Se desarrollará en un lúgubre juzgado a pocas manzanas del Ayuntamiento de Nueva York, al lado mismo de Chinatown, con una trama en la que se mezclan dinero negro, una estrella del porno y un acusado de probada incontinencia verbal que en 2016 llegó contra pronóstico —después de proferir barbaridades sobre las mujeres o los inmigrantes— a la presidencia de EE UU. El primer juicio penal contra Donald Trump, de los cuatro que afronta (los otros son dos intentos de pucherazo y uno de retención de documentos clasificados), arranca este lunes en Manhattan en medio del habitual clamor mediático y con las espadas en alto: la candidatura del acusado a la reelección en las elecciones de noviembre añade mordiente al espectáculo. Algunos comparan el nivel de escrutinio mediático con el del juicio de O. J. Simpson hace casi tres décadas. Otros se preguntan si pondrá a prueba la institución de la justicia y el concepto mismo de que ningún individuo está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente, el primero en la historia de EE UU en semejante tesitura.
El juicio por el caso Stormy Daniels (el pago de un soborno a la actriz de cine porno de ese nombre para silenciar una relación extramatrimonial) culmina un año convulso desde que el republicano fuera imputado. Después de meses de procedimientos legales, incluidos tres intentos de apelación por parte de su defensa, el último esta semana, ya no hay marcha atrás, y no será porque el republicano no lo haya intentado: las maniobras dilatorias son el abecé de su defensa. También su condición de candidato presidencial, a juzgar por el machacón argumento de que debería estar en campaña y no “en un tribunal defendiéndose”, con el que sus abogados intentaron convencer del aplazamiento al juez titular del caso, Juan Merchan, de origen colombiano. Este continuum entre el mitin y el juzgado y viceversa, homologado por un alud de titulares, convierte esta convocatoria electoral en terra incognita, una etapa inédita e impredecible en la historia de EE UU.
La primera imputación penal por la que se sentará en el banquillo es un compendio de todo lo que caracteriza al republicano: bajos instintos, finanzas y ambición política. La perfecta definición del personaje: Donald Trump en plenitud. El soborno para enterrar el escándalo que habría supuesto la noticia de su aventura en la campaña electoral de 2016, es una manifestación omnímoda de su poder: dinero para comprar voluntades (130.000 dólares); triquiñuelas y ardides para ocultar el pago, desde encargárselo a su hombre de confianza, el abogado Michael Cohen —que luego se volvió contra él—, a maquillarlo como “gastos legales” en los registros de su empresa, sin contar la presunta interferencia electoral para evitar, precisamente, la interferencia que habría supuesto la noticia de haberse conocido. Un factor este que, según muchos observadores, puede convertirse en la piedra de toque del juicio por posible violación de las leyes de financiación electoral.
No extraña por tanto que de las cuatro imputaciones contra él, la de Nueva York sea la que más deteste, según sus próximos, tajantes al afirmar que el candidato republicano se siente incómodo por la naturaleza misma de la historia: trapos sucios difícilmente convertibles en pruebas de la persecución política a la que dice estar sometido por los demócratas (como lo es el fiscal que instruyó la causa, Alvin Bragg). Pero aunque solo fuera porque puede ser el único de los cuatro que se celebre antes de las elecciones, ya reviste una importancia capital. A menudo desestimado por expertos y observadores como legalmente dudoso y, comparativamente hablando, más venial en teoría que los dos casos de interferencia electoral (en Washington y Georgia), puede ser su talón de Aquiles.
Larry Sabato, de la Universidad de Virginia, considera más lesivo el juicio, aún sin fecha —como los otros dos restantes, los de Georgia y Florida—, por sus intentos de revertir el resultado electoral de 2020, que empujaron a una horda de seguidores suyos a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. “El asunto del 6 de enero podría hacer mucho daño a Trump, por ejemplo, pero no estoy seguro de que el juicio relacionado con Stormy Daniels lo haga, incluso aunque fuera condenado. Los índices de audiencia de Trump suben cada vez que parece perseguido. Su culto es fanático”, explica Sabato. Una condena en el juicio de Nueva York, que está previsto dure entre seis y ocho semanas, “podría tener un impacto, pero no me atrevo a apostar ni siquiera por eso. La inflación y la [crisis en la] frontera parecen pesar más electoralmente que el veredicto del público sobre la idoneidad de Trump para el cargo. Pero advierto: sólo estamos en abril. Pasarán y cambiarán muchas cosas antes de las elecciones de noviembre”.
Los votantes, esos otros fiscales, tienen la palabra, y a juzgar por el último sondeo publicado, una clara mayoría de los estadounidenses considera graves los 34 cargos penales, todos ellos delitos graves de clase E, la categoría más baja de delitos graves en el Estado de Nueva York: el 64% de los votantes los ve “bastante serios”, frente al 34% para el que carecen de gravedad, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este lunes. Cuatro de cada diez republicanos, y dos tercios de los independientes, creen que las acusaciones son importantes. Si Trump es declarado culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de prisión de cuatro años.
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“Tengo un sistema, Las llaves de la Casa Blanca, para predecir las elecciones presidenciales. Pero el juicio no influye en mi predicción”, señala Allan Lichtman, profesor distinguido de Historia en la American University de Washington. “Sin embargo, fuera del ámbito del sistema, una condena podría ser un acontecimiento sin precedentes como para tener un impacto independiente en los resultados. Según los sondeos de las primarias, un porcentaje sustancial de probables votantes de Trump han dicho que una condena le descalificaría, en su opinión, para la presidencia. Incluso aunque solo una fracción de estos votantes abandonara a Trump, eso podría ser significativo en unas elecciones reñidas”. La mayoría de los sondeos de intención de voto dan ventaja a Trump sobre su rival demócrata, el presidente Joe Biden.
“Si Trump fuera declarado culpable y recibiera una pena de prisión, eso podría influir en la percepción de los votantes. Sin embargo, es poco probable que el juicio en sí influya significativamente en la opinión pública, ya que no presenta información nueva”, opina Diana Z. O’Brien, profesora de Ciencias Políticas en la Washington University in St. Louis. Sobre el pasillo que lleva del tribunal a los mítines, O’Brien añade un detalle: “Trump tendrá que estar en la sala del tribunal cuatro días a la semana. Dice que hará campaña por las tardes, pero el juicio limita la cantidad de tiempo que puede pasar fuera”.
Desprecio a las mujeres
El desarrollo del caso parece salido de la pluma de un guionista inspirado. En los últimos días de la primera carrera de Trump a la Casa Blanca, en 2016, la actriz porno Stormy Daniels amenazó con revelar una aventura que aseguraba haber tenido con él en 2006, cuando la esposa de Trump, Melania, acababa de dar a luz al único hijo de ambos. Así que, según los fiscales y su testigo estrella, el exabogado Cohen, el magnate compró su silencio por 130.000 dólares (121.829 euros al cambio actual). Los empleados de su emporio falsificaron una serie de facturas, cheques y asientos contables para cubrir las huellas del soborno. Cohen fue condenado más tarde, a finales de 2018, a tres años de cárcel por financiación ilícita de la campaña de su exjefe; es decir, por el pago en negro a Daniels, cuyo fin no fue otro que impedir que el asunto le salpicara a las puertas de las urnas.
Pero como una mancha de aceite, o un jugoso culebrón, Bragg y su equipo pidieron permiso al juez Merchan para contar una historia mucho más amplia, que no solo implica un único pago secreto, sino tres. También el relato en detalle de cómo Trump utilizó sus vínculos con un editor de prensa sensacionalista para impedir que salieran a la luz relatos embarazosos sobre él. Por si fuera poco, los fiscales quieren presentar pruebas sobre el vergonzoso audio conocido como Access Hollywood. En la grabación, que salió a la luz en el tramo final de la campaña de 2016 y recogía una conversación de 2005, Trump hablaba abiertamente de “besar y agarrar a las mujeres por el coño”, obviamente sin permiso.
“El patrón de comportamiento de Trump con respecto a las mujeres está bien documentado desde hace tiempo, incluida la publicación de la cinta Access Hollywood en octubre de 2016″, añade O’Brien, especialista en género y política. “Por supuesto, su comportamiento le perjudica con las votantes. Trump obtiene peores resultados entre las mujeres que [el candidato republicano Mick] Romney en 2012, especialmente entre las mujeres con estudios universitarios, las solteras y las negras. Pero tanto sus partidarios como sus detractores saben qué esperar de él, por lo que es poco probable que cambien de opinión basándose únicamente en el juicio”.
Los fiscales pueden llamar a declarar a Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, que dijo haber tenido una aventura con Trump, así como a Cohen, principal testigo de cargo. Días después de que el juez ampliara la orden de silencio, u orden mordaza, impuesta a Trump para restringir sus discursos “incendiarios”, el republicano puso a prueba sus límites al tildar de mentirosos a Daniels y Cohen. En un mensaje en su plataforma Truth Social publicado este miércoles, se refirió a ambos como “¡dos bolsas de sordidez que, con sus mentiras y tergiversaciones, le han costado caro a nuestro País!”, con mayúscula.
Así que el espectáculo parece garantizado, dentro y fuera del tribunal, como demostró el circo mediático, animado por una estrambótica galería de trumpistas, con motivo de su comparecencia el 4 de abril de 2023 para la lectura de los cargos. En el proceso habrá lugar para elementos sensacionalistas, con sesiones merecedoras de palomitas, y otras soporíferas y densas, con el análisis pormenorizado de asientos contables de su empresa, la Organización Trump. Una compañía que resulta estar también en la picota como responsable de fraude fiscal continuado, por el que el magnate ha sido condenado a pagar 464 millones de dólares. Tanto este último como el proceso por difamación a la columnista E. Jean Carroll, que le ha costado 92 millones de sanción, son casos civiles, sin penas de prisión, pero las millonarias condenas impuestas vuelven a enlazar con el Trump candidato como si una y otra realidad, la judicial y la electoral, fueran vasos comunicantes: el uso de fondos recaudados en la campaña para contener la sangría de sus gastos legales.
Tras la constitución del jurado —cuya selección está previsto que dure entre una y dos semanas, aunque podría demorarse varias porque no será fácil, ni para la acusación ni para la defensa, aquilatar la objetividad de sus miembros frente a la figura más polarizante de las últimas décadas en EE UU— la suerte de Trump quedará en manos de doce vecinos anónimos, más seis sustitutos, seleccionados por el azar entre los 1,4 millones de adultos que viven en Manhattan. El cuestionario de 42 preguntas al que serán sometidos los candidatos da idea del escrutinio. La verdadera cuenta atrás, el tiempo de descuento para las elecciones del 5 de noviembre, ahora sí acaba de empezar.
Las maniobras dilatorias de la defensa lastran los procesos pendientes
El único denominador común de los cuatro procesos penales que afronta Donald Trump, acusado de un total de 88 delitos, es que en todos ellos se ha declarado “no culpable”, el equivalente a inocente en el sistema judicial estadounidense. Los de Washington y Georgia, por interferencia electoral, son de índole más política que el de Manhattan, y teóricamente más graves. El de Florida, por retención de documentos clasificados, atañe a la propia seguridad nacional. Ninguno de los tres restantes tiene fecha, tras numerosos retrasos y apelaciones, otra característica de todos los procesos: las maniobras dilatorias de la defensa. Por orden de imputación (el primero fue el de Manhattan), son los siguientes:
Los papeles de Mar-a-Lago
Previsto inicialmente para el 20 de mayo y luego retrasado, se refiere a la tenencia ilícita de materiales clasificados que el expresidente se llevó de la Casa Blanca en enero de 2021 y guardó en su residencia particular de Florida, de nombre Mar-a-Lago. Un registro del FBI en agosto de 2022 encontró 48 cajas de material, incluidos un centenar de documentos de acceso restringido, en varias dependencias de la mansión, incluido un cuarto de baño. Una treintena hacía referencia a planes de contingencia de alto secreto para atacar un país extranjero (Irán).
El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia para hacerse cargo de este caso y el relacionado con los intentos de anular las elecciones de 2020, acusa a Trump de unos 40 delitos de tenencia ilícita de documentación clasificada y violación de la ley de espionaje, incluido el intento de borrar imágenes de las cámaras que vigilaban la mansión tras recibir una orden judicial para su entrega.
El intento de revertir el resultado electoral de 2020
Es la imputación más grave y se refiere a los sucesos protagonizados por Trump, sus asesores y simpatizantes en el periodo entre su derrota electoral en las presidenciales de noviembre de 2020 —que dieron la victoria al demócrata Joe Biden— y el 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios suyos asaltó el Congreso para impedir la certificación de la victoria del actual presidente. El fiscal Smith le ha imputado por cuatro cargos: manipulación de testigos, obstrucción de un procedimiento legal y conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense y para violar derechos civiles.
Previsto en principio para el 4 de marzo, los recursos de la defensa, que han llegado hasta el Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones rechazara su inmunidad en el caso, han dilatado sine die su inicio.
Intento de pucherazo en Georgia
La cuarta imputación se trata también de un intento de pucherazo, pero, a diferencia de la de Washington, no es federal, sino estatal, y se circunscribe al Estado de Georgia. Trump presionó a funcionarios electorales del Estado para cambiar la suma de los votos, que dieron el triunfo a Biden por menos de 12.000 papeletas. También ha sido objeto de investigación la manipulación irregular en los sistemas informáticos de las máquinas de votación electrónica en un condado rural y un intento de recurrir a electores falsos para que votaran por Trump.
El conflicto de intereses derivado del romance entre la fiscal del caso, Fani Willis, y el fiscal especial que contrató para la investigación ha estado a punto de hacer descarrilar el proceso, pues la defensa de Trump recusó a Willis aunque un juez rechazó el mes pasado su intento. El pasado día 4, un juez de Atlanta desestimó también la petición de los abogados del expresidente de ser exculpado, argumentando que estaba haciendo uso de su libertad de expresión cuando trató de alterar el resultado electoral en Georgia.
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