La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que participan representantes del Ministerio de Juventud e Infancia y de las comunidades autónomas, ha rechazado este jueves una propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para lograr la derivación de 470 menores migrantes desde el archipiélago y otros 100 de Ceuta hasta otras regiones, según ha confirmado el viceconsejero canario de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil (Coalición Canaria). Las comunidades han rechazado la fórmula puesta sobre la mesa. Este no, sumado al bloqueo de más de 300 traslados pactados en octubre, deja a las islas a expensas de que se cierre un cambio legislativo con La Moncloa para que se repartan los 5.370 menores extranjeros no acompañados bajo su tutela en 74 dispositivos de acogida.
La propuesta puesta este miércoles sobre la mesa presentaba una novedad, encaminada a agilizar los traslados: los menores iban a ser trasladados a territorio peninsular gracias a cuerdos con entidades sociales, no con los gobiernos regionales. Esta distribución iba acompañada de una partida de 25 millones para dar cobertura a la derivación de niños y adolescentes desde Canarias y de 5,3 millones para los de Ceuta. Canarias, de esta manera, solo cedía su guarda y conservaba su tutela. “Muchas comunidades autónomas entendieron que se invadían sus competencias”, ha explicado el viceconsejero. “Una vez más vemos cómo los procedimientos administrativos y la burocracia nos impiden reducir la tensión de los recursos de acogida de menores migrantes en el archipiélago. “El marco competencial ha quedado por encima del interés superior del menor”.
Esta nueva fórmula perseguía esquivar las dificultades que hay en la actualidad a la hora de repartir menores, algo que hasta que no se cierre una legislación depende de la voluntad de los gobiernos. En octubre, las comunidades pactaron recibir a casi 340 menores desde Canarias. De ellos, apenas ocho han salido con rumbo a Aragón. El motivo, según Candil, reside en la extrema complejidad burocrática que ralentiza la firma de esos convenios con cada región. Hasta la fecha solo se han suscrito cinco: Galicia, Madrid, Cantabria, Aragón y Navarra. “La atención a estos menores no puede continuar esperando por la burocracia administrativa”, ha asegurado Candil.
Las esperanzas canarias para lograr el reparto de menores están puestas en la modificación legislativa que se tramita en la actualidad. Coalición Canaria (en el gobierno regional gracias a su pacto con el Partido Popular) acordó con el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que se procediese a una modificación legislativa que estableciese la distribución de los menores. A finales de año, el Gabinete del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) remitió a Madrid una propuesta que fue rechazada y que abrió el camino a una negociación que ha culminado en un acuerdo entre ambas partes que consiste en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el apartado que regula la gestión de los menores no acompañados. Está previsto que los servicios jurídicos del ministerio y de la comunidad autónoma cierren un documento “en el plazo de una semana, diez días”, según fuentes oficiales. Será con ese texto con el que se busque la herramienta “más rápida y segura jurídicamente” y se recabe el apoyo de los distintos grupos políticos.
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