Una agresión física de parte de dos guardias privados del supermercado Líder contra unos clientes, dejó en evidencia que ambos no solo no contaban con la autorización de OS-10 de Carabineros, sino que además se trataba de inmigrantes ilegales que ingresaron al país por pasos no habilitados.
La golpiza a un matrimonio y su sobrino adolescente por parte de dos guardias de seguridad en un supermercado Lider de La Florida, bajo la acusación de que habrían cambiado el precio de un trozo de carne el pasado sábado de Semana Santa, dejó al descubierto un incumplimiento a las normativas laborales, migratorias y de seguridad privada, tras detectarse que los vigilantes eran venezolanos que habían ingresado a Chile por un paso no habilitado.
La situación ocurrida en el local pone en jaque el compliance de la filial de Walmart Chile S.A., respecto de su compromiso público de ser respetuosos con la legislación vigente y también el de su proveedor Incar Seguridad SpA, empleador de los vigilantes.
Fue justamente en la audiencia de control de detención y formalización de los guardias Rayxon Granado Parra y Efraín Siosi Villasmil en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el domingo pasado se conoció que ambos imputados eran venezolanos y guardias de Incar Seguridad SpA. También por la confesión de ellos mismos, se supo que habían llegado a Chile usando un paso fronterizo irregular en la localidad altiplánica de Colchane y que no habían realizado trámite alguno para regularizar su situación migratoria.
La contratación irregular de estos guardias migrantes no es menor, si se considera que ocurrió a solo una semana de que se publicara, el 21 de marzo en el Diario Oficial, la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, iniciativa impulsada por el propio retail para mejorar el desarrollo de esta industria.
La normativa busca regular esta actividad comercial que hoy es considerada estratégica, en medio de una coyuntura compleja que registra un aumento en la comisión de delitos por parte de bandas del crimen organizado y el reclutamiento de extranjeros migrantes en acciones de extorsión, secuestros, trata de personas, asaltos y homicidios.
El caso tampoco resulta trivial, dado que justo se produjo cinco días antes de la reunión que encabezó este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán, con gremios de las empresas de seguridad privada y centros de abasto, para consensuar criterios del reglamento de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, que deberá promulgarse en los próximos 6 meses.
Y menos aún lo es si se toma al pie de la letra la declaración de principios de la cadena Walmart Chile S.A., donde reafirma su compromiso con la ética y el cumplimiento de la legislación chilena. En su web institucional expresamente indica que “contamos, asimismo, con una gerencia de cumplimiento que se encarga de velar por el estricto respeto de las distintas legislaciones, normativas, reglamentos u ordenanzas que regulan nuestro actuar”.
Sobre este punto, a través de una declaración enviada a El Mostrador, Walmart Chile S.A. confirmó la existencia del incidente. Al respecto, señaló que “en cuanto tomamos conocimiento de éste, contactamos a la empresa Incar Seguridad –cuyos funcionarios cumplían labores en nuestra tienda–, para exigir el cumplimiento de la prestación del servicio de seguridad. Esto, con el debido cuidado de nuestros clientes, y el respeto de la ley, incluida la normativa migratoria. La empresa contratista informó haber desvinculado a los guardias involucrados”.
Sin embargo, pese a las consultas efectuadas sobre el control hacia sus prestadores de servicios, en cuanto al cumplimiento de las normativas legales chilenas y sobre el riesgo que reviste tener indocumentados trabajando en sus instalaciones, la empresa declinó pronunciarse.
Formalización y denuncias
La fiscal adjunta María Cecilia Pino formalizó el domingo pasado a los dos guardias por lesiones leves provocadas a los 3 clientes, luego de generarse una gresca en el supermercado.
La discusión, que terminó con golpes a dos adultos y a un adolescente, se originó debido a que los vigilantes no pudieron acreditar la acusación de que la familia había cambiado la etiqueta del precio de un trozo de carne. Carabineros finalmente llegó al lugar, detuvo a los guardias, pero extrañamente hasta hoy no ha dispuesto una fiscalización desde su Departamento OS-10 a la empresa, cuyo gerente de Operaciones es el sargento en retiro de la policía uniformada, Luis González Pérez.
Tras escuchar el relato, el juez de Garantía, Mauricio Pontino Cortés, fue más allá, al considerar anómalo que una empresa a cargo de la seguridad de una filial de la cadena Walmart tuviera guardias extranjeros migrantes irregulares en tareas clave, como el cuidado del patrimonio, protección de las personas y vigilancia de las instalaciones de local.
Por esa razón, decidió enviar sendos oficios al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito por la situación migratoria irregular de ambos extranjeros y su formalización. Asimismo, decidió también informar por escrito al 1° Juzgado de Policía Local de La Florida, “para poner en conocimiento que los imputados se encuentran en situación migratoria irregular y se desempeñaban como Guardias de Seguridad en el Supermercado Líder ubicado en Santa Amalia N°1763, La Florida, contratados por la empresa INCAR SEGURIDAD en contravención a lo dispuesto en el artículo 50 en relación al artículo 85 de la Ley 21.659”.
Antes de liberar a ambos imputados, el magistrado dispuso como medida cautelar que los venezolanos firmaran cada 15 días en una comisaría de Carabineros; fijó un plazo de 60 días de investigación; y les ordenó presentarse el lunes 1 de abril ante el Registro Civil para el canje penal, es decir, el trámite que permitirá la toma de sus huellas dactilares y la entrega de un Rol Único Nacional (RUN) provisorio, para su identificación en territorio chileno.
Incar y seguridad de la Convención
Esta no sería la primera vez que la empresa Incar Seguridad SpA se ve involucrada en una polémica. En junio de 2021, Ciper publicó un reportaje donde reveló que la firma se había adjudicado el contrato “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad” del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por 488 millones de pesos para la Convención Constitucional, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En la publicación se dio a conocer que la firma había incluido en su oferta el currículo del gerente de Operaciones, Luis González Pérez, destacando dentro de su experiencia su condición de sargento en retiro de Carabineros y de exintegrante de la guardia presidencial en los gobiernos de Augusto Pinochet, Patricio Aylwin y Eduardo Frei.
El ejercicio como guardia presidencial durante la dictadura fue un aspecto que motivó críticas de los convencionales de izquierda, dudando de la confiabilidad de la empresa de seguridad elegida para tareas claves como la custodia del edificio del ex Congreso Nacional y de los propios miembros de la Convención.
Denuncias laborales
Ante las consultas de El Mostrador sobre procesos de fiscalización realizados a Incar Seguridad SpA, la Dirección Nacional del Trabajo informó que la empresa tiene 149 multas por 104 millones 348 mil pesos.
De las faltas cometidas, figuran la no presentación a comparendos en la Inspección del Trabajo, exceder jornadas máximas de trabajo, no tener escriturados los contratos de trabajo, no entregar equipos de protección personal, efectuar descuentos no autorizados, no tener un registro diario de las horas trabajadas, y no declarar las cotizaciones previsionales, entre las más recurrentes.
Incar y subsecretaría en silencio
Pese al envío de un cuestionario y dos llamados telefónicos al gerente de Operaciones de Incar Seguridad SpA, Luis González Pérez, este último declinó entregar una versión de los hechos que afectaron a dos de sus empleados.
Extrañamente, en su web institucional, la firma –que fue creada en 1999– señala en sus frases promocionales que “el 100% de nuestros Guardias de Seguridad cuenta con el OS-10”. La pregunta que cabe es ¿cómo pudieron obtener los dos migrantes irregulares el Curso OS-10, si en el tribunal reconocieron que ni siquiera se habían autodenunciado por su ingreso a través de un paso fronterizo ilegal?
El Decreto N°867, que fija el reglamento para empresas y personas dedicadas a la vigilancia privada, y que aún no ha sido derogado, establece como obligación haber aprobado los cursos OS-10 y, para el caso de los extranjeros, exige que deben contar con permanencia definitiva en el país. Estas mismas condiciones se mantienen en la nueva ley que entrará en vigencia en los próximos 6 meses, una vez que sea tramitado su reglamento.
Por otro lado, El Mostrador intentó obtener una versión desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad a la que el 14°Juzgado de Garantía de Santiago envió la denuncia sobre el incumplimiento de Walmart Chile e Incar Seguridad SpA a la normativa de seguridad privada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, pese a haber enviado un cuestionario, no hubo respuesta.
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