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El gobierno de Trump amplía las razones para negar la ciudadanía. Te explicamos cuáles son y a quién afecta

Autor: Univision

Los residentes legales permanentes que aspiran a convertirse en ciudadanos por naturalización deberán sortear nuevos obstáculos cuando envíen el Formulario N-400. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunciaron una actualización en la guía de políticas y aseguraron que revisarán si los aspirantes a la ciudadanía obtuvieron la residencia legal permanente (LPR) “de forma legal”.

La guía fue actualizada el 18 de noviembre “para aclarar las circunstancias en las que encontraríamos a los solicitantes inelegibles para la naturalización porque no fueron admitidos legalmente para la residencia permanente” (green card), dijo la USCIS en un comunicado.

La agencia agregó que los solicitantes de la ciudadanía estadounidense “no son elegibles para la naturalización si obtuvieron el estatus de residente legal permanente por error, por fraude o en incumplimiento con la ley”.

La actualización también aclara que “revisamos si los solicitantes han abandonado su estatus de residente legal permanente cuando adjudicamos la solicitud de naturalización”. Indican que “si un solicitante no cumple con la responsabilidad de demostrar que mantuvo el estatus de LPR, por lo general, rechazamos la solicitud de naturalización y colocamos al solicitante en un proceso de deportación mediante la emisión de una Notificación de Comparecencia (NTA)”.

La USCIS también advirtió que si el solicitante se encuentra en proceso de deportación de conformidad con una orden de arresto, “denegaremos la petición de ciudadanía”.

Todos “bajo la lupa”

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que la “actualización” hecha por la USCIS a la guía de políticas “puso a todos los solicitantes de ciudadanía bajo la lupa”.

“Las personas no deben olvidar que cuando se convierten en residentes legales permanentes (LPR) deben haberlo hecho ‘lawfuly’ (legalmente) porque de lo contrario les van a cuestionar la green card y les negarán el trámite de naturalización”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración en Florida.

“Cualquier error que se haya cometido durante el proceso, un fraude, documentación que no fue entregada y la residencia fue otorgada, si la persona se encontraba en corte y el caso fue terminado por un error y el inmigrante obtuvo la residencia, le pueden negar el trámite de ciudadanía porque la residencia tiene un defecto”, añadió.

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Guerrero dijo además que todos los cambios y ampliaciones anunciadas por la USCIS se originan del esfuerzo del gobierno por dificultar el proceso de ciudadanía dentro del marco de la política migratoria de tolerancia cero.

“Abrieron la puerta para poner en duda el reclamo de un beneficio legal disponible ante cualquier cosa rara que encuentren en un trámite”, apuntó.

La carga de la prueba

Para Armando Olmedo, abogado de inmigración que ejerce en Florida, la actualización hecha por la USCIS “aclara el requisito de que toda persona en búsqueda de una naturalización tiene que de demostrar que legalmente fue admitida al país para propósitos de su residencia permanente”.

“Una tarjeta de residencia, por si sola, no cumple con este criterio. Por ejemplo, el manual explícitamente indica que una residencia se pudo haber obtenido por error, sea en una embajada o por entrevista con USCIS. Interesantemente, es posible que una persona no esté consciente de dicho error —el cual pudo haber sucedido sin fraude— y que se entere del problema con su residencia permanente al momento de pedir la ciudadanía”, asvirtió.

“No existe mecanismo para que un aplicante pueda determinar si hubo error en su solicitud de residencia permanente”, dijo. “Por lo tanto, si al pedir la ciudadanía surge un reclamo de error por parte del gobierno, el solicitante tendrá que demostrar que no hubo error. Si falla, pierde la residencia y puede ser sujeto a una deportación”.

Olmedo dijo además que “el manual también aclara la interpretación del concepto del abandono de una residencia y le da más discreción a un oficial para determinar si el solicitante para la ciudadanía, por causa de sus viajes de larga duración fuera del país, no califica como residente y, por lo tanto, no califica para la ciudadanía. También, específicamente, menciona que viajes de corto tiempo a Estados Unidos para aquellos que no viven en los Estados Unidos no le preservarán el estatus de residente permanente al solicitante de naturalización. Un oficial analizando la solicitud de ciudadanía tiene que revisar la frecuencia de los viajes, los propósitos de viaje, con el objetivo de aclarar la intención del residente”, apuntó.

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USCIS también aclara “que toda persona que haya obtenido la residencia según las leyes en el momento que se le otorgó, no serán afectados por cambios de ley que hayan tomado lugar desde el momento en que obtuvieron su residencia, particularmente si bajo la ley actual no calificarían para el beneficio”, subrayó Olmedo, coautor del libro ‘Inmigración, las nuevas reglas’.

Ciudadanías en la mira

El gobierno puso en la mira el proceso de ciudadanía en septiembre de 2017 como parte de un esfuerzo encaminado a restringir la inmigración legal, una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump en 2016.

Tras el término de un operativo ordenado por el Departamento de Justicia (DOJ), entonces bajo el mando de Jeff Sessions, las autoridades dijeron que unas 350,000 ciudadanías por naturalización estaban siendo investigadas debido a que las huellas digitales de esos casos no existían en una base de datos central.

La falta de este registro impedía a las autoridades verificar, entre otros asuntos, la existencia de antecedentes criminales, indicó el gobierno en esa ocasión.

La revisión fue ordenada tras el fallo de un juez de Nueva Jersey, quien exigió la “revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al ciudadano indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’”.

El caso Singh

Singh llegó al aeropuerto internacional de San Francisco, California, el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento de viaje o prueba de identidad.

El individuo, según explican las autoridades del DOJ, dijo que se llamaba Davinder Singh. Una vez procesado fue puesto en trámites de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de expulsión en ausencia el 7 de enero de 1992.

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Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó a los Estados Unidos sin inspección. Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre.

El individuo se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006, y desde entonces residía en Carteret, Nueva Jersey.

Oficina clave

En febrero de este año el Departamento de Justicia anunció la creación de una oficina que se encargará de quitarle la ciudadanía (desnaturalización) a inmigrantes que han cometido delitos. “La Sección de Desnaturalización de la División Civil investigará y litigará la desnaturalización de terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores”, dijo la dependencia federal en un comunicado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha dicho que la creación de una nueva oficina para quitar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes es una medida “escalofriante”.

“Esta nueva unidad del Departamento de Justicia, enfocada únicamente en despojar a los estadounidenses de su ciudadanía, confirma que la campaña sistemática de Trump contra las personas de color se extiende desde nuestras fronteras hasta el resto de la nación”, dijo Manar Waheed, asesor legislativo y de defensa de ACLU.

“El gobierno ha presentado tres veces más casos de desnaturalización civil anualmente en comparación con los promedios anuales de las últimas ocho administraciones”, agregó.

Waheed dijo además que “esta medida es un esfuerzo por crear un ambiente de miedo e inseguridad”, y que “este no es el Estados Unidos que queremos ser”.

Para Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, la nueva oficina es “algo muy feo, porque el gobierno quiere meter todos los recursos en quitarle derechos a ciudadanos estadounidenses”.

“Nuestro gobierno no está ahora para protegernos, sino para promover su agenta antinmigrante” agregó.

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