Desde este lunes se celebrará la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) en Santiago, que busca consolidar la democracia ambiental y reúne a 24 países de América Latina y el Caribe, en el que Chile tiene un rol importante.
El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, resaltó en Cooperativa que la instancia “se hace cargo de problemáticas muy importante como es la defensa y protección de defensores y defensoras de derechos humanos en temáticas medio ambientales”.
En ese sentido, apuntó que es relevante, ya que, en “Latinoamérica y el Caribe se considera, lamentablemente, como la región donde es más peligroso considerarse defensora o defensor de derechos ambientales“.
La instancia se da casi un año y medio después que Chile se volviera Estado parte del Acuerdo de Escazú.
Dado lo anterior, el subsecretario explicó que presentarán el plan implementación en el que participaron 26 instituciones para “establecer un ambiente de protección a quienes su acción principal es cuidar y proteger nuestra casa común, que es el medio ambiente y que como sociedad tenemos que jugar un rol activo en su protección”.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En concreto, Proaño explicó que el plan de implementación se basa en “cómo implementar el Acuerdo de Escazú”, que establece “distintas líneas de acción de acuerdo al derecho de acceso la información ambiental, cómo nosotros somos capaces de poner a disposición de la ciudadanía información en lenguaje claro, preciso y oportuno“, así como también de educación.
Además, dijo, establece medidas de participación temprana, “entendemos que la participación más efectiva por parte de la ciudadanía se produce en etapas tempranas, cuando la toma de decisiones está en proceso”.
“En esto, estamos avanzando en medidas concretas como el proyecto de ley que presentamos a inicio de este año respecto a una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde establecimos un proceso de participación temprana para los proyectos de inversión“.
Igualmente, establece medidas en justicia ambiental, “sobre todo en educación y difusión de herramientas de acceso a justicia ambiental. La ciudadanía debe tener conocimiento dónde recurrido en caso de que vea vulnerada, tanto como en términos procedimentales y cuanto a amenazas por roles de defensoras y defensores ambientales“.
El subsecretario, además, destacó a que tener un plan de implementación en tan poco tiempo responde a que “hemos decidido como país ser ambiciosos y dar señales concretas que para nosotros como Gobierno es relevante, es prioritario, y que al final del día avanzar en democracia ambiental, también es avanzas en nuestra democracia en términos más amplios. Es fortalecimiento democrático y una necesidad como país”.
AMBIENTALISTAS PIDEN ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO ESCAZÚ
Desde este viernes, más de 30 organizaciones de toda la región se reúnen en Santiago para compartir ideas de cara a la COP 3 de Acuerdo de Escazú (COP3) y piden que se acelere la implementación del tratado, el primero del mundo que protege a los defensores ambientales.
“Este es un encuentro generado por la sociedad civil para encontrarse en el debate de ideas y el intercambio de opiniones sobre las implicancias de este acuerdo. Es muy importante porque nos permite generar un espacio extra institucional para encontrar a las personas que trabajan por la justicia ambiental en la región”, dijo a EFE la abogada y coordinadora general de la ONG chilena FIMA, Antonia Berrios.
El encuentro, realizado en el Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago) y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la capital, aspira a “generar un espacio de conexión, red y debate, para finalmente en la plenaria recoger las discusiones tendidas en el espacio“, agregó Berrios.
Intercambiar experiencias sobre los desafíos que implica la implementación del acuerdo, la evolución del proceso de transición energética regional y las políticas climáticas con enfoque de género y derechos humanos son algunos de los temas que se tratarán en las dos jornadas de conferencias y charlas de la llamada “pre-COP”.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
