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Érase una vez, la administración Biden hablaba mucho de derechos humanos y democracia. “El presidente Biden está comprometido con una política exterior que… se centra en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos, dijo el secretario de Estado Blinken en 2021. “Incentivaremos el comportamiento democrático”, dijo ese año en otro discurso.
Por Elliott Abrams / Council on Foreing Relations
En 2022 , un periodista en una conferencia de prensa dijo que “la administración Biden ha prometido poner los derechos humanos en el centro de su política exterior” y preguntó si eso había sucedido. Blinken respondió: “Como usted dijo, muy acertadamente, en primer lugar, es algo que el presidente Biden estaba muy convencido de volver a poner en el centro de nuestra política exterior, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho al centrar la atención en los derechos humanos”. abusos. Lo hemos hecho al movilizar a otros países para que hablen, se levanten y tomen medidas contra estos abusos. Lo hemos hecho en las acciones que hemos tomado nosotros mismos”.
En 2023 dijo: “El presidente Biden ha hecho de la promoción y defensa de los derechos humanos una prioridad para nuestra política exterior, y es una prioridad para este departamento. Es una prioridad en todas, en todas las oficinas de este departamento, en todas partes del mundo”.
Pero no cuando se trata de Venezuela.
El Wall Street Journal informó el 29 de marzo algo que ha quedado cada vez más claro: cuando se trata de Venezuela, la administración está mucho, mucho más preocupada por los precios del petróleo y las cuestiones migratorias que por la democracia. ” Es poco probable que Biden vuelva a imponer sanciones petroleras a Venezuela “, decía el titular. El artículo informa que “los funcionarios estadounidenses están preocupados” de que las sanciones a la industria petrolera venezolana “aumentarían el precio de la gasolina en los surtidores estadounidenses y provocarían una mayor migración desde Venezuela mientras el presidente Biden hace campaña para la reelección en noviembre”.
En octubre, la administración Biden levantó las sanciones petroleras (otorgando una licencia general para trabajar en el sector del petróleo y el gas durante seis meses) y dijo que el objetivo era promover la democracia en Venezuela. Y dijo que las sanciones se volverían a imponer si no había avances: ” El gobierno de Estados Unidos conserva la autoridad para modificar o revocar todas las autorizaciones en caso de que Maduro y sus representantes no cumplan con sus compromisos”. No ha habido avances. Más recientemente, el régimen de Maduro prohibió la candidatura presidencial de la oposición, María Corina Machado, extremadamente popular en las elecciones de julio, y ha estado encarcelando a sus asesores más cercanos y a otros líderes de derechos humanos. La oposición eligió una candidata sustituta, Carina Yoris , para poder permanecer en las elecciones. A ella también se le prohibió postularse, mientras que un candidato cuidadosamente elegido fue registrado por el régimen como candidato de la “oposición”.
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