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¿El ICE necesita una orden judicial durante una redada? Y otras preguntas sobre las órdenes de deportación de Trump

Autor: Toluwani Osibamowo

Lee esta historia en inglés.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE son sus siglas en inglés) lanzaron redadas y acciones de cumplimiento de la ley en las principales ciudades de todo Texas y en todo Estados Unidos este fin de semana. Y es probable que haya más por venir.

Estos son algunos aspectos que debe saber sobre cómo funciona la aplicación de las deportaciones por parte del ICE, qué es legal y qué no lo es.

¿Por qué se están realizando estas operaciones del ICE ahora?

Las deportaciones no son nada nuevo: el ICE participó en iniciativas de deportación durante el mandato del expresidente Joe Biden, y la agencia siempre puede hacerlo. Sin embargo, lo que ha sucedido desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo es un cambio en la forma en que el gobierno federal prioriza qué poblaciones sin estatus legal deben ser arrestadas.

Los funcionarios federales emiten una guía sobre la práctica de discreción procesal, que es el poder que tienen los fiscales federales para decidir si un caso contra un no ciudadano es realmente una prioridad y debe ser procesado.

La transición de una administración Demócrata a una Republicana a menudo conduce a un cambio de criterio que pone límites al uso de la discreción de los fiscales. Belinda Arroyo, una abogada de inmigración de Dallas que representa principalmente a familias e individuos que enfrentan la deportación, dijo que el regreso de la administración Trump ha alentado a los fiscales federales a perseguir casos penales y de inmigración de manera más agresiva, lo que significa que ahora más personas son susceptibles a la aplicación de la ley migratoria y es menos probable que sus casos sean desestimados.

Es probable que esto se deba a que la administración Trump quiere ver que el número de agentes de control aumente, señaló.

“Como abogados de inmigración, sabemos que eso significa que se buscará a alguien que esté a la mano,” explicó Arroyo. “En general, se trata de personas que ya han pasado por el sistema, aunque tal vez no sean una prioridad en términos de conducta delictiva, pero se puede plantear una cifra en base a un decir, ‘hey, hemos localizado a alguien.'”

Tom Homan, a quien Trump ha descrito como su zar fronterizo, le expuso a NBC News que los arrestos del ICE también han incluido individuos colaterales, es decir, personas que son detenidas por las autoridades de inmigración incluso si no eran el objetivo inicial. NBC informó que el ICE arrestó a 223 personas más de las que la agencia afirmó en X, y casi la mitad no tenían antecedentes penales.

¿Quién corre mayor riesgo de ser puesto bajo la custodia del ICE?

Los residentes permanentes legales, o titulares de tarjetas verdes, no corren riesgo de ser deportados, aclaró Arroyo. Se trata de no ciudadanos que han sido autorizados para vivir permanentemente en Estados Unidos.

Pero algunas personas a las que se les permitió vivir en Estados Unidos temporalmente debido a los conflictos en curso en su país de origen —también conocido como estatus de protección temporal o TPS— ahora pueden estar sujetas a deportación, específicamente los venezolanos. La nueva secretaria del DHS, Kristi Noem anunció el martes que ella estaría revocando la extensión de 18 meses del TPS que la administración Biden extendió para los nativos venezolanos, que fue otorgada debido a “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro.”

Independientemente de cómo una persona ingresó al país, puede decirle a un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que desea solicitar algún tipo de protección contra la deportación, como el asilo, que se puede conceder a quienes huyen de su país de origen por miedo a ser perseguidos o perjudicados. Luego, la persona recibe una notificación para comparecer y puede presentar su solicitud de permanecer en el país ante un juez de inmigración.

Las personas que tienen un estatus legal, pero ciertas condenas penales, aquellas con casos pendientes y personas con órdenes finales de deportación probablemente serán objeto de deportación. Las personas sin estatus legal que no interactuaron con funcionarios de inmigración en la frontera también corren riesgo.

Personas salen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el martes 28 de enero de 2025, en Dallas.

Yfat Yossifor

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KERA

Personas salen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el martes 28 de enero de 2025, en Dallas.

Incluso si alguien está en proceso de obtener asilo o está bajo libertad condicional, puede ser susceptible de ser arrestado y posiblemente deportado bajo las nuevas órdenes de inmigración de la Casa Blanca, vigente desde la semana pasada. Los funcionarios de inmigración pueden deportar a alguien antes de que sea recibido por un juez de inmigración si ha estado en los EE.UU. por menos de dos años en lo que se conoce como eliminación acelerada. Anteriormente, el proceso estaba limitado a personas que se encontraban a menos de 100 millas de la frontera y dentro de los 14 días de su llegada a los EE.UU.

También finaliza la libertad condicional humanitaria para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Estas políticas que cambian rápidamente están aumentando la confusión sobre quién tiene estatus legal, advirtió Natalie Nanasi, profesora de derecho en la Universidad Metodista del Sur, cuyos estudios y clínica jurídica se centran en la intersección del género y la ley de inmigración.

“Un día estás aquí legalmente y al día siguiente, de un plumazo, ya no,” detalló. “No sé si eso es realmente lo que la gente imaginaba cuando quería ver a este país endurecerse con los inmigrantes, gente que, una vez más, llegó de la manera correcta.”

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito declaró que el programa DACA era ilegal en Texas en un fallo del viernes, los beneficiarios del DACA todavía pueden renovar su estatus y sus permisos de trabajo son válidos.

¿Un arresto por parte de ICE significa que alguien está siendo acusado de un delito?

Entrar ilegalmente a los EE.UU. y permanecer en el país después de eso, o cuando su visa haya expirado, son delitos federales. Pero simplemente estar en los EE.UU. sin autorización legal no es un delito.

“Normalmente, lo que se ve es una especie de aplicación de la ley civil,” abundó Javier Hidalgo, uno de los directores legales del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES son sus siglas en inglés). “En términos sencillos, básicamente, no tienes autorización para estar aquí.”

Aunque ese es el caso, y aunque la Administración Trump dice que sólo busca a los criminales, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó en claro esta semana que la administración ve a todas las personas en el país sin estatus legal como “criminales”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Dallas.

Yfat Yossifor

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Dallas.

El ICE puede arrestar a cualquier persona por estar en el país violando la ley de inmigración, incluso si esa persona no tiene antecedentes penales. Y en esos casos de cumplimiento civil, no existe el derecho constitucional de asignarle un abogado de oficio al detenido, como sí lo hay en los casos penales.

Los no ciudadanos todavía tienen derecho al debido proceso y a la protección contra la autoincriminación bajo la Quinta Enmienda.

“La salvedad es que estamos en una época en la que, quién sabe qué se decidirá en última instancia,” resumió Hidalgo. “Pero el consenso general es absolutamente afirmativo, muchos de esos mismos derechos se aplican.”

¿El ICE necesita una orden judicial para arrestar a alguien?

Una orden de arresto del ICE, también conocida como orden administrativa, permite a un agente arrestar a la persona para la cual se emitió la orden, pero no permite a un agente exigir el ingreso a la casa de alguien o a un espacio privado. Sólo una orden judicial, que ha sido revisada y firmada por un juez, otorga ese poder a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Si bien es posible que un oficial del ICE intente obtener una orden judicial antes de intentar ingresar a un espacio, es poco probable, señaló Arroyo.

“Si alguien se presenta en tu casa, tienes derecho a preguntar: ‘¿Dónde está tu orden judicial para entrar en mi casa? Y no tu orden administrativa, sino tu orden judicial,’” afirmó. “Conforme a la Cuarta Enmienda, tenemos esa protección.”

¿Dónde se le permite al ICE arrestar personas?

Un memorando de 2021 emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, bajo la administración de Biden, desaconsejó a los funcionarios de inmigración realizar cualquier acción de cumplimiento en escuelas, centros de atención médica, lugares de culto religioso, sitios donde se reúnen niños, establecimientos de servicios sociales, puntos que brindan ayuda en casos de desastre o emergencia, ceremonias religiosas o civiles y desfiles, manifestaciones o concentraciones en curso.

La idea era evitar disuadir a las personas de enviar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica cuando la necesitan, añadió Nanasi.

Pero esa recomendación fue revocada el 20 de enero. El memorando más reciente, emitido por el secretario interino del DHS, Benjamine Huffman, alienta a las fuerzas del orden a seguir utilizando esa discreción junto con una “dosis saludable de sentido común,” recalcando que no es necesario que el DHS cree reglas claras sobre dónde se pueden aplicar las leyes migratorias.

“He escuchado de personas que están planeando eventos en iglesias y que tienen miedo de lo que les va a pasar, es decir, los organizadores, las personas que dirigen nuestros lugares de culto religioso, los médicos, los administradores de nuestros hospitales, los maestros, los directores de nuestras escuelas,” indicó Nanasi, “sin mencionar, obviamente, a tantas personas en nuestras comunidades que pueden tener un estatus migratorio irregular, que pueden tener miedo de, nuevamente, hacer las cosas que otras personas dan por sentado.”

Pero la ley —es decir, la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables— sigue vigente, y se aplica a cualquier persona en territorio estadounidense, no sólo a ciudadanos estadounidenses. Eso significa que un agente del ICE, sin una orden judicial, no puede ingresar a la casa, la escuela, la iglesia o cualquier otra área previamente reconocida como sensible de una persona.

La administración Biden también impidió en general las acciones de control migratorio en los juzgados a menos que implicaran una amenaza a la seguridad nacional, un riesgo inminente de muerte, violencia o lesiones o el riesgo de que se destruyera evidencia criminal.

La administración Trump rescindió ese memorando. Una nueva guía alienta a los funcionarios y agentes del ICE a aplicar, en general, las acciones de inmigración en áreas no públicas de un tribunal, pero aconseja evitar los tribunales y las áreas de los tribunales donde se llevan a cabo procedimientos no penales, como los tribunales de familia y de reclamos menores.

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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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