Vicenç Llorca Solans
El Gobierno ha aprobado la concesión de la nacionalidad española a 171 descendientes de brigadistas internacionales, en concreto a 54 hijos y 117 nietos, según ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los hijos y nietos de brigadistas a los que se concede la nacionalidad son ciudadanos de países como Cuba, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Australia, Italia o Francia. Todos ellos son miembros de la asociación memorialista Amigos de las Brigadas Internacionales.
Con este reconocimiento, el Gobierno quiere honrar el legado de los brigadistas, “que encarnaron los valores de libertad, igualdad y solidaridad”, según la Moncloa, que ha reafirmado su compromiso con una memoria democrática “que no olvida a quienes lucharon contra el fascismo”. ”Se trata de un gesto que adquiere una relevante dimensión simbólica en un contexto global marcado por el auge del revisionismo y la deslegitimación de los valores democráticos”, ha argumentado el departamento que lidera el ministro Félix Bolaños.
Todos ellos solicitaron la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el 2022 por el Ejecutivo socialista, en la que se señala que estas circunstancias son aplicables a los descendientes que “acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.
El presidente Sánchez explicó el pasado viernes 31 de octubre, día contemplado en la propia ley como ”Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura”, que la medida suponía un importante paso hacia la defensa de la democracia en un “tiempo de amenaza e involución en todo el mundo”. “Será un honor poder llamarles compatriotas”, dijo Sánchez, convencido de que el reconocimiento de este “derecho” es una manera de cultivar la memoria democrática.
Las Brigadas Internacionales reunieron a unos 35.000 efectivos voluntarios de unos 50 países diferentes para ayudar al gobierno de la II República. La propuesta fue avalada por la Comintern en Moscú el año 1936. Fue entonces cuando los partidos comunistas se comprometieron a reclutar voluntarios para ayudar al ejército republicano. La principal base de los brigadistas fue la ciudad de Albacete, donde se creó el cuartel general y el centro de entrenamiento.
En su mayoría, los brigadistas no tenían experiencia militar previa, pero les unía un sentimiento generalizado de lucha contra el fascismo ya que procedían de organizaciones políticas de izquierdas. Los brigadistas fueron utilizados como fuerza de choque de algunas de las batallas más duras de la Guerra Civil. Se calcula que cerca de 10.000 acabaron perdiendo la vida en territorio español.
