La Administración Trump presentó el miércoles demandas contra dos estados de EE.UU. para impedirles emprender acciones legales contra las empresas de combustibles fósiles por los daños causados por el cambio climático. El jueves, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó a otros dos estados por sus leyes climáticas.
Los funcionarios de los cuatro estados demócratas –Hawái y Michigan, Nueva York y Vermont– se muestran desafiantes ante estas demandas sin precedentes, que se ajustan al modelo de medidas contra el clima que Trump ha llevado a cabo durante sus primeros 100 días de vuelta al poder. En la campaña electoral del año pasado, prometió “detener la ola de litigios frívolos de los extremistas medioambientales”.
Ese fue de nuevo el tono en una declaración de la fiscal general Pamela Bondi sobre las recientes demandas. “Estas demandas y pleitos onerosos y motivados ideológicamente amenazan la independencia energética estadounidense y la seguridad económica y nacional de nuestro país”, escribió.
El Departamento de Justicia alega que las acciones climáticas de los estados entran en conflicto con la autoridad federal y la agenda de dominio energético de Trump – después de que el presidente firmara una orden ejecutiva declarando una emergencia energética nacional en su primer día en el cargo, el 20 de enero. Esto es lo que está sucediendo en cada estado, y cómo han respondido los líderes.
Las demandas de Hawái y Michigan
A pesar de la amenaza, Hawái presentó el jueves su demanda contra siete grupos de empresas de combustibles fósiles afiliadas y el Instituto Americano del Petróleo. Alega daños a los recursos del fideicomiso público, negligencia y más, informa Associated Press.
El gobernador Josh Green dijo que se dirige a las empresas de combustibles fósiles que deben asumir la responsabilidad por su papel en los impactos del cambio climático en el estado, incluyendo el mortal incendio forestal de Lahaina en 2023.
“Esta demanda tiene por objeto responsabilizar a esas partes, trasladar los costes que conllevan la crisis climática y proteger a los ciudadanos de Hawái en el futuro“, dijo en un comunicado.
El litigio presentado el miércoles por el Departamento de Justicia de EE.UU. afirmaba que la demanda prevista constituiría un “alcance extraterritorial extraordinario” que socavaría ilegalmente la regulación federal de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los comentarios del Departamento de Justicia se aplicaban también a Michigan, que también está luchando contra las empresas petroleras y de gas por supuestos daños climáticos.
La fiscal general demócrata Dana Nessel anunció el año pasado su intención de demandar a la industria de los combustibles fósiles por su papel en el impacto negativo sobre el clima y el medio ambiente del estado.
En un comunicado compartido ayer, Nessel afirmó: “Sigo impertérrita en mi intención de presentar esta demanda que tanto temen el presidente y sus donantes de las grandes petroleras”.
Calificó la demanda de “sorprendente degradación” de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia y dijo que presentarla antes de que Michigan la hubiera demandado era “en el mejor de los casos frívolo y podría ser sancionable”.
La Casa Blanca y la industria petrolera “no tendrán éxito en ningún intento de impedir preventivamente nuestro acceso a presentar nuestras reclamaciones ante los tribunales”, añadió.
Nueva York y Vermont defienden las leyes del Superfondo por el clima
El Departamento de Justicia también ha demandado a Nueva York y Vermont, impugnando sus leyes del superfondo para el clima aprobadas el año pasado. Estas leyes de 45 años de antigüedad, diseñadas para afrontar daños asociados a los vertederos de residuos peligrosos, obligarían a las empresas de combustibles fósiles a pagar a fondos estatales en función de sus emisiones anteriores de gases de efecto invernadero.
El DOJ calificó las leyes de “esquema transparente de extracción monetaria”. Sostuvo que las leyes de los estados también pretenden regular las emisiones de gases de efecto invernadero -a escala nacional y mundial-, violando así la autoridad del Gobierno federal.
En respuesta, un portavoz de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que la dirigente demócrata “cree que las empresas contaminantes deben pagar por los daños causados a nuestro medio ambiente, no los neoyorquinos de a pie. No retrocederemos, ni ante las grandes petroleras ni ante las extralimitaciones federales”. La fiscal general de Vermont, Charity Clark, dijo que estaba deseando representar a Vermont en este caso.
Un paso agresivo en apoyo de la industria de los combustibles fósiles
Expertos jurídicos han expresado su sorpresa y preocupación por los movimientos del Gobierno de Estados Unidos esta semana. “Es muy inusual”, dijo a AP Michael Gerrard, fundador y director de la facultad del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, en relación con los casos de Hawái y Michigan.
“Lo que esperábamos es que intervinieran en las demandas pendientes, no que intentaran adelantarse o impedir que se presentara una demanda. Es un movimiento agresivo en apoyo de la industria de los combustibles fósiles“.
Ann Carlson, profesora de derecho medioambiental de la Universidad de California en Los Ángeles, señaló que el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, ha declarado que su agencia pretende anular la conclusión de la Ley de Aire Limpio de que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar públicos.
“Por un lado, Estados Unidos está diciendo que Michigan y otros estados no pueden regular los gases de efecto invernadero porque la Ley de Aire Limpio lo hace y, por tanto, impide a los estados regularlos”, dijo Carlson. “Por otro lado, Estados Unidos intenta decir que la Ley de Aire Limpio no debe utilizarse para regular”.
