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EE.UU. reactivará política “Permanecer en México” por orden judicial

Autor: John Bowden

Una controversial política que obliga a muchos migrantes que buscan asilo a permanecer en México mientras esperan que se procesen sus solicitudes será reanudada pronto por las autoridades estadounidenses, según se informó.

La llamada política “Permanecer en México” fue suspendida en enero después de que el presidente Joe Biden prometiera en su campaña de 2020 hacerlo.

Iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración del expresidente Donald Trump en 2019, la política se aplica a “ciertos extranjeros que intentan ingresar a los EE.UU. ilegalmente o sin documentación”, incluidos los solicitantes de asilo que llegan a tierra a través de México, y dicta que serán devueltos a México con la cooperación del gobierno mexicano.

Después de meses de batallas judiciales entre la administración de Biden y los estados liderados por el partido republicano en los EE.UU., la política se pondrá en marcha de nuevo la próxima semana, informó Axios por primera vez el miércoles.

“En cumplimiento de la orden judicial, estamos trabajando para volver a implementar el MPP (Protocolos de Protección al Migrante, el nombre formal de la política) lo antes posible”, dijo Marsha Espinosa, portavoz del DHS.

“No podemos hacerlo hasta que tengamos el acuerdo independiente del gobierno de México para aceptar a aquellos que buscamos inscribir en el MPP. Comunicaremos a la corte y al público el momento de la reimplementación cuando estemos preparados para hacerlo”, continuó.

A los solicitantes de asilo se les permitirá una vez más presentar sus solicitudes mientras estén en México, en lugar de permanecer dentro de los Estados Unidos, según funcionaba la política anterior. De acuerdo con la ley estadounidense, una persona solo puede solicitar asilo en un puerto de entrada de EE.UU. o desde el interior del país.

Cabe decir que se hará un cambio clave en la política: a cada migrante expulsado del interior de los EE.UU. después de un presunto cruce ilegal o rechazado en la frontera, se le ofrecerá una vacuna covid-19, aunque no será obligatorio recibirla. Según Axios , no está claro en qué punto del proceso los migrantes recibirán la vacuna, si la aceptan.

En el momento de su implementación, los funcionarios de inmigración citaron la alta tasa de personas “que no presentan una solicitud de asilo y/o desaparecen antes de que un juez de inmigración pueda determinar los méritos de cualquier solicitud” como una necesidad para la política “Permanecer en México”. Esta no se aplica a los ciudadanos mexicanos que buscan asilo en los EE.UU.

“Hemos implementado una acción sin precedentes que atenderá la urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Este enfoque humanitario ayudará a poner fin a la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración”, argumentó en ese momento la exsecretaria del DHS Kirstjen Nielsen, quien calificó la política como un “enfoque metódico de sentido común” para las solicitudes de asilo.

Sin embargo, los activistas por los derechos de los inmigrantes han sido muy críticos con la medida, citando las altas tasas de delitos violentos de algunas partes de México causadas por la presencia de cárteles de droga y otros grupos criminales, y señalando que Estados Unidos está poniendo a los migrantes en peligro a propósito al enviarlos a México.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) califica la política de “ilegal e indeciblemente cruel”.

“Las personas que fueron enviadas a México han sido constantemente sometidas a horribles crímenes y explotación, incluidos secuestros, violaciones y otros ataques violentos”, denuncia la ACLU en su sitio web, destacando cientos de casos documentados por un grupo internacional de derechos humanos .

La administración de Biden sufrió una derrota en la Corte Suprema en agosto cuando la mayoría conservadora de la corte determinó que su gobierno no podía suspender la política, y resolvió que el DHS no había probado que la decisión de suspender la medida no se había tomado de manera “arbitraria y caprichosa”.

El gobierno de Biden se ha comprometido a seguir apelando para poner fin a la política en los tribunales, incluso mientras la vuelve a implementar en virtud del fallo emitido en agosto por la Corte Suprema.

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