Apetece empezar este artículo con aquella frase/idea global de David Attenborough a propósito del desbarajuste ecosocial que la especie humana está provocando en las ecodependencias del sistema Tierra: lo que no se puede hacer eternamente es insostenible. Añadimos otra variable. Todo se complica todavía más si, movidos por las solidarias intenciones de que lleguemos a mejorar la vida de las personas que viven dramas de desigualdad, les invitamos a ser como nosotros. Acción que va claramente indisoluble de las verdaderas democracias que hacen de la ética uno de sus pilares convivenciales. Ante esta situación, la ética global nos anima al decrecimiento de unos para la mejora de otros. Por ahora no se ve así la cuestión. Nos tenemos problema en criticar la desmesura actual de los países ricos: el castigo al medioambiente está subvencionado, lo cual es claramente insostenible, y además absurdo. Dado que el medioambiente es nuestra cuna a lo largo de toda nuestra vida.
Se podrían poner muchos ejemplos, pero vamos a limitarnos a algunos comentarios. Hemos leído recientemente en diversos medios de comunicación escrita, también entre las noticias de ONG ambientalistas lo que restó a la hucha pública hacer frente a la crisis climática: “España gastó más de 23.000 millones de dinero público en actividades nocivas para el medio ambiente en 2024”. Lo afirma un estudio pionero impulsado desde Greenpeace. Por si alguien piensa en su partidismo, recordemos que esta ONG es independiente pues no recibe subvenciones de gobiernos, al menos por lo que conocemos. Por cierto, de los euros totales aportados en subvenciones durante el año, 27.100 millones, alrededor del 86 % va a parar a actividades que podríamos llamar directamente “tóxicas” para el medioambiente. ¿Cómo se llega esta conclusión? Muy fácil, en vez de impulsar una transición ecológica, agravan la crisis climática y generan desigualdad. La “catastrofista Greenpeace”, pensará más de una persona.
Si se escudriña un poco más el asunto, se descubre que solo un 13,9% de las ayudas públicas va a actividades o proyectos que impulsan la transición ecológica. Por partidas, hay que conocer que, además del 15 % destinado a los hogares –las que los ayudan en su día a día-, el sector más beneficiado ha sido el agrario, que supera el 50 % -algunas ayudas llevan el formato PAC pero sepamos que casi todas son tóxicas para el medioambiente-. Resta decir que se destina más dinero a subvencionar el gasóleo que a los vehículos eléctricos. Además, las ayudas al transporte suponen el 38 %.
Pero si se desmenuza el informe de Greenpeace referido a España, se constata que unos 3.766 millones de euros apoyan verdaderas transiciones energéticas. La transición se ha dicho siempre que es la estrategia única para huir de la crisis climática actual y futura, de la siempre amenazada economía global. Siendo así, sorprende que 13. 666 millones de euros se hayan concedido a actividades productivas que tenían impactos ambientales, tanto positivos como negativos y que 9.633 millones han ido a parar a sectores con evidentes impactos negativos.
¿Y en Europa? Todo esto y todavía más. Las subvenciones dañinas al medioambiente han alcanzado alrededor de unos 400.000 millones de euros, lo que Greenpeace califica de “dopaje fósil” de Gobiernos a empresas. Dineros que ya se repartían antes, pero que se incrementaron con la pandemia COVID y la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, como principales factores.
En medio de esta marabunta dineraria accede al poder el señor Trump, que trompica las frágiles expectativas de dejar atrás los tiempos de crisis. Todo porque se empeña, no sabemos si con el beneplácito de quienes mandan en Rusia, de decir a Europa que se arme hasta los dientes, expresión que debe querer decir pasando por el pensamiento. Tanto es así, que según denuncian unos pocos medios de comunicación eso va a suponer, de entrada, unos 800.000 millones de euros, que imaginamos se restarán de otras partidas presupuestarias; por ahí dicen que las de contenido social.
Para que no se nos tache de tendenciosos, hemos acudido a otras fuentes. Investigate Europe. Allí nos hemos enterado de la interacción entre subvenciones a la minería tóxica y conservación del medioambiente.
No vamos a añadir más cifras para no aburrir al personal. Simplemente resumir como semáforo de coherencia ambiental eso que afirma Greenpeace de que: el dinero público va a bolsillos equivocados, y algunos lo invierten en prácticas tóxicas para el medioambiente; claro, los aviones queman combustible sin para en este hiper viajero mundo que se ha desatado tras la COVID. Ahí estamos todos. Tan oscura está la cosa que hasta el Banco Mundial advertía hace un par de años que se desperdiciaban billones de dólares –equivalentes al 8 % del PIB mundial- en ayudas públicas directas e implícitas –a los combustibles fósiles, la agricultura y la pesca contaminante-, pese a ser dañinas para el ser humano y el medio ambiente.
De todo lo anterior, con todo lo anterior y a pesar de nuestros posibles errores u olvidos, suponemos que la Comisión Europea será mucho más escrupulosa de cara al futuro. Imaginamos un Parlamento europeo sensible a estas cuestiones, porque en manos de ambas instituciones está asegurar que el año 2030 sea el de la verdad ecosocial, sin tener que protegerse de un medioambiente deteriorado por las subvenciones públicas. ¿O no?
