El equipo de Biden evalúa indultos generales antes de la prometida ‘venganza’ de Trump  

El equipo del presidente Biden está debatiendo si este debería conceder indultos generales a una serie de enemigos percibidos del presidente electo Donald Trump para protegerlos de la “venganza” con la que Trump ha amenazado tras su toma de posesión, según personas familiarizadas con el debate.

La idea consistiría en conceder clemencia ejecutiva de forma preventiva a una lista de funcionarios y exfuncionarios del gobierno por posibles delitos cometidos a lo largo de varios años, con lo que se le haría cortocircuito a la prometida campaña de represalias del próximo presidente.

Los funcionarios de la Casa Blanca no creen que los posibles beneficiarios hayan cometido realmente delitos, pero les preocupa cada vez más que las selecciones de Trump para altos cargos del Departamento de Justicia indiquen que cumplirá sus repetidos votos de venganza. Incluso una investigación que no concluya con la presentación de cargos podría prolongarse durante meses o años, lo que costaría a esas personas cientos de miles de dólares en honorarios de abogados y paralizaría sus perspectivas profesionales.

El debate sobre los indultos generales, del que ya informó Político, se mantiene principalmente a nivel de personal, aunque Biden ha hablado de ello con altos cargos del equipo, según las personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas. Las discusiones se producen después de que Biden indultara a su hijo Hunter para librarlo de la cárcel por cargos fiscales y de posesión de armas. La Casa Blanca declinó hacer comentarios el jueves.

En efecto, Biden anticipó ese enfoque con el indulto de su hijo, borrando no solo los cargos por los que realmente fue condenado, sino cualquier delito que “pueda haber cometido o en el que haya participado” desde 2014. Es de suponer que esto impedirá que el Departamento de Justicia de Trump persiga a Hunter Biden por cualquier acusación que no amerite cargos por parte del fiscal que lo ha investigado desde el primer mandato de Trump.

Un acto de clemencia tan amplio, que abarca incluso delitos teóricos a lo largo de una década, supera el alcance de cualquier otro desde, al menos, la época del Watergate, cuando el presidente Gerald Ford indultó a su predecesor caído en desgracia, Richard Nixon, por cualquier delito aunque no hubiera sido acusado. Nunca antes un presidente había indultado en masa a funcionarios del gobierno por temor a que un sucesor intentara procesarlos por venganza partidista.

Pero la elección de Pam Bondi, ex fiscal general de Florida y portavoz política de Trump, para dirigir el Departamento de Justicia, y de Kash Patel, exasistente de Trump y provocador de extrema derecha, como director del FBI, ha puesto el tema en primer plano. Patel ha prometido “perseguir” a los críticos de Trump e incluso publicó una lista de unas 60 personas a las que consideraba “miembros del Estado profundo del poder ejecutivo” como apéndice de un libro de 2023.

Los demócratas del Capitolio han presionado a Biden para que haga lo posible por proteger a los objetivos de Trump. El representante James E. Clyburn, de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos del presidente, instó a la Casa Blanca a considerar la posibilidad de indultos preventivos poco después de la elección de Trump el mes pasado, y recomendó asimismo al presidente que indultara a su hijo.

“Creo que hay muchas personas que están entrando en este próximo gobierno que nos están diciendo quiénes son”, dijo Clyburn en una entrevista el jueves. “He visto a Kash Patel diciendo a quién perseguirá, y entonces ¿por qué no deberíamos creerles? Y eso es lo que le dije al personal del presidente: tienen que creerle a esta gente”.

Y añadió: “Creo que sería poco honorable dejar este cargo y no hacer lo posible por proteger la integridad de la toma de decisiones de ellos, especialmente cuando estaban desempeñando responsabilidades como patriotas de este país, haciendo lo necesario en pos de una unión más perfecta”.

Ed Siskel, asesor jurídico de la Casa Blanca, dirige los debates como parte de un plan más amplio para conceder indultos y conmutaciones a beneficiarios más tradicionales, incluidos los condenados por delitos de drogas no violentos, como es habitual en los últimos días de un presidente. Entre otros asesores que participan en las conversaciones se encuentra Jeffrey D. Zients, jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Pero, mientras los funcionarios de la Casa Blanca sopesan el asunto, les preocupa que tal medida alimente la impresión difundida en los medios de comunicación conservadores de que los destinatarios han hecho realmente algo malo. Al menos algunos de quienes serían candidatos obvios a tales indultos han dicho en privado que no querrían uno debido a tal implicación. Otros, a quienes les preocupan las represalias, han presionado para obtener sus propios indultos.

Entre las personas cuyos nombres se han barajado están la exrepresentante Liz Cheney, republicana de Wyoming, quien fue vicepresidenta del comité bipartidista que investigó el papel de Trump en el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio; Anthony Fauci, el antiguo experto en enfermedades infecciosas del gobierno cuyo asesoramiento sobre COVID-19 le convirtió en blanco de ataques de extrema derecha; Jack Smith, el abogado especial saliente que procesó a Trump; y el senador electo Adam B. Schiff, demócrata de California, quien fue uno de los principales fiscales de la Cámara en el primer juicio de destitución de Trump.

Cheney y Fauci no respondieron a las solicitudes de comentarios. Schiff dijo que no creía que los indultos generales fueran una buena idea. “Instaría al presidente a que no lo hiciera”, declaró recientemente a NPR. “Creo que parecería defensivo e innecesario”.

Otros dijeron que estaban divididos. Olivia Troye, exasesora del vicepresidente Mike Pence, que ha sido una de las principales críticas del presidente electo, fue amenazada por un abogado de Patel esta misma semana en una carta en la que le decía que “se interpondrán acciones judiciales contra usted” si no se retractaba de sus críticas contra Trump durante una entrevista televisiva.

“No he cometido ningún delito”, dijo en una entrevista. Pero “estos son tiempos muy diferentes. ¿Es algo que hemos considerado y nos preocupa? Sí. Pero lo único que he hecho es decir la verdad. No he hecho nada malo ni he cometido ningún delito, y ahí es donde se complica el asunto. Son tiempos sin precedentes. Eso es lo que lo hace tan difícil”.

Trump, quien ha sostenido que las numerosos procesos penales y civiles abiertos contra él forman parte de una amplia “cacería de brujas” que ha “militarizado” el sistema judicial, no ha hecho mucho por disimular su deseo de utilizar el sistema de aplicación de la ley para vengarse de sus enemigos. Ha amenazado con procesar a demócratas, trabajadores electorales, agentes de las fuerzas del orden, funcionarios de inteligencia, periodistas, antiguos miembros de su propio personal y republicanos que no lo apoyen.

Ha dicho en las redes sociales que Cheney “debería ser procesada por lo que le ha hecho a nuestro país“ y que todo el comité del 6 de enero ”¡debería ser procesado por sus mentiras y, francamente, por TRAICIÓN!”. Dijo que la vicepresidenta Kamala Harris “debería ser impugnada y procesada”. Ha prometido “nombrar a un verdadero fiscal especial para que persiga” a Biden y a su familia. Ha sugerido que el general Mark A. Milley, jefe retirado del Estado Mayor Conjunto, merecía ser ejecutado.

Ha dicho que Letitia James, la fiscal general de Nueva York que ganó una sentencia de 450 millones de dólares contra él por fraude empresarial, y el juez Arthur F. Engoron, quien presidió el juicio, “deberían ser detenidos y castigados como corresponde”. Compartió una publicación en la que decía que los policías que defendieron el Capitolio el 6 de enero “deberían ser acusados y los manifestantes deberían ser liberados”. Ha dicho que si Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hace algo que se considere ilegal, “pasará el resto de su vida en prisión”.

La propia lista de enemigos en el “Estado profundo” de Patel incluye no solo a demócratas, sino también a antiguos cargos designados por Trump que rompieron con él o fueron considerados obstáculos, como John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional; William Barr, ex fiscal general; Mark Esper, exsecretario de Defensa; Pat Cipollone, exasesor de la Casa Blanca; Gina Haspel, exdirectora de la CIA; y Christopher Wray, actual director del FBI.

“Las amenazas de enjuiciamiento de Trump y Patel son reales”, dijo Paul Rosenzweig, funcionario de seguridad nacional bajo la presidencia de George W. Bush y asesor sénior del abogado independiente Ken Starr en su investigación sobre el presidente Bill Clinton. “Biden tiene la obligación moral de defender a todos aquellos que arriesgaron su vida por él y protegerlos, lo mejor que pueda, de los impulsos autoritarios de Trump. Debería indultar a cualquiera que figure en la lista de enemigos de Trump o de Patel. Es lo menos que puede hacer”.

Algunos demócratas se han hecho eco del argumento. “Entre las personas a las que se dirigen se encuentran agentes del orden, personal militar y otras personas que han dedicado su vida a proteger este país”, dijo en un comunicado el representante Brendan Boyle, de Pensilvania. “Estos patriotas no deberían tener que vivir con miedo a represalias políticas por hacer lo correcto”.

Pero otros demócratas dijeron que sería una mala imagen para el partido, ya que daría la impresión de que solo protege a los suyos y no a los más indefensos de la sociedad.

“Los demócratas deberían estar a favor de reformar y restringir el poder de indulto”, dijo en una entrevista el representante Ro Khanna, de California. “Las personas negras y morenas encarceladas por posesión de marihuana se han enfrentado y siguen enfrentándose a mucha más injusticia que algunos de los individuos más privilegiados que han servido en el Congreso o el Senado”.

Peter Baker es el corresponsal principal de la Casa Blanca para el Times. Ha cubierto las gestiones de los últimos cinco presidentes y a veces escribe artículos analíticos que ponen a los presidentes y sus gobiernos en un contexto y marco histórico más grande. Más de Peter Baker

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Joe Biden y su gestión. Más de Erica L. Green