Los magistrados de la Corte Suprema mostraron amplio escepticismo sobre la posibilidad de sacar de la boleta electoral al expresidente Donald Trump por su papel durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Los jueces del máximo tribunal escucharon los argumentos de las partes sobre la aplicación de la Enmienda 14 de la Constitución que está usando Colorado para impedir que Trump aparezca en las boletas de las primarias en ese estado y que el expresidente está demandando que sea dejada sin efecto.
La discusión de que es un tema federal y no estatal, el hecho de que la palabra “presidente” no aparece en la enmienda y el argumento de que se trata de potenciales funcionarios y no específicamente candidatos, marcaron los puntos sobre los cuales hicieron cuestionamientos casi todos los magistrados del máximo tribunal de justicia del país.
El juez Clarence Thomas, que ha rechazado llamados de los demócratas para que se abstenga de participar en casos relacionados con el 6 de enero por el rol de su esposa en la trama para deslegitimar el triunfo de Joe Biden, fue el primero en hacer una pregunta. Yendo directamente al fondo del asunto y apelando a la validez de la enmienda -nunca antes aplicada a un presidente- el magistrado preguntó a los abogados de las partes si la Sección 3 de la 14ª Enmienda es autoejecutable y, de no ser así, ¿quién la ejecuta, un estado o el Congreso?
El cuestionamiento es clave para una decisión final sobre si Trump está inhabilitado para ser de nuevo presidente, ya que lo que dio a entender Thomas con la pregunta es si los estados individualmente tienen la autoridad soberana para aplicar la enmienda o es realmente el Congreso el que debe decidir.
El abogado de Trump Jonathan Mitchell inició los argumentos sosteniendo que la Presidencia no está sujeta a la disposición de la Constitución que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos.
“El presidente Trump no está cubierto por la Sección 3 porque no es un funcionario de Estados Unidos”, al hacer referencia de que la palabra ‘presidente’ no está en la disposición. También argumentó que los estados no tienen el poder por sí solos de excluir a candidatos de la boleta electoral basándose en la Sección 3. A la pregunta del presidente del máximo tribunal, John G. Roberts Jr., sobre si un estado podría excluir a candidatos incluso si reconocieran abiertamente que eran insurrectos, Mitchell respondió que no podían.
Lo que argumentan Colorado y Maine
El caso para descalificar a Donald Trump de participar en las elecciones de Colorado y Maine se basa en la interpretación de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que prohíbe a cualquiera que jure apoyar la Constitución y luego participe en una insurrección o rebelión contra ella, volver a ocupar el cargo. Es la premisa sobre la cual estos dos estados basan su argumento y citaron declaraciones del entonces presidente que arengó en más de una ocasión a la turba y que además justificó los hechos violentos del 6 de enero de 2021.
El Congreso redactó la disposición en 1866 para impedir que los exconfederados regresaran al poder.
Lo histórico de la audiencia de este jueves es que ahora en 2024 -158 años después- debe determinarse si el espíritu de la 14ª Enmienda aplica a Trump, pese a que en su momento se redactó contra los exconfederados.
El máximo tribunal de justicia de EEUU puede decidir si la Sección 3 debe impedir que Trump vuelva a postularse para presidente. En ese contexto el juez conservador Samuel Alito intervino y preguntó sobre el posible impacto de permitir que los estados -y no un ente federal- decidan quién puede ser eliminado de la boleta electoral como insurrecto.
La Corte Suprema de Colorado aceptó el informe del Congreso sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos como prueba válida para determinar que Trump es un insurreccionista. Sin embargo, Alito puso en duda esa decisión judicial: “Otro tribunal estatal podría llegar a una conclusión opuesta”.
¿Decisión federal o estatal?
Alito también cuestionó si los estados individuales podrían determinar la elegibilidad de Donald Trump, señalando que diferentes estados podrían ver las mismas cuestiones de manera diferente, lo que genera la duda -nuevamente- de si la inhabilitación de un presidente debe ser una decisión federal o estatal. Y es justo lo que va a determinar la Corte Suprema tras esta audiencia y la relevancia y trascendencia histórica de la decisión que tome en los próximos días.
Para el abogado de Trump, los estados no pueden actuar por iniciativa propia para excluir a candidatos de la boleta en base a la 14ª Enmienda. Insiste en que el Congreso tendría que aprobar una legislación específica que autorice a los estados a hacerlo.
En todo caso, las juezas liberales Elena Kagan y Sonia Sotomayor presionaron al abogado de Trump sobre las implicaciones de su argumento de la soberanía estatal. Si un estado no puede mantener fuera de la boleta electoral a un insurrecto descalificado para ser presidente en virtud de la 14ª Enmienda, “¿Tendría también que permitir a un presidente que busca un tercer mandato inconstitucional, o a un candidato que no sea ciudadano estadounidense?”.
El juez Neil Gorsuch -nominado por Trump- preguntó al abogado del expresidente sobre la disputa en torno a quienes son “funcionarios” y que gira alrededor de la idea de si la “prohibición insurreccional” se aplica a los presidentes. La disposición no dice explícitamente que pueda usarse para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral, pero sí dice que descalifica a cualquier insurrecto que rompa el juramento para ocupar “cualquier cargo, civil o militar”. Constitucionalistas a favor de inhabilitar a Trump señalan que cuando ocurrió la turba en el Capitolio, el ahora expresidente estaba en funciones y violó su juramento de proteger la Constitución en pleno ejercicio del cargo y que ese hecho es más que suficiente para prohibirle ser presidente de Estados Unidos nuevamente.
El juez conservador Brett Kavanaugh -también nominado por Trump- abordó el conocido “caso Griffin”, una decisión de 1869 que determinó que la prohibición de la Sección 3 de la 14ª Enmienda no podía aplicarse sin alguna acción previa por parte del Congreso.
La opinión fue escrita por el entonces presidente de la Corte Suprema Salmon Chase antes de llegar a máximo tribunal. Por lo tanto, no fue una decisión de la Corte Suprema, pero es una de las cosas más cercanas que tiene la Corte Suprema a un precedente.
Al hacer la pregunta, Kavanaugh parece estar indicando un supuesto interés en ponerse del lado de Trump de una manera limitada: dictaminando que la prohibición de insurrección en cuestión no se puede hacer cumplir sin una ley promulgada por el Congreso. “¿No cree que el caso Griffin es importante para tratar de descubrir cuál es el significado original” de la prohibición de insurrección?, preguntó Kavanaugh.
Por otro lado, el abogado de Trump insistió este jueves que el asalto al Capitolio de Estados Unidos fue un “disturbio”, no una insurrección, pese a que ocurrió justamente el día en que en esa institución federal eran certificados los resultados que daban el triunfo inequívoco a Joe Biden.
En todo caso, para Mitchell no hubo una insurrección y que por lo tanto tampoco hay insurrectos.
Sin embargo, los récords del Departamento de Justicia señalan que más de 1,300 personas han sido acusadas hasta este momento de participar en una insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Además, los fiscales han obtenido declaraciones de culpabilidad o condenas para más de 930 de ellas, desde delitos menores por allanamiento de morada en los terrenos del Capitolio hasta cargos de agresión por ataques brutales a las fuerzas del orden.
Más de la mitad de los acusados que han sido sentenciados ya recibieron penas de cárcel, la más larga de las cuales es una sentencia de 22 años de prisión impuesta al excabecilla del grupo supremacista Proud Boys, Enrique Tarrio.
Los argumentos de Colorado para sacar a Trump de la boleta electoral
Jason Murray, el principal abogado que representa a los votantes de Colorado, insistió en su apertura de argumentos que el expresidente Donald Trump “se descalificó a sí mismo” y que “no hay ningún fundamento posible” para evadir su papel insurreccionista. Es la primera vez que Murray comparece ante la Corte Suprema. Destaca también que fue asistente legal de los magistrados Elena Kagan y Neil Gorsuch.
El juez Clarence Thomas rápidamente intervino para pedir ejemplos históricos de candidatos federales, a diferencia de candidatos estatales, que fueron descalificados como insurrectos después de que se aprobó la 14ª Enmienda. Murray dio un ejemplo, un congresista de Georgia, y dijo que “no es sorprendente que haya pocos ejemplos, porque no teníamos papeletas de la misma manera en aquel entonces”.
Las personas eran candidatos por escrito o sus votos fueron distribuidos por partidos políticos. Cuando los estados comenzaron a manejar las papeletas como lo hacen ahora, dijo, casi todos los exconfederados habían recibido amnistía del Congreso.
La jueza Elena Kagan preguntó: “¿Por qué un estado (en este caso, Colorado) debe tomar la decisión sobre quién aparecerá en la boleta electoral?” La jueza conservadora Amy Coney Barrett -también nominada por Trump- rápidamente hizo una pregunta similar a Murray.
Roberts sugirió que uno de los principales argumentos planteados por Colorado choca con la historia de la prohibición de insurreccionistas de la 14ª Enmienda: “El objetivo de la 14ª Enmienda era restringir el poder de los estados”, dijo Roberts. “Por otro lado, aumentó el poder federal”.
Estas afirmaciónes del juez más centrista de la Corte Suprema podrían interpretarse a favor de la postura del abogado de Trump que sugiere que el poder federal se interpone sobre el estatal.
Roberts sugirió que la idea de que la enmienda otorgaría a los estados el poder de destituir candidatos estaría “en guerra” con todo el impulso y la historia de la 14ª Enmienda.
Pero los oponentes afirmaron que la 14ª Enmienda permite a los estados excluir a los insurrectos de la boleta electoral, lo que significa, en términos simples, que el Congreso estaba otorgando poderes muy fuertes a los estados.
Pero el Congreso redactó y ratificó esa enmienda durante la Era de la Reconstrucción, cuando el poder federal intentaba regir sobre los estados del sur después de la sangrienta Guerra Civil con el fin de reafirmar los poderes federales.
Roberts parece simpatizar con los argumentos esgrimidos por los abogados de Trump
Roberts expresó escepticismo sobre un escenario en el que “decidiremos cuándo un presidente hizo algo y otro presidente hizo otra cosa”, y cuál de esos actos equivalía a una insurrección.
“Hay una razón por la que la Sección 3 ha estado inactiva durante 160 años, y es porque no hemos visto nada parecido al 6 de enero”, dijo Murray.
“Me parece que estás evitando la pregunta” sobre cuál es la definición de insurrecto, respondió Roberts actuando como ‘abogado del diablo’, una postura típica de los magistrados del máximo tribunal de EEUU en este tipo de audiencias, aunque ello no significa que están a favor o en contra de una de las dos posiciones encontradas.
Alito repitió el argumento formulado por Trump tanto en las cortes como en los actos de campaña: que si el expresidente es retirado de las elecciones o declarado culpable de un delito, ambos partidos comenzarán a intentar castigar de forma rutinaria a sus rivales políticos de la misma manera.
Murray le respondió a Alito: “Este tribunal puede redactar una opinión que enfatice cuán extraordinaria es la insurrección contra la Constitución y cuán rara es, porque requiere un ataque no sólo a la aplicación de la ley, sino a las funciones constitucionalmente, como vimos el 6 de enero” para referirse a la conducta de Trump ese día.
Gorsuch hizo una pregunta clave a los defensores de la decisión de la Corte Suprema de Colorado: si la “prohibición insurreccional” se aplica a candidatos o -por el contrario- a potenciales funcionarios a ocupar un cargo.
La Sección 3 de la 14ª Enmienda dice que ninguna persona “será” un funcionario “ni ocupará ningún cargo” si es un insurrecto que rompe el juramento.
Los oponentes, y el principal funcionario electoral de Colorado, dicen que esto significa que la prohibición se aplica a los candidatos porque los estados tienen interés en asegurarse de que sólo los candidatos calificados aparezcan en sus boletas.
Si la Corte Suprema concluyera que la prohibición se aplica a potenciales funcionarios, y no a candidatos, entonces eso abriría la puerta a un escenario impensable y peligroso en el que Trump gane hipotéticamente en noviembre, pero luego se presenten demandas para impedir que preste juramento el próximo año.
Un grupo de prominentes exfuncionarios conservadores, incluido un destacado abogado electoral del Partido Republicano, advirtió a los jueces sobre ese escenario apocalíptico en un escrito presentado al máximo tribunal en apoyo a la decisión de la Corte Suprema de Colorado.
Es por ello que al argumentar que la Corte Suprema puede y debe permitir que los estados decidan ahora si Donald Trump es elegible para el cargo, el abogado de Colorado Jason Murray dijo que, en su opinión, dejar la cuestión sin resolver sería “una privación de derechos y una crisis constitucional en ciernes”.
Murray hizo referencia justamente al escrito presentado al tribunal por el grupo bipartidista de expertos en derecho electoral que decía que, independientemente de lo que decida, la Corte Suprema de Estados Unidos debería tomar su propia determinación sobre la elegibilidad de Trump en lugar de pronunciarse de manera más restrictiva sobre la decisión de Colorado.
Papel histórico de la Corte Suprema: ¿hacia dónde podría fallar?
Según se desprende de las preguntas de los magistrados y la manera en que abordaron a los abogados de ambas partes, la Corte Suprema pareciera preparada a respaldar al expresidente Donald Trump y rechazar el desafío a su elegibilidad para aparecer en la boleta electoral de Colorado como candidato presidencial en 2024.
La clave está en la posición que dio a entrever el presidente del máximo tribunal: Si Trump sale de la boleta en Colorado, Roberts predijo que otros estados eventualmente intentarían sacar a otros candidatos de la boleta. Señaló que eso “sería inconsistente con el propósito y la historia de la 14ª Enmienda”.
Incluso la jueza liberal nominada por Biden planteó preguntas difíciles a los abogados que defienden sacar a Trump de las papeletas en Colorado. Ketanji Brown Jackson señaló que la disposición de la 14ª Enmienda no incluye la palabra “presidente”, aunque enumeraba específicamente a otros funcionarios que estarían cubiertos, como los miembros del Congreso.
“Estaban enumerando a las personas que estaban prohibidas y ‘presidente’ no está allí”, dijo Jackson. “Supongo que eso me hace preocuparme de que tal vez no se hayan centrado en el presidente”.
Es la primera vez en más de 20 años que el alto tribunal se inmiscuye en asuntos que pueden tocar la definición de unas elecciones presidenciales. La última vez fue cuando ordenó el cese del reconteo de votos en Florida, que resultó en la victoria del republicano George W. Bush.
Establece precisamente el tipo de caso que al tribunal le gusta evitar, uno en el que es el árbitro final de una disputa política.
La Corte Suprema de Colorado dictaminó que Trump incitó los disturbios en la capital del país y no es elegible para ser presidente nuevamente. Como resultado, no debería estar en la boleta electoral para las primarias estatales del 5 de marzo. Fue la primera vez que se aplicó la Sección 3 de la 14ª Enmienda a un candidato presidencial.
Los abogados de Trump argumentaron que la 14ª Enmienda no puede usarse para mantener a Trump fuera de las elecciones por varias razones.
Por un lado, sostienen que el motín del 6 de enero no fue una insurrección y, aunque lo fuera, Trump no participó. La redacción de la enmienda también excluye a la presidencia y a los candidatos que se presentan a la presidencia, afirman. Incluso si están equivocados en todo eso, argumentan que el Congreso debe aprobar legislación para revitalizar la Sección 3.
Los abogados de los votantes republicanos e independientes que demandaron para eliminar el nombre de Trump afirman que existe amplia evidencia de que los acontecimientos del 6 de enero constituyeron una insurrección y que Trump la incitó. Dicen que sería absurdo aplicar la Sección 3 a todo menos a la Presidencia o que Trump esté de alguna manera exento. Y la disposición no necesita legislación habilitante, argumentan.
Un fallo definitivo a favor de Trump pondría fin en gran medida a los esfuerzos en Colorado, Maine y otros estados para evitar que su nombre aparezca en la boleta.
Una decisión que confirme el fallo en Colorado equivaldría a una declaración de la Corte Suprema de que Trump participó en una insurrección y que la 14ª Enmienda le prohíbe volver a ocupar el cargo. Eso permitiría a los estados mantenerlo fuera de las urnas y poner en peligro su campaña.
Los magistrados podrían optar por un resultado menos concluyente, pero sabiendo que el tema podría volver a ellos, tal vez después de las elecciones generales de noviembre y en medio de una crisis constitucional inédita.
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