta de seguimiento de su expediente, la falta de digitalización… hizo que terminara tirando la toalla para pasar a realizar trabajos temporales mientras se planteaba estudiar de nuevo. Estoy segura que España ha perdido a un gran economista.
Imagínense, por un momento, que esta realidad que parece aislada puede afectar a miles de personas en nuestro país. Personas migrantes, altamente cualificadas, que pueden llegar a tardar hasta 4 años en homologar su título universitario. Imagínense, también, la ansiedad de estar esperando tanto tiempo sin siquiera saber si la administración te ha requerido un documento pero no te ha llegado la notificación por correo postal, ya que a todos, por unas circunstancias u otras, nos toca cambiar de domicilio. Imagínese lo que es formarse durante años para ser médico y terminar haciendo cualquier trabajo, que no te apasiona, sin la garantía de que lo que un día fue un sueño termine por cumplirse.
Según la nueva investigación de LightHouse Reports en colaboración con EL PAÍS y Financial Times, España es el tercer país con más desperdicio de talento en Europa. Alrededor del 54% de los inmigrantes con estudios universitarios están sobrecualificados, en comparación con el 33% de los españoles con estudios universitarios. Si solo consideramos a los inmigrantes llegados desde África, Asia y América Latina, la brecha se amplía hasta 24 puntos: el 57% de estos extranjeros están sobrecualificados. A la brecha entre migrantes y nativos se suma la brecha de género, también presente: a los hombres migrantes universitarios les afecta la sobrecualificación 17 puntos más que a los nativos, mientras que entre las mujeres esta diferencia aumenta hasta los 24 puntos. Este “desperdicio de talento” en España representa cerca de un punto del PIB (0,89%).
Lejos del mantra de la extrema derecha de nuestro país, que suele hablar de la inmigración en términos de “invasión extranjera”, las personas que migran a nuestro país son el motor de nuestra economía, enriquecen nuestra cultura y son más necesarios que nunca en sectores como la Sanidad.
La medida más urgente es un proceso de digitalización transparente que permita a los solicitantes seguir su expediente
El proceso de homologación de títulos universitarios en España enfrenta desafíos significativos debido al aumento en las solicitudes y deficiencias en el sistema de gestión. El Real Decreto 889/2022, que implementó un sistema digitalizado, no logró resolver el atasco en el proceso de homologación. Se necesita más personal en la administración y la implementación de medidas para agilizar el proceso, como la digitalización y el monitoreo continuo. También es importante establecer un servicio de atención y asesoramiento en línea para resolver dudas y acelerar el proceso de homologación.
De todas las medidas anteriormente mencionadas, la más urgente es, en mi opinión, un proceso de digitalización transparente que permita a los solicitantes seguir su expediente. En la administración pública podemos tomar como ejemplo el proceso de digitalización de la solicitud de la nacionalidad española, la cual redujo los plazos en los trámites de cuatro años a tres meses, como fue mi caso. Como ingeniera informática, sé muy bien que una aplicación software bien diseñada, con un buen modelo de datos y en la que se pueden analizar todos los requisitos agiliza muchos trámites administrativos. Por el contrario, la aplicación se puede convertir en una caja negra que imposibilita, incluso, el trabajo del funcionariado.
Todos los ciudadanos tienen el derecho a seguir digitalmente su proceso, porque muchas veces lo que necesitamos no es una respuesta favorable sino, simplemente, una respuesta; la incertidumbre contribuye a la ansiedad y la resignación. ¡No permitamos el desperdicio de talento en nuestro país! Un día fuimos migrantes y, posiblemente, algún día volvamos a serlo. Se nace migrante en un planeta que gira cada segundo para recordarnos que somos nómadas en nuestro propio sistema solar.
Tesh Sidi es ingeniera informática y diputada por Más Madrid en el Congreso.
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